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‘No admitimos ninguna presión frente a las decisiones de la Fiscalía’

El fiscal Francisco Barbosa  habló, entre otras cosas, de la investigación abierta a Sergio Fajardo.

El fiscal general, Francisco Barbosa, firmó durante una visita oficial a Estados Unidos acuerdos de cooperación con las autoridades de ese país.

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Fiscalía

El fiscal general, Francisco Barbosa, se refirió, en entrevista con EL TIEMPO, a la cruzada que viene adelantando en todas las instancias contra la corrupción, incluida la institución a su cargo. Destacó que 121 personas han sido imputadas, hasta gobernadores, por desviar recursos para la atención de la pandemia, y que priorizó casos como el de Hidroituango, Reficar y Tu Boleta. Afirmó que el año pasado les quitaron 12 billones de pesos a las redes criminales.

¿Por qué tomó la decisión de unificar el CTI, que ya había sido objeto de una reforma en 2014?



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El eje central de la Fiscalía General de la Nación es la investigación. En el 2014 se disgregó el CTI por una ausencia de gerencia en la entidad. Esta circunstancia llevó a que se fracturara la relación entre las direcciones nacionales y seccionales e incluso, como lo hemos visto en los últimos años, se hayan presentado algunos casos internos de corrupción. Lo que busca mi decisión es corregir los errores del pasado y fortalecer el CTI para darle mayor transparencia y control en su acción.



Queremos una entidad respetada y reconocida. Somos 24.000 funcionarios que comprometidos trabajamos por el país. Esta reestructuración se fue consolidando gracias a la presencia que se ha hecho en los territorios. He despachado con mi equipo, aun con el covid-19, en más de 90 lugares del territorio nacional, con resultados y viendo las necesidades de nuestra gente y la manera de llegar a los ciudadanos con mayor eficacia. La unificación del CTI mejora nuestra misionalidad.



No solo la unificación del CTI es vital, hemos generado procesos de promoción interna a más de 1.200 funcionarios, la entidad está priorizada para la vacunación contra el covid- 19 gracias a su ejercicio cotidiano en las calles y en los territorios, y ciudades como Cali, Barranquilla, San José del Guaviare y Popayán tendrán nuevas sedes para el fortalecimiento de nuestra operatividad en las regiones.



Acá debemos superar la idea de que Bogotá es el país. La gente espera más de todas las entidades en los territorios. Esa es mi obsesión. Lo he repetido en varias ocasiones, persiguiendo delincuentes en las ciudades y en la ruralidad, desmantelando organizaciones criminales, atacando la corrupción, podremos dejar una Fiscalía empoderada y fortalecida.



Esto se logra con itinerancia de los fiscales e investigadores, con una visión geográfica, con concentración de actividad investigativa y con articulación. Sabemos hacia donde va a ir la Fiscalía y cómo dejarla lista para que afronte el reto que tiene para los próximos 20 años.



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Entendemos que puso en marcha una estrategia de fondo para combatir la corrupción en la institución. ¿Qué tan grave es el problema?



Nuestra estrategia contra la corrupción va dirigida a lograr la judicialización efectiva y sanción penal de quienes equivocadamente creen que pueden apropiarse de recursos del Estado, pasar por alto sus funciones públicas y favorecer intereses particulares, o actuar con deslealtad ante el compromiso de servicio que se adquiere con el país.



En ese sentido, hemos capturado a algunos funcionarios de la entidad. Han sido pocos casos, no es una generalidad. Aquí, nuestros fiscales y equipos de policía judicial han intervenido con determinación.



Tan pronto han conocido de una denuncia que involucra a un servidor judicial y obtienen los elementos de prueba suficientes para proceder, lo han hecho sin reserva.



Así quedó demostrado con la reciente captura en flagrancia de un fiscal seccional en Santander y un investigador del CTI, al igual con una red de funcionarios en la Seccional de Cali. El mensaje es claro: cero tolerancia con los corruptos.



