Unidos contra la CIDH

Unidos contra la CIDH

03 de noviembre 2011 , 08:51 p. m.

La aparición de una falsa víctima de la masacre de Mapiripán y la posibilidad de la existencia de muchas más cayeron como anillo al dedo para quienes pretenden debilitar el sistema interamericano de derechos humanos.

Ante la gravedad del fraude, las instituciones del Estado colombiano, el movimiento nacional de derechos humanos y los órganos de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) -la Comisión y la Corte- deberían cerrar filas para establecer la verdad. Lejos de eso, el Gobierno configuró un escenario de confrontación con la institucionalidad interamericana y los defensores de derechos humanos.

Algo grave e invisible en Colombia se está cocinando en las Américas: el sistema interamericano de derechos humanos está en peligro. Varios países aspiran a quitarle facultades e independencia. Desde el gobierno anterior, Colombia venía trabajando en ello. Nada ha cambiado. Hoy, parece dispuesta a sacar todo el provecho posible del asunto Mapiripán.

¿Para qué llevar el caso de la falsa víctima a la reunión de cancilleres si no es para politizarlo? La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha convocado una audiencia para tratar el tema. Es en el marco de un diálogo con este órgano judicial que debe ser discutida esta cuestión.

Hace unos meses, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, presentó un documento ante el Consejo Permanente en el cual cuestionó la autonomía de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Propuso una mayor incidencia suya en el nombramiento del Secretario Ejecutivo de la Comisión. Hasta la fecha, el Secretario General acogía la selección efectuada por los comisionados.

Claro está, Insulza sabía que contaba con el respaldo de varios gobiernos. En mayo, cuestionó una decisión de la Comisión que exigía detener la construcción de la represa de Belo Monte. La razón para ello era simple: Brasil no había cumplido con el requisito de consulta previa. El gobierno brasileño no solo desconoció la medida cautelar de la Comisión sino también amenazó con detener los pagos a la OEA.

Insulza se atrevió a sugerir que los derechos indígenas no cuentan con la misma importancia que aquellos que protegen contra la tortura o la desaparición forzada. Agregó incluso que "la Comisión debería asesorar a los gobiernos y no tratarlos como violadores de derechos humanos", la aspiración de más de un gobierno latinoamericano.

Para el presidente Chávez, la Corte Interamericana "es un cero a la izquierda". No le gustó al nuevo mejor amigo que un reciente fallo de la Corte protegiera los derechos del opositor Leopoldo López para que pudiera ser candidato en las próximas elecciones presidenciales. La Corte "forma parte de las instituciones del pasado", dijo el mandatario. Aspira a que Unasur tenga pronto su propio tribunal de derechos humanos. ¿Será que ese sí se dejará manipular? Brasil y Venezuela recogieron aliados sorprendentes.
El Canciller de Costa Rica expresó que la Comisión se ha convertido en una "fiscalía" y la Corte, en un "tribunal de alzada".
Costa Rica quiere reforma porque corre el riesgo de ser llevado ante la Corte por la prohibición de la fertilización in vitro.

El vicepresidente Garzón dijo que "la credibilidad de la Corte se
debilita con el fallo de Mapiripán". Es verdad. Pero la del Estado colombiano también. Al final, la falsa víctima fue avalada por la Fiscalía y ningún representante del Estado se pronunció en el debido momento. ¿Por qué no asumir el reto de credibilidad como un desafío conjunto? No se trata de quitar seriedad a esta crisis sino de entenderla como una oportunidad para reforzar el sistema, no para acabarlo.

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