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Uribe pide no retirar artículo sobre fuero de reforma de la Justicia

Uribe pide no retirar artículo sobre fuero de reforma de la Justicia

Así lo dio a conocer en un comunicado que publicó a través de su cuenta en Twitter.

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Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
20 de marzo 2012 , 08:07 a. m.

El exmandatario admitió que durante su gobierno, "de buena fe" se pudo "debilitar el fuero militar"  y propuso recuperar escenarios más garantistas para que la Fuerza Pùblica pueda combatir de manera eficaz a los ilegales.

Uribe pidió que se proceda a establecer con precisión en la norma constitucional el derecho de los militares a ser juzgados por la justicia penal militar por sus acciones cometidas en combate, inclusive si se trata de organizaciones criminales no reconocidas dentro del conflicto armado.

También pidió que se consigne en la Carta Fundamental que sea una "comisión mixta" la que resuelva los "conflictos de competencia" a la hora de dirimir la competencia de las jurisdicciones ordinaria y penal militar.

Para determinar el alcance del fuero militar y la competencia de estas jurisdicciones a la hora de conocer acciones de miembros de la Fuerza Pública en combate, hay dos proyectos en curso. El primero, en la reforma de la Justicia que está próxima a iniciar su segunda vuelta. Y el segundo, una propuesta integral presentada por el gobierno la semana pasada al Congreso.

Se trata de un debate de profundo sentido político que copará la atención del Congreso y del país en los próximos meses.

REDACCIÓN POLÍTICA

El siguiente es el texto de la declaración del expresidente Uribe, esta mañana:

Declaración de Uribe

"Causa gran tranquilidad a los integrantes de las fuerzas militares, y a muchos ciudadanos, la firme decisión de los Senadores Juan Lozano R, Efraín Cepeda y Juan Carlos Vélez, entre varios, para defender el artículo Constitucional en trámite sobre el Fuero Militar. Ojalá sus bancadas y otros legisladores los secunden totalmente.

Decisiones de buena fe de nuestro Gobierno pudieron debilitar el Fuero Militar.

En efecto, cuando empezó la eficacia del Ejército, ante la acusación de que no daban de baja a terroristas sino que asesinaban a campesinos, los comandantes y el Ministro tomaron la decisión de que en un combate las bajas no deberían moverse sino a la llegada de alguien de la Fiscalía o del CTI. Se llegó al extremo de ver, en casi todo evento de la naturaleza, un delito militar que debía investigar la justicia ordinaria. Poco antes de la reelección presidencial de 2006, integrantes del Ejército habrían asesinado a policías que se dirigían a combatir narcotráfico que al parecer protegían los militares. Se pidió que el grave caso lo investigara la fiscalía. También se interpretó como un debilitamiento del fuero.

La verdad es que los militares sienten una inhibición, no por miedo a los criminales sino por temor a injusticias de la justicia ordinaria.

Para responder a lo anterior, el Congreso ha aprobado en primer debate una Reforma Constitucional que presume que los delitos de los militares deben ser conocidos por la Justicia Penal Militar. Esta presunción es desvirtuable cuando el hecho corresponda a uno de aquellos tipos penales que universalmente se acepta que deben ser investigados por la Justicia Ordinaria.

La garantía eficaz para los militares, de acuerdo con este Proyecto del Congreso, es que el conocimiento inicial del hecho lo tiene la Justicia Penal Militar.

En el Proyecto anunciado por el Gobierno se encuentran normas que podrían ser complementarias del anterior, o materia de ley que lo desarrolle, pero en este caso se prefiere el Gobierno ubicarlas en el nivel Constitucional.

El Proyecto del Gobierno propone un Tribunal de Garantías, no militar, que hará las veces de juez de garantías en todos los procesos penales contra militares, sea que se adelanten por la Justicia Penal Militar o por la Ordinaria. POR LO MENOS DEBERÍA SER MIXTO, MILITARES Y CIVILES, PARA EVITAR EL RIESGO DE ANULAR EN LA ETAPA DE GARANTÍAS LA ACTUACIÓN DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR, BIEN SEA POR SESGOS EN SU CONTRA O POR DESCONOCIMIENTO DE LA NATURALEZA DE LOS OPERATIVOS CONTRA LA DELINCUENCIA.

El Proyecto del Gobierno trae una lista de delitos que se excluirían de la Justicia Penal Militar. En algunos no hay discusión, pero otros, DADA LA EXPERIENCIA COLOMBIANA, NO DEBERÍAN EXCLUIRSE DE ESTA JURISDICCIÓN.

De acuerdo con el Gobierno "las infracciones al derecho internacional humanitario cometidas por miembros de la Fuerza Pública serán conocidas exclusivamente por las cortes marciales o tribunales militares". Y agrega, que las conductas relacionadas con un conflicto armado se juzgarán de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, por ende, se interpreta, que serán de conocimiento de la Justicia Penal Militar. Me he opuesto al reconocimiento del conflicto en la ley, me preocupa más al verlo en el texto Constitucional, sin embargo, a manera de atenuante, se habla de conflicto armado pero no se precisa que sea interno. Sería deseable ABRIR UN ESPACIO EN LA NORMA CONSTITUCIONAL QUE SE QUIERE APROBAR, PARA QUE LAS CONDUCTAS DE LOS MILITARES, EN EL COMBATE A ORGANIZACIONES CRIMINALES NO INCLUIDAS EN EL CONFLICTO, CON NIVELES DE PELIGROSIDAD Y AMENAZA EQUIPARABLE A AQUELLOS QUE SI SE LES RECONOCE COMO PARTE, EN CASOS ANÁLOGOS, SE LES PUEDA APLICAR EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y SE LES JUZGUE POR LA JUSTICIA PENAL MILITAR. Nada se opone a que la Constitución cree un caso específico y adicional de aplicación del Derecho Internacional Humanitario cuando la amenaza criminal así lo aconseje.

Propone el Gobierno una Comisión, está sí mixta, para resolver los conflictos de competencia. Es lógico que tiene que existir con competencia para dirimir este tipo de conflictos, sin embargo, como garantía para los militares, debe ser a partir de que el conocimiento inicial de la conducta corresponda a la Justicia Penal Militar, como se infiere del Proyecto del Congreso que hace tránsito al segundo período legislativo.

En consecuencia con lo anterior, los dos proyectos podrían ser complementarios, siempre que a la iniciativa gubernamental le sean introducidos ajustes.

Es conveniente el Fuero Policivo incluido en la iniciativa gubernamental y la adición de las "materias atinentes al juzgamiento de los miembros de la Fuerza Pública en cualquier jurisdicción" como objeto de desarrollo de leyes estatutarias.

En conclusión, con ajustes al proyecto gubernamental, las dos iniciativas podrían ser complementarias y su efecto práctico sería que el conocimiento inicial de la conducta lo tendría la Justicia Penal Militar, esto de acuerdo con la iniciativa del Congreso, un Tribunal Mixto de Garantías haría las veces de juez de garantías y una Comisión, también Mixta, resolvería los conflictos de competencia.

Ojalá no retiren el proyecto del Congreso y ajusten él del Gobierno.

Álvaro Uribe Vélez

Marzo de 2012

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