Hay más de 200 investigaciones a varios sectores por abusos laborales

Hay más de 200 investigaciones a varios sectores por abusos laborales

Cooperativas se defienden, pero trabajadores planean nuevo paro en su contra.

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02 de febrero 2012 , 09:36 p.m.

El Ministerio de Trabajo estaría preparando sanciones a nueve cooperativas de Puerto Wilches (Santander), que asocian a personas que trabajan en los cultivos de palma, luego de que hace una semana estableció multas por 11.702,4 millones de pesos a la palmicultora Oleaginosas Las Brisas (del mismo municipio) y a cinco cooperativas y una compañía de servicios temporales.

Las sanciones fueron por intermediación laboral y violación al régimen de riesgos profesionales, salud ocupacional, seguridad industrial y al sistema de protección en salud.

Los trabajadores habían denunciado cobros por herramientas y descuentos por uniformes.

Según los trabajadores -situación que niegan las cooperativas- el empleado debía asumir el costo total de la seguridad social. Un grupo de trabajadores aseguró que a varios de ellos no les aparecían registrados algunos pagos de pensión y de salud.
Entre tanto, el viceministro de Relaciones Laborales, David Luna, dijo desde Washington que se adelantan más de 200 investigaciones sobre posibles violaciones a las normas laborales, las cuales están en diferentes etapas y cubren empresas de sectores como el petrolero, minero, portuario, floricultor y palmero.

Según Juan José Barbudo, representante de las cooperativas sancionadas en Puerto Wilches, la millonaria sanción haría desaparecer a esas organizaciones.

Agregó que funcionarios del Ministerio de Trabajo le indicaron que vendrían nueve sanciones más.

"Investigaron a dieciséis cooperativas que trabajan con las
palmicultoras de Puerto Wilches, sancionaron a cinco y me dijeron que tan solo una o dos no tendrían problemas. Por eso es posible que sancionen a las demás cooperativas", agregó Barbudo.

El dirigente insistió en que no se está ejecutando ningún tipo de intermediación y que la disminución en los sueldos es por descuentos de ley.

"Una cooperativa vende su fuerza de trabajo y presta servicios a una empresa que la apoya para impulsar beneficios productivos a los asociados (trabajadores). ¿Cuál es el mensaje del Gobierno?:
¿No vamos a trabajar con cooperativas asociadas... por compromisos adquiridos con el TLC?, ¿Por qué los principales contratistas de las cooperativas son las entidades del Estado?", manifestó Barbudo.

León Darío Uribe, gerente de la palmicultora sancionada, señaló que no ha sido notificado de la multa y que acudirá a los recursos de reposición que la ley le permita. Si la empresa Las Brisas vincula a su nómina a los trabajadores, la multa de 2.266,8 millones de pesos se le reducirá 20 por ciento por cada año de permanencia de estos empleados.

Organizan nuevo paro en cultivos

Bucaramanga. Representantes de quienes laboran en 60.000 hectáreas de seis empresas palmicultoras, en Puerto Wilches (Santander), aseguraron que, al igual que el año pasado, realizarán en los próximos días otro paro en sus labores para solicitar que la contratación de personal en la zona la realicen directamente las empresas.

Miguel Sánchez, delegado de los trabajadores en el punto conocido como Kilómetro Ocho, le pidió al Gobierno realizar un seguimiento especial en Puerto Wilches para garantizar que la sanción se cumpla.

Miguel Conde, fiscal de Sintainagro en Puerto Wilches y dirigente de la CUT en el Magdalena Medio, celebró la determinación estatal porque, según él, con la intermediación a los trabajadores les llegaba menos dinero en sus mesadas.

"Los trabajadores no son vinculados directamente ni con contratos a término indefinido. Aunque la sanción corresponde a la realidad, es triste que se haya llegado a esos términos", agregó Conde.

Durante 49 días, entre octubre y noviembre del 2011, más de 3.000 trabajadores de seis palmicultoras de la zona permanecieron en paro exigiendo el desmonte de las cooperativas por las que eran contratados.

Compromiso con EE. UU. intensificó las investigaciones

Las 200 investigaciones que adelanta el Ministerio del Trabajo sobre posibles violaciones a la normatividad laboral se suman a las que concluyeron con sanciones a 12 contratistas de la petrolera Pacific Rubiales, en Puerto Gaitán (Meta), y a varias organizaciones del sector palmicultor en Santander.

Los contratistas de la petrolera fueron sancionados por fallas en el sistema de salud ocupacional, riesgos profesionales y violación de los derechos de los trabajadores.

Aunque la cartera laboral siempre ha tenido entre sus funciones promover el acatamiento a las normas del trabajo y sancionar a quienes las incumplen, las acciones de los inspectores se han intensificado desde la firma del plan Santos-Obama para darle viabilidad al tratado de libre comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos.

La Ley 1429 del 2010, expedida bajo la atenta mirada de Estados Unidos, estableció una sanción máxima de 5.000 salarios mínimos (2.833 millones de pesos) para quienes intermedien ilícitamente en el mercado laboral (tanto contratante como contratista).

En Washington, el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, mantenía reuniones, hasta hoy, con funcionarios y congresistas estadounidenses, con quienes examina el cumplimiento del Plan de Acción Santos-Obama, necesario para la puesta en vigencia del TLC.

Las sanciones mencionadas y las investigaciones en curso hacen parte del compromiso con Estados Unidos de promover los derechos laborales, erradicar la intermediación y estimular la formalización de los trabajadores.

 

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