Quién y cómo intervenir el patrimonio sumergido en Colombia

Quién y cómo intervenir el patrimonio sumergido en Colombia

Aunque hay consenso en una ley que nos proteja del saqueo, la última propuesta no fue bien recibida.

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12 de noviembre 2011 , 11:23 p.m.

El proyecto de ley de patrimonio sumergido, radicado en el Congreso hace menos de un mes por la Ministra de Cultura, zarpó con viento en contra. A la renuncia del ex ministro Jaime Castro a la Comisión de Antigüedades Náufragas, por diferencias frente al texto, se sumó esta semana la del director del Instituto de Antropología e Historia (Icanh), Emilio Piazzini, y la oposición de algunos arqueólogos, que recogen firmas contra la iniciativa.

La propuesta del Gobierno (la tercera sobre este tema que se discute en siete años) busca trazar unas políticas claras sobre quién y cómo se debe intervenir el patrimonio nacional que está bajo las aguas. Colombia no tiene una ley que regule esta materia y hay consenso en que este vacío pone al país en estado de indefensión frente a los 'cazatesoros' y lo expone a litigios como el que mantiene con la empresa Sea Search Armada (SSA) en relación con el galeón San José, hallado en costas de Cartagena en los años 80. El último round de esta disputa lo ganó el país en octubre, cuando un tribunal estadounidense desestimó una demanda en la que la SSA le pedía a Colombia 17.000 millones de dólares, por no reconocerle derechos sobre la mitad del tesoro del galeón.

El tema no es de poca monta. Según la Unesco, hay un millón de navíos de todas las épocas hundidos en los mares del mundo y se especula con que Colombia tendría mil de ellos, aunque no hay un inventario oficial.

"Existe la idea de que los naufragios guardan verdaderos tesoros, calculados, en algunos casos -como en el del San José, cargado con alhajas y riquezas procedentes de Perú-, en más de una decena de miles de millones de dólares", explica el consultor Gonzalo Castellanos, en su libro Régimen jurídico del patrimonio arqueológico en Colombia.

Si tenemos toda esta riqueza, ¿por qué no aprovecharla? Este es el punto de partida del proyecto del Gobierno, que propone que el Ministerio de Cultura -hoy en cabeza de Mariana Garcés- pueda contratar de manera directa a compañías expertas en exploración submarina para que busquen, rescaten y, eventualmente, se beneficien económicamente de los naufragios.

Asimismo, busca crear una comisión que decida qué de lo que se encuentre es patrimonio arqueológico. Con aquello que no fuera considerado de valor patrimonial, calculado en una parte que oscila entre el 10 y el 25 por ciento de lo hallado, se les pagaría a los contratistas.

Según ha explicado la ministra Garcés, en un país que carece de la tecnología y los recursos para hacer ese tipo de exploraciones, esta ley supondría la única forma que tiene Colombia de rescatar sus riquezas sumergidas. "Como están las cosas hoy, el patrimonio subacuático no es ni para Dios ni para el diablo", sentencia. Pero las voces críticas aseguran que esta visión pone en peligro el patrimonio en cuestión, porque le da un carácter mercantilista e incentiva el apetito de los 'cazatesoros'.

En el centro de la polémica está la posibilidad de pagarles a estos con parte de lo rescatado. Tratados internacionales como la Convención de la Unesco para la Protección del Patrimonio Sumergido, ratificada por 40 países, establecen que cualquier vestigio arqueológico que esté bajo el agua -desde una vasija hasta un lingote de oro- es patrimonio, pertenece a la Nación respectiva y no puede ser comercializado.

Aunque Colombia no ha suscrito esta convención, varios expertos consultados por EL TIEMPO coinciden en que el proyecto va en contra de la Constitución, que establece en sus artículos 63, 71 y 72 que "el patrimonio arqueológico es inembargable". Igualmente, aseguran que contradice dos fallos de la Corte Constitucional que han declarado inexequible la interpretación -contenida en la Ley 397 de 1997- de que el Estado podría pagar el rescate de un naufragio con parte de lo encontrado.

