Fiscal (e) investigaría a no aforados por 'carrusel' de pensiones

Fiscal (e) investigaría a no aforados por 'carrusel' de pensiones

Martha Lucía Zamora aseguró que está evaluando esa posibilidad.

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07 de marzo 2012 , 09:30 p.m.

El miércoles, la contralora Sandra Morelli aseguró que envió el caso de 'carrusel' de pensiones en el Consejo Superior de la Judicatura a la Fiscalía, en donde se deberán adelantar las investigaciones penales en contra de los responsables (lea también: Fiscal (e.) critica intromisión en la vida privada de Viviane Morales).

En declaraciones a La W Radio, Morelli aseguró que "está preocupada" por el "bloqueo del ejercicio de los órganos constitucionales", que está generando en las investigaciones como la de los magistrados de la Judicatura.

"Tenemos la sistemática vinculación de miembros de las altas cortes a este carrusel. Yo deseo que realmente sean conductas equiparables y sospechosas de constituir daño fiscal", dijo Morelli. 
Ante las declaraciones del magistrado Henry Villarraga, quien aseguró que iba interponer una tutela contra Morelli, porque no entiende con qué parámetros jurídicos sigue la investigación en la Judicatura, la Contralora respondió: "Le dijo al señor Villarraga que ojalá le permita a los jueces de la República establecer libremente si yo le vulneré los derechos fundamentales y que cuando llegue a la Corte Constitucional que no tengamos a los magistrados impedidos porque la Comisión de Acusaciones lo han vinculado en ese caso".

Ordenan embargos a magistrados de la Judicatura
Mientras la Comisión de Acusación insiste en quitarle a la Contraloría las investigaciones fiscales contra varios magistrados y ex magistrados de la Judicatura por el escándalo del 'carrusel de pensiones', el despacho de la contralora Sandra Morelli acaba de dar otro paso clave en ese proceso.

Ayer ordenó el embargo de sueldos y activos de al menos 20 magistrados titulares y auxiliares, contra los que inició formalmente proceso fiscal. A los primeros, bajo el cargo de nombrar en vacancias temporales a personas que, gracias al 'palomazo', multiplicaron sus pensiones gracias a una norma que favorece a los empleados de la Rama Judicial. Y a los segundos, por recibir esas mesadas millonarias sin haber hecho los aportes necesarios para obtener el derecho.

Gracias a los nombramientos temporales, algunas de esas personas pasaron de recibir 4 millones de pesos de pensión, en promedio, a casi 13 millones. El impacto sobre el fisco, según los cálculos iniciales de la Contralóría, supera los 13 mil millones de pesos. 

Los afectados son los magistrados de la Sala Disciplinaria de la Judicatura Henry Villarraga; José Ovidio Claros, María Mercedes López y Julia Emma Garzón. También aparecen los ex magistrado Temístocles Ortega, actual gobernador del Cauca; Martha Patricia Zea, José Antonio Castillo, Carlos Arturo Ramírez y Luz Helena Rodríguez también forman parte de la lista, entre otros.

En un comunicado público, la magistrada López señaló que respeta y acata las determinaciones de la Contraloría y que está segura de poder demostrar que nada tiene que ver con los nombramientos del 'carrusel' de las pensiones.  La Contraloría depuró una lista inicial en la que aparecían varios nombramientos que, comprobó, no correspondían a personas que hubieran llegado a la edad de retiro. En la actual etapa del proceso aparecen los nombramientos que aparentemente sí impactaron pensionalmente al Estado.

Los dos magistrados con más nombramientos cuestionados son Julia Emma Garzón y Henry Villarraga.  Garzón deberá explicar qué pasó con los nombramientos de Cenaida Mejía Báez, Zilath Corrales Pérez y Constanza Margarita Navia de Ayala.  Esta última, según aparece en el expediente, estuvo como magistrada auxiliar del despacho de Garzón entre el 3 de febrero y el 8 de marzo del 2010, y gracias a eso reajustó su pensión mensual de 4 millones 498 mil pesos a 12 millones. Mejía Báez pasó de una pensión de poco más de 3 millones a una de 12 millones, por dos periodos en la Judicatura que no superaron, sumados, los 4 meses. Zilath Corrales estuvo entre mayo y julio del 2008 y pasó de 2,8 millones a más de 11 millones.  Villarraga, ex presidente de la Sala Disciplinaria. El tuvo en su despacho a Jaime Roberto Arteaga Caiza, Álvaro Rojas Mayorquín y Jesús Herrera Cortez, quienes también se beneficiaron de la generosa gabela pensional. En promedio, los nombramientos duraron tres meses y en esos casos también las mesadas se cuadriplicaron. Dos de ellos recibieron pagos retroactivos por más de 400 millones de pesos. 
En su momento, Villarraga insistió en que la Contraloría no tiene facultades para investigarlo y pidió que el caso fuera enviado a la Comisión de Acusación.  La Contraloría investiga un supuesto tráfico con condecoraciones concedidas en la Rama Judicial, pues los ganadores en varias oportunidades eran enviados al exterior --incluso contra su voluntad-- y las vacantes temporales eran supuestamente aprovechadas para ubicar a los interesados en entrar en el 'carrusel' pensional.  

REDACCIÓN JUSTICIA

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