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'Actual reforma a la justicia es mediocre': Hernando Yepes Arcila

'Actual reforma a la justicia es mediocre': Hernando Yepes Arcila

Ex magistrado le dijo a María I. Rueda que reforma no resolverá problemas estructurales de la rama.

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Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
09 de octubre 2011 , 10:24 p. m.

Cuál es peor: ¿la versión de la reforma de la justicia que salió del Gobierno o la 'mejorada' del Congreso?

La versión del Congreso no está mejorada. Digamos que la segunda versión desempeoró el proyecto inicial, y luego el Congreso le añadió elementos que se acercan al disparate. Este proyecto fue mediocre y marginal desde el comienzo. Un ejercicio infantil para reunir una colección escalofriante de simplezas.

¿Se justifican las reacciones airadas que ha habido en algunos sectores de la opinión?

Sí. El Congreso rechazó una mala fórmula propuesta por el Gobierno, la peor posible, de tutela contra sentencias. Y rechazó la introducción del precedente, o sea de la jurisprudencia de las altas cortes, como fuente suprema de sentencias, desplazando a la ley. Pero en lo demás empeoró la propuesta inicial.

La gran sorpresa es que el proyecto salva lo peor del Consejo de la Judicatura. ¿Será que lo peor de ese ente es lo mal integrado que está?

Creo que una de las cosas que habría que hacer sería elevar el rango de los magistrados. Echo de menos en la Constitución del 91 para todos los órganos del poder judicial la estructura del cursus honorum, consistente en que, para llegar a ciertas posiciones de creciente complejidad, hay que haber pasado por niveles anteriores. Hoy, de un salto, se llega de la nada a las más altas esferas del poder judicial.

¿No habría que suprimir la sala disciplinaria de la Judicatura? Porque van a hacer todo lo contrario...

La reforma propuesta invierte el orden de lo que sería correcto hacer: desaparecer la sala disciplinaria como un imperativo de profilaxis institucional. Esa sala se ha convertido en el órgano enfermo de la jurisdicción, porque le quitaron la tarea más importante que la Constitución le dio, que era juzgar disciplinariamente a los magistrados de las altas cortes. De ahí el rango que tienen sus magistrados y el origen de su nombramiento de ternas enviadas por el Presidente. Se trata entonces de un órgano derivado de los poderes políticamente activos. Es un debilitamiento de la autonomía de la rama judicial. Esa sala se volvió un cuerpo inútil, y cuando descubrió el manantial de la tutela al equivocar su función de órgano jurisdiccional, se transformó de inútil en dañino.

¿Y la sala administrativa?

Un cuerpo gobernativo de la rama judicial tiene que existir dentro de una Constitución que se propone elevar la libertad de los jueces a autonomía de la rama. Por eso es incomprensible lo que propone la ponencia. Crear un cuerpo extraño compuesto de magistrados de las altas cortes que se salen de su función jurisdiccional, con lo cual perdemos juzgadores, por unos 'gerentoides' provenientes de otras disciplinas de la ciencia administrativa y contable, con los cuales quieren integrar un cuerpo híbrido, condenado por su composición a no poder hacer bien lo que la sala administrativa actual hace mal, y a hacer mal lo que la sala administrativa hace bien.

¿Cómo puede ser que una reforma seria de la justicia no incluya uno de los aspectos más inquietantes de esta crisis, que es su politización?

Es uno de los aspectos negativos de la ponencia del Congreso. Era una iniciativa sana del Gobierno sustraerle a la responsabilidad de las altas cortes una función que les es naturalmente extraña. Cuando se aprobó la intervención de ellas en el proceso de elección de Contralor, dejé una constancia en la Asamblea Constituyente de que le habían hecho un regalo envenenado a la justicia con la sanísima intención de mejorar. Eso politizó y degradó a las cortes.

¿Usted cree que eso es producto de que el Congreso quiso congraciarse con su juez natural, la Corte Suprema, que no quiere que le quiten esas funciones?

No puedo conocer esas intimidades, pero es visible que a las cortes les gusta mantener esa función que en mala hora adquirieron, aun cuando hayan demostrado, por lo menos la Corte Suprema de Justicia, que es incapaz de ejercerla, como lo vimos en el caso de la imposibilidad de elegir fiscal, con la demora de un año para elegir candidato para la Procuraduría y la Contraloría, y otros eventos que han demostrado lo disfuncional que es.