Para el Ministerio de Cultura, se trata de una cuestión pragmática: "Si en un hundimiento hay 900 lingotes de plata, la comisión de expertos puede decidir que 50 sean preservados en un museo y destinar el resto como una posibilidad de pago para el explorador", le explicó a este diario la Ministra. Esta fórmula, conocida como criterio de repetición, fue una de las razones por las que el Gobierno anterior retiró su proyecto de patrimonio sumergido en el 2004. El texto original no contemplaba esta alternativa, pero en su paso por el Congreso 'se la colgaron'. El Ministerio de Cultura decidió que era un exabrupto y retiró la iniciativa.

"Suponga que alguien dijera que muchas de las piezas del Museo del Oro son repetidas y que, por tanto, podría determinarse que algunas no son parte del patrimonio de la Nación y se pueden vender", ironiza Roberto Lleras, decano de la facultad de Estudios del Patrimonio de la Universidad Externado de Colombia.

Pero hay otros puntos del proyecto que generan controversia. Por ejemplo, que el Gobierno pueda contratar directamente a la empresa exploradora, algo que según Lleras "se salta los parámetros estatales de contratación", es decir, evita la licitación pública.

Comisión cuestionada

Tampoco ha sentado bien, sobre todo entre los arqueólogos, la comisión que se crearía para determinar qué es patrimonio, sobre todo porque ya existe la Comisión de Antigüedades Náufragas, adscrita al Ministerio de Cultura desde 1984 y que tiene las mismas funciones. Al respecto, el Gobierno ha aclarado que será un equipo de trabajo paralelo.

Tatiana Villegas, consultora de la Unesco en Patrimonio Sumergido, considera clave que Colombia cree un marco jurídico para proteger sus tesoros, pero señala que el actual proyecto va en contravía de lo que se está haciendo en otros países. "Potencias en patrimonio sumergido como México, Cuba y Argentina han decidido cerrar sus puertas a los 'cazatesoros' y dedicarse ellos mismos a rescatar su patrimonio, con fines científicos y divulgativos, con ayuda de sus Armadas, universidades y arqueólogos -comenta-. La falta de recursos no puede ser una excusa para vender el patrimonio al mejor postor".

Los mil galeones fantasmas

El dato de los más de mil galeones que esconderían nuestras aguas marítimas sale a flote cada vez que revive la polémica sobre el aprovechamiento del patrimonio sumergido. De hecho, expertos internacionales -incluida la Unesco- consideran a Colombia como una potencia en este tipo de riquezas. Lo curioso es que el país no cuenta con ningún inventario oficial de su patrimonio subacuático y la jugosa cifra de mil galeones, que les pone los dientes largos a los guaqueros, se basa en pesquisas aisladas de historiadores, arqueólogos y de las mismas compañías 'cazatesoros'.

El inventario más riguroso del patrimonio sumergido en Colombia, al que tuvo acceso EL TIEMPO, lo custodia la Fundación Terra Firme, una entidad sin ánimo de lucro que, mediante un convenio de cooperación con el Ministerio de Cultura, ha trabajado desde el 2006 en la elaboración de un mapa arqueológico de nuestra riqueza cultural e histórica sumergida.

"Hablamos de naufragios, pero también de construcciones y 'basureros' arqueológicos, donde hay armas y objetos científicos de la época colonial e incluso prehispánicos, que tienen un gran valor porque nos dan información histórica clave", explica Catalina García, arqueóloga y cofundadora de Terra Firme.

La fundación ha trabajado hasta el momento en dos regiones potencialmente ricas en este aspecto: la bahía de Cartagena (ver mapa), donde se ha definido más de un centenar de sitios, entre ellos más de 50 naufragios (29 con su localización aproximada), y San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde han sido identificados unos 40.

Los mapas son el resultado de un trabajo de revisión y contraste de fuentes orales, archivos históricos como el de Indias (en España) y documentos de bibliotecas nacionales y extranjeras. Aunque el estudio, en su primera fase, no incluyó un reconocimiento subacuático, algunos buzos y pescadores han constatado la existencia de varios de estos hallazgos, como el del galeón Conquistador, hundido en 1741 en Cartagena, durante una batalla entre españoles e ingleses.

