Consulta previa a comunidades étnicas enreda proyectos de desarrollo

Consulta previa a comunidades étnicas enreda proyectos de desarrollo

Analistas urgen reglas claras para ese mandato constitucional, que da voz a las minorías étnicas.

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25 de febrero 2012 , 10:42 p. m.

La consulta previa, un mecanismo introducido por la Constitución de 1991, que obliga a preguntarles a las comunidades indígenas y afrodescendientes sobre los proyectos que los afectan, se ha convertido en una trama política y jurídica tan compleja que esta semana puso a pelear a dos ministros.

El de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, se quejó porque su proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural solo podrá llegar al Congreso el 20 de julio, ya que apenas este lunes comenzará la consulta con los afros.

El del Interior, Germán Vargas, encargado de realizar la consulta, le recordó a Restrepo que la norma apenas llegó a su despacho el 3 de febrero para iniciar el proceso. El problema es que es un trámite largo y costoso, que incluso puede frenar los proyectos, ya que las comunidades afectadas tienen poder de veto.

La cuestión de fondo es que el país ha convivido con la figura de la consulta previa desde hace dos décadas, cuando fue incluida en la Constitución como un derecho fundamental, pero aún no existe una normativa que la regule ni la delimite en el tiempo.

Este es un proceso obligatorio que se debe surtir antes de ejecutar una obra, desarrollar una investigación científica o presentar al Congreso una iniciativa. Consiste en negociar con las comunidades los alcances de los proyectos, si tienen alguna injerencia sobre sus territorios. Si éstas no dan el visto bueno, nada se puede hacer.

En las consultas deben estar presentes los delegados de las comunidades étnicas (20 de los afros y 13 de los indígenas), los representantes del Ejecutivo, la Defensoría y la Procuraduría.

Este proceso para una sola ley puede costar 3.000 millones de pesos, incluyendo desplazamientos, alojamientos, alimentación y logística para desarrollar la concertación.

'No debe ser un obstáculo'

El retraso que, por cuenta de este mandato, sufrirá la Ley de Tierras y Desarrollo Rural, afectará también las reformas a las CAR y al Código Minero.

Gabriel Muyuy, director del programa presidencial de Asuntos Indígenas, afirmó que "la consulta no está para ir en contra del desarrollo, por lo que urge reglarla".

En el Gobierno reconocen las dificultades. Luis Felipe Henao, viceministro de Participación, aseguró que "una consulta no puede salir en un tiempo corto, porque tiene que ser un proceso meditado en el que las partes tengan la oportunidad de expresarse y conocer el proyecto a fondo".

Hay sentencias de la Corte Constitucional que han delineado algunos parámetros de estos procesos, pero que no son suficientes. Incluso, en voz baja se escucha en el Ejecutivo que las comunidades étnica actúan en la práctica como cogobernadoras y colegisladoras, porque casi todas las iniciativas se deben poner a su consideración.

Para el director del Instituto de Pensamiento Étnico, Social y Político (Ipesp), Miguel Galvis, la consulta previa "es un tema estructural que todavía el Gobierno no ha afrontado con la importancia que amerita, por lo que podemos llegar sufrir una parálisis legislativa sin precedentes".

Algunos casos emblemáticos

1. Desarrollo Rural

La Ley de Tierras y Desarrollo Rural solo se comienza a concertar mañana con los afros. El proyecto debía ir al Congreso en el período legislativo de marzo, y no será posible.

2. Buga - Buenaventura

La construcción de la doble calzada Buga - Buenaventura lleva tres años de retraso. Una razón es la falta de consulta con algunos afros ubicados en sectores por donde está proyectada la vía.

3. Proyecto científico

La Universidad Nacional tiene frenada una investigación sobre palma. Para iniciarla debe consultar por lo menos a 400 comunidades étnicas, proceso que cuesta cerca de 250 millones de pesos.Academia, afectada

Academia, afectada

Gonzalo Andrade, asesor de la vicerrectoría de investigación de la U. Nacional, explicó que tramitar una investigación en territorio de comunidades étnicas tiene múltiples trámites que pueden durar varios años y generar unos gastos que en promedio pueden superar los $ 15 millones por consulta.

DANIEL VALERO
Redacción Política

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