Latinoamérica

Brasil: así se someterán a la justicia a miles de detenidos en intento golpista

La comunidad internacional ha mostrado su rechazo a la toma violenta del Congreso en Brasil.

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Pasará mucho tiempo, quizás años incluyendo apelaciones, para que el proceso legal corra su curso.

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Brasil enfrenta ahora la tarea de procesar a cientos de personas detenidas por el asalto a las sedes de los poderes públicos el pasado 8 de enero en Brasilia, la capital del país.
Más de 1.000 personas pueden ser acusadas por la invasión del palacio presidencial, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal una semana después de la investidura del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil.
Un fiscal encargado del caso describió cómo será el proceso judicial.

Miles de detenciones

Más de 2.000 personas fueron arrestadas inmediatamente después de los saqueos a manos de simpatizantes del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro.
De esos, unos 300 fueron detenidos en el lugar de los hechos, pero la mayoría fue detenida durante la redada a un campamento de bolsonaristas, a unos ocho kilómetros de las sedes de los poderes públicos, a donde habían regresado luego de haber participado en el asalto a las instituciones.
Nueve días después, unos 1.400 siguen bajo custodia. Los hombres están recluidos en la cárcel Papuda en Brasilia y las mujeres en Colmeia, ambas sobrepobladas en consecuencia.
Cinco días después de los disturbios, Papuda albergaba a 2.139 presos, por encima de los 1.176 de su capacidad, según el último balance de la autoridad carcelaria. Colmeia tenía 1.148 detenidas, para una capacidad 1.028.
Los acusados por la invasión están separados del resto de los presos. "Muchos de ellos son de otros estados, otras ciudades y van a ser transferidos (...) fuera de Brasilia" en los próximos días para esperar juicio, según el fiscal.
Más de 600 ya han sido liberadas mientras siguen las investigaciones. La mayoría son personas mayores, mujeres embarazadas o madres con niños pequeños.

Autoridades protegen los centros de poder tras las revueltas del domingo.

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Acusados de 'actos antidemocráticos'

Es posible que (no se presenten acusaciones) por terrorismo

El magistrado del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes está a cargo de la investigación de los disturbios. Los detenidos enfrentan varios cargos bajo la categoría de "actos antidemocráticos".
Estos incluyen asociación criminal, intento de subvertir el orden democrático, participación en un intento de golpe de Estado e incitación al crimen, según la Policía Federal.
Entre los crímenes más serios, la participación en un "golpe de Estado" prevé una posible sentencia de hasta 12 años de cárcel, según el código penal brasileño.
Poco después de los hechos violentos, miembros del gobierno, incluyendo Lula, mencionaron cargos por "terrorismo", que conlleva una pena máxima de 30 años de cárcel.
Sin embargo, según la ley, el crimen de terrorismo requiere que la acción se lleve a cabo "por razones de xenofobia, discriminación o prejuicio basado en raza, color, etnia o religión", mientras que los disturbios fueron de naturaleza política.
"Es posible" que finalmente no se presenten acusaciones por "terrorismo", dijo el fiscal.

El gobierno de Lula da Silva ha emitido órdenes de arresto contra manifestantes violentos.

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Audiencias a los acusados

Hasta el martes se habían realizado 1.400 audiencias. Su objetivo es confirmar que los derechos y bienestar de los detenidos está siendo respetado.
Debido al enorme número de acusados, todas las audiencias se hicieron vía videoconferencia. Los jueces de Brasilia fueron auxiliados por magistrados de otros distritos.

Este es un caso que es absolutamente excepcional

La parte acusatoria también fue reforzada con personal de otras regiones. "Fue una semana de 18 horas de trabajo todos los días", dijo el fiscal.
En total, unos cien fiscales federales trabajaron en los cerca de 1.400 casos, con ayuda de unos 400 fiscales estatales. Cientos de defensores legales -públicos y privados- participaron. 
"En una situación normal, si fuese un crimen normal, la audiencia de custodia debería ocurrir en 24 horas y un juez debería decidir inmediatamente", explicó el funcionario. "Pero hay una jurisprudencia que dice que en situaciones excepcionales este plazo puede ser alargado. Este es un caso absolutamente excepcional".
En unos mil casos, el Estado pidió la detención preventiva de los acusados, argumentando que todavía son una amenaza para el orden público.
Si es concedida, la continuidad del encarcelamiento será evaluada cada 90 días. En el resto de los casos, los fiscales acordaron la liberación bajo fianza de los acusados o su reclusión domiciliaria a la espera del juicio.

Jair Bolsonaro y Lula da Silva se disputarán la segunda vuelta.

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Los juicios

Será finalmente el juez Moraes el encargado de decidir quién seguirá en prisión a la espera del juicio, y quién no.
Con las audiencias prácticamente finalizadas, la labor de presentar cargos se traslada ahora a la oficina del procurador general Augusto Aras, nombrado por Bolsonaro. El lunes, la Fiscalía presentó sus primeros cargos, contra 39 personas sospechosas de participar en los asaltos.
¿Habrá un gran juicio contra todos los acusados o varios pequeños? ¿Se presentarán todos ante el STF o los casos serán enviados a las cortes menores? Preguntas aún sin respuesta.
Lo que se sabe es que pasará mucho tiempo, quizás años incluyendo las apelaciones, para que el proceso legal corra su curso.
AFP

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