Los estudios de Terra Firme fueron concebidos como la primera fase de una exploración que incluiría a otras regiones, como Santa Marta, Barranquilla y La Guajira. Una vez consolidada toda la información, la idea era cuantificar esas riquezas, determinar sus riesgos y analizar cuáles pueden ser intervenidas y cuáles son intocables. Sin embargo, este inventario se suspendió en el 2009. Hoy, en medio de la polémica, el país sigue hablando de sus mil galeones 'fantasma'.

¿Los piratas del siglo XXI?
Las empresas 'cazatesoros' navegan en la polémica

No son clandestinas ni ilegales, aunque para algunos son los piratas del siglo XXI. Las empresas 'cazatesoros' disponen de tecnología de punta, cotizan en bolsa y trabajan en llave con prestigiosos bufetes que les ayudan a sortear escollos legales. Odyssey, con sede en Florida, es una de las más mediáticas, porque además de 'cazar' fortunas vende sus hazañas a canales como Discovery. Cotiza en la bolsa de Nueva York y entre sus grandes hallazgos está el buque estadounidense SS Republic, hundido en 1865 con más de 50.000 monedas. Su competencia más directa es Plioenician Explorations, de Robert Marx, un activo 'cazatesoros' que asegura haber detectado 3.000 naufragios en 62 países. Sea Search Armada es la más conocida en Colombia, ya que a finales de los 80 fue reconocida por la Armada como la descubridora del sitio donde estaría el galeón San José. Hoy, sigue peleando para rescatar el navío.

Una ley atascada
Se han tramitado 3 proyectos en 7 años

El actual proyecto del Gobierno, avalado por el Ministerio de Cultura, da un giro respecto de los anteriores, porque abre la posibilidad de 'negociar' con piezas de valor patrimonial rescatadas, como lingotes, si hay varias iguales.

1. María Consuelo Araújo (2004)

Establecía que todo el patrimonio sumergido era propiedad del Estado y que no se podía vender, pero permitía que empresas privadas, mediante licitación, rescataran los naufragios y los explotaran mediante museos marinos o investigaciones académicas. Lo que no fuera arqueológico, según el dictamen del Consejo Nacional de Patrimonio, podría servir de pago para las empresas. Qué pasó: En el Congreso le 'colgaron' al proyecto que las piezas como monedas de oro y plata, lingotes y otras que estuvieran repetidas se podían vender. El Gobierno lo retiró.

2. Paula Marcela Moreno (2010)

Muy similar al anterior, preveía la asociación entre el Estado e inversionistas privados, mediante licitaciones, para rescatar los naufragios y explotarlos en museos o materiales culturales. El Icanh y el Ministerio de Cultura, con la aprobación del Consejo Nacional de Patrimonio, determinarían qué piezas podrían servir de pago para los exploradores, siempre que no tuvieran carácter arqueológico. No contemplaba el criterio de repetición. Qué pasó: La nueva ministra, Mariana Garcés, lo retiró porque no fue consultado con la Comisión de Antigüedades Náufragas.

3. Mariana Garcés (2011)

Establece que el Ministerio de Cultura puede contratar, en forma directa, a compañías que exploren y rescaten los navíos hundidos. Permite su explotación económica y también su conservación in situ. Crea una comisión adicional a la de Antigüedades Náufragas para determinar qué es patrimonio. Con lo que no lo sea se les pagará a los exploradores. Vuelve a incluir el criterio de repetición. En qué va: Fue radicado en el Congreso el 13 de octubre y será discutido por la Comisión Sexta de la Cámara.

Un acuerdo para proteger los tesoros

La Convención de la Unesco sobre Patrimonio Sumergido, que entró en vigor en el 2009, creó un marco jurídico internacional para blindar a los países frente a los 'cazatesoros'. El acuerdo, ratificado hasta ahora por 40 países (Colombia no se ha sumado), establece que las riquezas sumergidas no se venden y que solo los gobiernos pueden acceder a ellas con fines científicos y divulgativos. El documento ha sido suscrito por casi todos los países latinoamericanos y del Caribe, pero potencias como EE. UU. y Reino Unido se han abstenido de firmarlo, como una forma de proteger el negocio de las exploradoras.

CATALINA OQUENDO B. y ALEJANDRO BAENA
Redactores de EL TIEMPO

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