Viejas mañas

La financiación de puestos claves del Estado por otros países atenta contra la noción de soberanía.

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17 de noviembre 2011 , 07:48 p. m.
Una investigación establecerá si Tomás Concha, jefe del área de políticas y coordinación interinstitucional del Programa Presidencial de Derechos Humanos, cometió acoso sexual. Pero no se necesita de pesquisa alguna para confirmar que práctica rechazable sí existió: la de este Gobierno, que perpetúa las viejas mañas de sus antecesores.

Días atrás, este periódico reportó la denuncia que una periodista del Programa interpuso ante la Fiscalía. Alegó que su superior jerárquico la habría obligado a tener relaciones sexuales so pena de perder el empleo.

De nada menos que escandalosa se puede calificar la respuesta gubernamental ante semejante acusación. El vicepresidente Angelino Garzón, quien está a cargo del Programa Presidencial de
Derechos Humanos, aclaró que "el señor Concha actualmente se encuentra vinculado al Programa Presidencial mediante un contrato con la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos (Usaid)".

Este funcionario, que tiene atribuciones de coordinación entre instituciones y representación del Gobierno ante foros internacionales de derechos humanos, no tiene una relación contractual con el Estado.

La financiación de puestos claves del Estado por gobiernos de otras naciones constituye una práctica común en Estados débiles bajo el tutelaje de la comunidad internacional. Pero en un Estado que se pretende fuerte y en vías de consolidación, ella atenta contra las más elementales nociones de soberanía e independencia.

¿Habrá algún miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, organismo al cual Colombia aspira a ser admitida, que tenga a su personal gubernamental de más alto nivel bajo contrato con terceros foráneos?

Aquí es moneda corriente. Basta con recordar que José Obdulio Gaviria fungió como asesor presidencial con contrato de consultoría del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Desde junio del 2006, 21 funcionarios del Programa Presidencial de Derechos Humanos, incluyendo a Tomás Concha, no fueron servidores públicos, sino contratistas de Management Sciences for Development (MSD), una compañía norteamericana financiada por Usaid.

Esta situación irregular de contratación en el seno del aparato estatal disminuye la transparencia y la rendición de cuentas que todo gobierno le debe a su ciudadanía. Se presta para la desviación y hasta renuncia de responsabilidades, como bien lo muestra este caso.

El Vicepresidente le tiró el agua sucia a Usaid. Más de una década pasó Tomás Concha en Presidencia, pero, para el Vicepresidente, le corresponde a "Usaid decidir si renueva o no el contrato".

Tomás Concha se atrevió a sostener que no existieron relaciones de poder en la oficina. "Soy contratista y, por lo tanto, no tengo capacidad para nombrar, vincular, ascender, premiar, castigar o despedir a ninguna persona que tenga cualquier tipo de relación laboral o contractual con el Departamento Administrativo de la Presidencia o el Programa Presidencial de Derechos Humanos."
Debería explicar, entonces, cómo hacía para coordinar toda un área de trabajo del Programa.

El ministro de Trabajo, Rafael Pardo, anunció fuertes medidas para acabar con las nóminas paralelas. Podría comenzar revisando la de Presidencia. Ojalá el Presidente, el Vicepresidente o el mismo Ministro de Trabajo nos contaran cuántos altos funcionarios del Estado forman parte de la nómina de organizaciones y gobiernos extranjeros.

Pero, pensándolo bien, quizás sea mejor estar en manos de los gringos. Ellos, al menos, se toman el acoso sexual en serio. Para el Vicepresidente de la República, "la única exigencia que se le debe pedir a un trabajador o trabajadora, tanto en el sector público como en el privado, es que cumpla bien sus funciones para las cuales fue contratado".

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