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Editorial: No es carta 'blanca'

Editorial: No es carta 'blanca'

No se trata de una carta 'blanca' para minar la gobernabilidad.

    Una de las novedades para las elecciones regionales de octubre que mayor expectativa y gran preocupación ha creado son los comités promotores del voto en blanco. En cumplimiento de la reforma política del 2009, la Registraduría aceptó la inscripción oficial de 58 grupos de ciudadanos que impulsarán esta opción electoral en 36 tarjetones en todo el territorio nacional.

    Las primeras alarmas se dispararon ante las disposiciones del acto legislativo. A los partidos políticos y comités independientes que le apuesten al voto en blanco se les reconocerán los mismos derechos y garantías de los que gozan las demás campañas electorales, incluida la reposición de gastos, la propaganda electoral y los espacios gratuitos en radio y televisión. A primera vista, este artículo significaría que los organizadores de estas iniciativas, después de los comicios, recibirían ingresos por cada uno de los sufragios en blanco depositados. Teniendo como ejemplo las pasadas elecciones locales del 2007, los 5,7 millones de votos se traducirían en unos 15.000 millones de pesos.

    Afortunadamente, las autoridades electorales emitieron un concepto que restringe esta amplia interpretación. De acuerdo con la resolución 0920 del Consejo Nacional Electoral (CNE), los promotores de esta legítima opción tendrán que cumplir normas adicionales para contar con los beneficios posteriores. Estas organizaciones cívicas deberán recolectar un determinado número de firmas hasta el 30 de septiembre para participar en la jornada democrática de octubre. Además, los electores podrán marcar en el tarjetón una casilla de los impulsores del voto en blanco para contabilizar inequívocamente el apoyo popular a los comités.

    La normatividad de la organización electoral logra equilibrar el espíritu de la reforma política con la necesidad de regular un instrumento poderoso de rechazo colectivo. El acto legislativo buscó convertir a Colombia en uno de los pocos países del mundo donde el voto en blanco cuenta con efectos tangibles. Si los ciudadanos prefieren mayoritariamente esta opción de protesta sobre la totalidad de sufragios válidos, la elección se repite. Al mismo tiempo, los requisitos de firmas aseguran tanto la seriedad de los grupos promotores como su derecho a recibir los beneficios que contempla la ley.

    Esta resolución impide asimismo la trivialización de una herramienta democrática de avanzada. Políticos revanchistas o un puñado poco representativo de ciudadanos no pueden boicotear una elección al atribuirse la decisión de miles de electores. No se trata de una carta 'blanca' para minar la gobernabilidad. Después de la fecha límite, los comités promotores que cumplan las disposiciones del CNE tendrán toda la legitimidad y deberán recibir las garantías para hacer campaña.

    En los próximos comicios de octubre, los electores de varias regiones del país, como Magdalena, Atlántico y Santander tendrán la posibilidad de estrenar un canal sonoro y efectivo de protesta ciudadana. Sin embargo, una revisión de los resultados de hace cuatro años ratifica que no será tarea fácil que esta casilla del tarjetón supere en alguna circunscripción a las marcaciones válidas. Que ningún grupo ciudadano tumbe una elección no significa el fracaso del objetivo de expresar una voz de descontento.

    Por otra parte, si los votos en blanco superan en una elección a los válidos, el sistema político colombiano estará ante un mensaje inequívoco de rechazo popular a esas candidaturas. Rechazo expresado bajo normas claras, con garantías iguales y empleando los mecanismos legales. Una muestra de la democracia en funcionamiento.

editorial@eltiempo.com.co

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