Secciones
Síguenos en:
En 40 años, la Comisión de Acusación sólo ha castigado a una persona

En 40 años, la Comisión de Acusación sólo ha castigado a una persona

El único castigado por esta célula del Congreso ha sido el general Gustavo Rojas Pinilla.

notitle
Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
11 de febrero 2012 , 07:34 p. m.

De todos los procesos que ha abierto la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, responsable de procesar al Presidente de la República, al Fiscal General y a los magistrados de las altas cortes, solo uno ha terminado en condena: el del general Gustavo Rojas Pinilla.

El descrédito que ha venido acumulando desde 1970, cuando fue instituida (aunque la función del Congreso de investigar y juzgar a altos dignatarios tuvo origen en la Constitución de 1886), es tan grande que muchos la llaman 'comisión de absoluciones'.

Esta percepción fue recogida por el Tribunal Superior de Bogotá, que en su ratificación de la condena al coronel (r.) Alfonso Plazas Vega por los hechos del Palacio de Justicia pidió la intervención de la Corte Penal Internacional para evitar una posible "impunidad" del expresidente Belisario Betancur, absuelto tres veces por la Comisión.

Aunque el Gobierno respondió que la solicitud "deslegitima el sistema de administración de justicia", la estadística evidencia la falta de efectividad de este organismo.

Desde 1972 (no hay contabilidad de procesos anteriores), la Comisión de Investigación y Acusación ha abierto 3.058 procesos, de los cuales archivó 1.765 y tiene vigentes 1.293.

En los últimos 40 años, solo un caso pasó del Senado a la Corte Suprema y solo dos más lograron llegar hasta a la plenaria de la Cámara.

El primero fue el del general Gustavo Rojas Pinilla (presidente entre 1953 y 1957), a quien el Congreso declaró indigno por abuso de autoridad y concusión en 1959, pero 7 años después fue absuelto de los cargos y se le restituyeron sus derechos civiles y políticos. Los otros dos hacen referencia al proceso 8.000 contra el expresidente Ernesto Samper, a quien absolvió la Cámara en pleno, y el exministro Humberto Salcedo, quien en esa misma instancia se libró de la acusación por irregularidades como servidor público.

El exsenador Darío Martínez, uno de los creadores del reglamento del Congreso con el que funciona la Comisión, asegura que el fondo del problema es que un órgano político tenga facultades judiciales. "La función judicial en el Congreso es inapropiada, porque no es parte de esa rama ni la formación del congresista es para administrar justicia".

Para él, la solución está en que "la investigación y el juzgamiento de los altos funcionarios del Estado sea responsabilidad de un nuevo órgano -carente de origen político- integrado por miembros de elevadas calidades jurídicas, intelectuales y morales, que garanticen total independencia y transparencia".

La Comisión la conforman 15 representantes, elegidos de acuerdo con el número de curules que alcancen sus partidos en el Congreso y no se exige ningún requisito especial para estar en ella. "Ni siquiera hay que ser abogado", comenta Horacio Serpa, que la integró por 8 años.

4 meses paralizados al año

Sus funciones están definidas en la Ley 5a. de 1992, lo cual, de entrada, entorpece su funcionamiento. Al regirse por el reglamento del Congreso, solo puede reunirse cuando esté en sesiones ordinarias: desde el 20 de julio hasta el 16 de diciembre y desde el 16 de marzo hasta el 20 de junio. De modo que está en receso 4 de los 12 meses del año.

Y a esto se suma, dice Gonzalo Pinzón, secretario general de la Comisión, que las personas bajo esta jurisdicción "tienen más instancias (6) que los demás ciudadanos".

El exsenador Héctor Elí Rojas cree que existe una gran confusión sobre el alcance de la Comisión. "La gente cree que el Congreso investiga y juzga delitos a la manera que lo hacen los jueces y los fiscales", pero eso "no es así". El Legislativo solo puede imponer una sanción política (declarar indigno a un funcionario), mas no procesar a nadie.

En todo caso, la Comisión de Investigación y Acusación es claramente inoperante y en la reforma de la justicia no se toca a fondo su funcionamiento, por lo que, según sus mismos integrantes, seguirá desprestigiada ante el país.

Seis pasos

1. La denuncia, se entrega a un representante investigador.
2. Este lleva el proceso al pleno de la Comisión.
3. El caso pasa a la plenaria de la Cámara.
4. Luego va a una comisión instructora del Senado.
5. De ahí pasa al pleno del Senado.
6. El Senado le pide a la Corte Suprema que investigue.

Un caso curioso

Samay Eliu Campuzano denuncia desde 1999 a varios funcionarios, asegurando que él es un "fiscal detective del Estado nombrado por Dios".

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.