Así funcionará nueva Agencia Presidencial para la Prosperidad Social

Así funcionará nueva Agencia Presidencial para la Prosperidad Social

Coordinará al ICBF y tendrá bajo su mando temas de víctimas, pobreza y consolidación.

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02 de noviembre 2011 , 09:17 p. m.

En las próximas horas, el presidente Juan Manuel Santos firmará una serie de decretos que le darán vida a la nueva Agencia Presidencial para la Prosperidad Social, que reemplazará al Programa Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional.

Aunque aún faltan algunos detalles por definir, fuentes de la propia Casa de Nariño le confirmaron a EL TIEMPO que el nuevo ente será la cabeza del sector social y de reconciliación.

Una de las decisiones de Santos es que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) -con un presupuesto de 2,3 billones de pesos- entre a depender directamente de esta agencia.

En la decisión de sacar al ICBF de la estructura del Ministerio de la Protección Social no solo pesó el rol que desempeña. También, las denuncias de este diario sobre la firma de polémicos contratos y la injerencia en ese instituto de ex funcionarios -como Edmundo del Castillo- que desencadenaron investigaciones de la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría.

De hecho, el presidente Santos está por definir si Elvira Forero -funcionaria del gobierno Uribe- sigue como directora o si nombra uno de los fuertes candidatos que tiene sobre su escritorio.

Lo que ya parece estar definido es que Paula Gaviria, experta en reparación y reconciliación de la Fundación Social, asuma la dirección de la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas de la Violencia.

Dicha unidad dependerá de la nueva agencia y obedece a un mandato de la ley de víctimas, impulsada por el gobierno Santos, que dio un plazo perentorio de seis meses para crear este nuevo ente.

Pobreza y cooperación

El programa Familias en Acción, hoy en manos de Acción Social, también dependerá de la superagencia.

Otra de las decisiones que están por tomarse se relaciona con la Alta Consejería para la Prosperidad, a cargo de Samuel Azout.

Esta se convertiría en la Agencia Nacional para la Pobreza Extrema, cuya base seguirá siendo el programa Unidos.

Finalmente, la Cooperación Internacional, que venía coordinando Acción Social, pasará a ser manejada por la Agencia Colombiana para la Cooperación Internacional, un nuevo ente adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

También se acordó que el programa de Familias Guardabosques, el contra de cultivos ilícitos (PCI) y el de proyectos productivos de Acción Social se transfieran a la nueva Unidad Administrativa para la Consolidación.

Lo que aún está por definirse es si esa nueva unidad se fusiona o no con la Oficina del Alto Asesor Presidencial de Seguridad Nacional, a cargo del ex viceministro de Defensa Sergio Jaramillo.

Al parecer, por la importancia de los temas que maneja Jaramillo -llevar seguridad y desarrollo a zonas golpeadas por el conflicto armado-, el alto asesor actuaría autónomamente, al nivel del nuevo Departamento Administrativo y reportándole directamente al presidente Santos.

Estos detalles serán definidos mañana para que la oficina jurídica de la Casa de Nariño expida los decretos hacia la medianoche.

El gobierno Santos calcula que la transición de estos programas -que involucran cientos de contratos- se pueda tardar entre 3 y 6 meses, que, en todo caso, finalizan en junio del 2012.

Los anuncios oficiales de este revolcón en lo social se harán la próxima semana.

Despidos y nuevas nóminas, reparo al gran revolcón

El nacimiento de la agencia presidencial está ligado a la creación de una nueva planta de personal, superior a la que maneja Acción Social (396 funcionarios). También se prevé la disminución del número de contratistas, que hoy son más de 2.000.

Según lo estableció EL TIEMPO, la nómina será de cerca de 2.860 personas. El temor que ya han expresado algunos de los funcionarios de la vieja Acción Social es que la gran mayoría son contratistas y de ellos solo quedará un 10 por ciento. "Por esa vía saldrán técnicos y profesionales que han manejado programas claves durante años en todos los departamentos", manifestó una alta funcionaria, que pidió la reserva de su nombre.

Y aunque el nivel de ejecución de Acción Social tan solo alcanza este año el 47 por ciento, también hay dudas sobre el futuro de varias licitaciones que están en curso y cuyos pliegos fueron diseñados con base en la estructura que hoy existe.

Menores infractores, a Minjusticia

Organizaciones defensoras de menores han calificado de "inconveniente" la propuesta de que el manejo de los infractores que tiene el ICBF pase, con la reestructuración, al Ministerio de Justicia. "No goza de experiencia en derechos de la niñez y su único patrón de referencia es el Inpec, entidad que no constituye un ejemplo para emular", señaló la Fundación Restrepo Barco. También se preguntan cómo la cartera va a financiar los costos de los programas sin tener recursos parafiscales.

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com.co
 

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