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Investigan a entidades que operan de forma similar a la red Alma Máter

Investigan a entidades que operan de forma similar a la red Alma Máter

Contraloría y Auditoría están detrás de organizaciones en 8 departamentos del país.

La Fundación para el Bienestar Global (FBG), una organización sin ánimo de lucro que apareció hace tres años para asesorar a los alcaldes de Antioquia, es hoy uno de los mayores contratistas de ese departamento.

Las actividades de esta Fundación -creada por iniciativa de la Contraloría departamental y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea)-, que en los dos últimos meses suscribió 129 convenios por 30.000 millones de pesos con la Gobernación y varios municipios de Antioquia, son revisadas con lupa por la Contraloría y la Auditoría General.

El caso de FBG hace parte de un paquete de 23.000 contratos por 4,4 billones de pesos, firmados por alcaldes y gobernadores en todo el país durante los últimos dos años, que son revisados por ambos organismos de control para establecer posibles actos de corrupción.

FBG, dice la Auditoría, opera de manera casi idéntica a la Red de Universidades conocida como Alma Máter, entidad que está en el ojo del huracán por los sobrecostos en un cuestionado contrato con la Secretaría de Educación de Bogotá y que en los últimos seis años ha suscrito convenios con diversas entidades públicas locales, nacionales y departamentales por 940.000 millones de pesos.

Las presuntas irregularidades fueron detectadas por la Auditoría después de analizar 852.143 contratos similares entre noviembre del 2009 y febrero del 2011 en alianza con la Procuraduría. En esa labor de investigación conjunta se han identificado 155 contratos que han desembocado en 21 investigaciones.

Otras entidades

Con esa misma modalidad también fueron detectados 720 contratos que la Cooperativa de Hospitales de Antioquia ha suscrito con entidades públicas en el país y que suman 18.208 millones de pesos. En forma muy similar actúa la Corporación Social Llanera, entidad que entre septiembre del 2010 y febrero del 2011 suscribió nueve convenios por contratación directa y selección abreviada por 1.293 millones de pesos en el Meta.

Lo mismo se encontró en otras nueve fundaciones y cooperativas que operan en La Guajira, Huila, Atlántico, Córdoba, Boyacá y Santander.

La Auditoría encontró que en la mayoría de estos contratos son subcontratistas los que ejecutan las obras, lo que hace pensar que mediante ese mecanismo los alcaldes y gobernadores buscan eludir el proceso de selección objetiva al que están obligados.

REDACCIÓN JUSTICIA

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