Sin necesidad de conocer las intenciones de los congresistas, es fácil adivinarlas. ¿Cómo puede este Congreso votar con independencia?

Es un Congreso arrinconado y muchos de los congresistas no pueden dejar de mirar la reforma bajo el prisma de su propia situación personal frente a sus eventuales jueces.

¿Y no le parece sorprendente que en ese ambiente que usted describe haya surgido el premio de alargarles el período a los magistrados?

Sí. La reforma es equívoca en si comprende el periodo de los actuales magistrados. El período de 8 años a mí me parece suficiente, pero no hay que olvidar que el momento de mejor funcionamiento de la rama judicial fue cuando, bajo las instituciones del Plebiscito del 57, tuvimos cortes vitalicias, que garantizaban su total independencia frente a los otros poderes.

¿No es peligrosísimo consagrar una cooptación directa a partir de la actual integración de las altas cortes? Es que hay uno que otro personaje...

Este país ha ensayado todo en materia de elección de magistrados. Me gusta la cooptación, pero no confiada al órgano donde se puede proveer una vacante, sino a la totalidad de los componentes de las altas cortes como cuerpo elector. Porque, ojo: volver a la cooptación, que es el mejor sistema posible, no se puede hacer sin tomar precauciones frente a prácticas de las cortes que podrían desviar la eficacia de ese mecanismo hacia el amiguismo, el partidismo o las camarillas.

O la inferioridad intelectual...

Desde luego. Y el actual sistema, mal llamado de cooptación restringida, es disfuncional. Se ha convertido en un régimen hereditario por vía testamentaria con el Consejo Superior de la Judicatura, con la sala administrativa como albacea. Los vasos comunicantes que se han establecido entre las corporaciones judiciales y la sala administrativa están facilitando esa vocación de cada magistrado de dejar como sucesor suyo a un subalterno de su bolsillo.

¿Y qué opina del sistema de elección por concurso?

El peor sistema para la elección de gobernantes es el concurso. A nadie se le ocurre que los ministros sean elegidos por concurso. Aquí se trata de un saber prudencial. De proveer los componentes de órganos políticos de la mayor trascendencia, y ahí no basta poder responder preguntas de un cuestionario para determinar quién sabe más que otro, sino de evaluar condiciones morales, trayectoria en la vida,su visión de Estado. Eso es lo que ha hecho grande a la Corte Suprema de los EE. UU.

¿Es bueno el intento de descongestionar la justicia que trae la reforma? Es casi lo único que me gusta. Algunos lo critican como un intento de privatizar la justicia...

La propuesta del Gobierno, aunque tiene muchas dificultades teóricas y prácticas, no es un desatino. Es una exageración considerar que se privatiza la justicia por ese camino. Llamar a los abogados en ejercicio a la colaboración con la justicia puede ser una respuesta de choque transitoria a la descongestión.

Entonces, ¿cuál es el pero?

No veo claro el reclutamiento de juzgadores por el método de conscripción, como se hace en las fuerzas armadas. Habrá que darle más vueltas.

Conclusión: ¿esta reforma nos devuelve a los colombianos la esperanza de una justicia pronta, oportuna y justa?

No. Categóricamente no. Esta es una reforma en la que sus proponentes optaron por una visión de parcheo parcial de la Constitución. De aquí no sale nada que realmente signifique solución a problemas que tengamos. Salvo la eventual apertura de una vía para la descongestión, que hay que profundizar. Esta es una reforma que por desgracia no logra aprovechar los talentos del ministro Esguerra, porque a él le ha tocado comerse el cocinado de un chef que no conocía el recetario.

Al chef lo escuché diciendo que las críticas de algunos juristas se deben a celos, porque no fueron consultados para este engendro de reforma...

El dardo del ministro es un irrespeto a la opinión ilustrada de ciudadanía activa y militante. Es nuestro deber llamar la atención sobre la mediocridad de las soluciones propuestas, y sobre la insuficiencia de los diagnósticos.

MARÍA ISABEL RUEDA
ESPECIAL PARA EL TIEMPO

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