Medicina legal está en la mira por dictámenes sospechosos

Medicina legal está en la mira por dictámenes sospechosos

Los casos sonados son la necropsia al estudiante de los Andes y la enfermedad del 'Cebollero'.

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26 de noviembre 2011 , 10:14 p. m.

Hay resistencia a que la Judicatura investigue a los médicos de casos polémicos como el de la enfermedad que sacó de prisión al 'Cebollero' o la cuestionada necropsia al estudiante de los Andes.

Hace un par de semanas, la médica forense Lesly del Pilar Rodríguez, funcionaria de Medicina Legal desde hace 4 años, explicó ante la Fiscalía la polémica necropsia practicada al cadáver del estudiante de la Universidad de los Andes Luis Colmenares -muerto en octubre del 2010-, quien recibió varias heridas en su cabeza, claves para establecer si fue o no un crimen.

A la vez, la médica le envió un memorial al Consejo Superior de la Judicatura en el que le advierte que ese tribunal no es competente para investigarla por ese dictamen, calificado por la defensa del estudiante como "un claro caso de corrupción".

A pesar de la advertencia, la Judicatura decidió que, con ese proceso y con el de los dos médicos que certificaron la dolencia coronaria que le permitió obtener casa por cárcel al señalado jefe de la 'oficina de Envigado', alias 'el Cebollero', estrenará el poder preferente que le otorgó el Estatuto Anticorrupción para investigar a los 700 médicos y peritos que tiene Medicina Legal.

La norma entró en vigencia en julio y le permite, incluso, remitir los casos a la justicia penal.

La Judicatura dice que busca "acabar con la impunidad que hay entre médicos legistas" y reforzar las precarias indagaciones internas que hace el propio instituto forense, de cuyos dictámenes dependen desde condenas por homicidios y violaciones, hasta identificación de NN e incapacidades por golpizas, entre otras áreas.

Al respecto, EL TIEMPO estableció que, aunque se han registrado quejas por esos dictámenes, incluso del propio Gobierno, en lo corrido del año Medicina Legal no ha sancionado a nadie. Y aunque se encarga de llevar las estadísticas forenses del país, no tiene disponibles las relacionadas con investigaciones internas contra sus empleados.

El dato llama la atención si se tiene en cuenta que la Dijín documentó 12 casos en los que esos dictámenes terminaron beneficiando a reos en Santander, Norte de Santander y Arauca. La Judicatura ya tiene los nombres de implicados (incluidos jueces), que permanecen en reserva hasta que se judicialicen. Los únicos 17 procesos en curso contra Medicina Legal los lleva la Procuraduría, y la mayoría (15) son sobre asuntos administrativos. Solo hay dos relacionados con dictámenes de peritos.

La demanda

Uno de ellos es el de los médicos legistas Felisa Carvajalino y Holmes Amaya, quienes certificaron muertes en Ocaña (Norte de Santander) que terminaron siendo 'falsos positivos' del Ejército. Medicina Legal los absolvió, argumentando que no sabían que se trataba de víctimas de esas ejecuciones y no contaban con medios para aplicar los protocolos. El caso está en la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría.

El otro expediente cursa en contra de una médica por fallas en la necropsia de un bebé.

Precisamente la existencia de esos procesos en la Procuraduría será usada por el sindicato de Medicina Legal para evitar que la Judicatura los investigue. Alista una demanda alegando que existe una duplicidad de funciones.

"Esa situación pone a los peritos de Medicina Legal en una gran vulnerabilidad. Ahora, cuando una de las partes no esté de acuerdo, van a abrir investigación", señaló Jorge Buitrago, presidente de Sindemedilegal.

A pesar de ello, la Judicatura se prepara para asumir otros casos y sigue con el del estudiante de los Andes, aunque la médica insiste en que los hechos sucedieron antes de que ese tribunal tuviera competencia sobre ella.

El director de Medicina Legal, Carlos Valdés, se abstuvo de hablar sobre las indagaciones de la Judicatura. "Respeto las decisiones de la justicia y las facultades de ese tribunal", dijo Valdés.

Judicatura
'Hay impunidad en el sector de médicos legistas'

Henry Villarraga, presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, dijo que la decisión de intervenir en las investigaciones contra funcionarios de Medicina Legal se debe a la "impunidad que hay en el sector de los auxiliares de la justicia, incluidos los médicos legistas". Explicó que, en algunos casos, puede haber manipulación de pruebas, lo que termina influyendo en procesos penales. Además, afirmó que la nueva labor de la Judicatura se coordinó con la Fiscalía y con la dirección de Medicina Legal. "Los buenos médicos no deben sentirse amenazados; tendrán todas las garantías", dijo y añadió que 12.500 auxiliares privados de la justicia también estarán en la mira y podrán ser sancionados.

Ministerio Público defiende su poder preferente

Voceros de la Procuraduría señalaron que en el trámite del Estatuto Anticorrupción en el Congreso dejaron constancia de que la nueva competencia de la Judicatura no se necesitaba porque ellos la ejercen por mandato constitucional. Y advirtieron que, aunque la respetan, su aprobación no anula su poder preferente, el cual seguirán aplicando.

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