¿Qué es lo más grave que ha detectado?





Todo hecho de corrupción en funcionarios es grave. Sin importar la categoría que se le pueda dar, afecta e incide negativamente en el trabajo de los demás compañeros y la institucionalidad. Hemos encontrado desde acceso abusivo a información privilegiada hasta recibir dinero por interceder o direccionar el curso de procesos. Insisto, ningún acto de corrupción se tolerará, no importa la magnitud ni las personas que estén involucradas.



Insisto, ningún acto de corrupción se tolerará, no importa la magnitud ni las personas que estén involucradas.

¿Los hallazgos que ha hecho podrían llevar a la revisión de procesos penales ya adelantados?





La ciudadanía debe tener la tranquilidad de que cualquier decisión que se adopta en esta fiscalía está soportada con elementos de prueba suficientes y contundentes.



Se tomarán las decisiones que correspondan y reflejen la realidad procesal. Esto implica que se actuará como corresponda y se interpondrán los recursos necesarios cuando se identifiquen determinaciones contrarias a la ley o dirigidas a favorecer indebidamente a alguien.



A propósito de ese tema tan delicado y común en el país, ¿qué tan grave sigue siendo el problema fuera de la entidad?





La corrupción sigue presente en diferentes escenarios, públicos y privados. Aparece en diversas entidades del Estado, gobernaciones y alcaldías. Sin embargo, debemos indicar que, en casos contra la administración pública, hemos tenido programas exitosos como la estrategia desplegada para enfrentar la desviación de recursos durante la pandemia del covid-19.



Han sido vinculadas a través de imputación 121 personas a nivel nacional, entre las cuales se encuentran los gobernadores de San Andrés, Putumayo y Chocó. Son 64 los procesados que han sido acusados para iniciar la etapa de juicio oral.



Adicionalmente, se trabaja en un eje transversal contra la corrupción por asuntos distintos a la pandemia, que deja resultados positivos entre 2020 y 2021, como 3.102 imputaciones y 220 sentencias condenatorias. Quiero decirle que el año pasado les quitamos a los narcos y a las organizaciones criminales más de 12 billones de pesos.



Este año, por ejemplo, empezamos la estrategia Argenta, que nos permite extinguirles los bienes y recursos también a los corruptos, que es lo que genera el crimen. Es decir, la ambición desmedida por el dinero.





En mi reciente viaje a Estados Unidos, por ejemplo, todas las agencias consolidaron las relaciones judiciales con la Fiscalía y están completamente alineadas contra el crimen transnacional en el sentido de quedarnos con los bienes de los delincuentes tanto en Colombia como en Estados Unidos. Es la única forma de reducir la criminalidad.



(Le recomendamos: 'La Fiscalía ni oculta ni altera ni minimiza las cifras’: Barbosa)



¿Qué tanto se ha logrado golpear a los corruptos?



Hay un gran avance, los resultados que cité son para destacar. Esa protección de los recursos destinados a atender las necesidades de la ciudadanía durante la pandemia es de gran importancia para el país.



Quien intente arrebatarles un peso a los colombianos en estos momentos tiene que pensarlo muy bien porque la Fiscalía actúa con el código penal en la mano.



Las 3.102 imputaciones y 220 sentencias condenatorias por hechos de corrupción, muchas de estas actuaciones que durante años estuvieron sin avances, hablan muy bien de nuestro inquebrantable compromiso.





¿Esa lucha se está perdiendo?



Esta lucha no se detiene. Cada vez que veo información en la que se ataca el trabajo de la Fiscalía General contra la criminalidad, me doy cuenta de que los tentáculos de la corrupción y de los recursos ilícitos están en múltiples ámbitos.



Para mí el mensaje es claro, a más críticas a nuestro trabajo, más incentivo para desmantelar redes criminales y atacar los corredores regionales de criminalidad donde la corrupción también campea.



Por ejemplo, ya conformamos grupos para impulsar las labores investigativas contra la corrupción en las seccionales territoriales, lo que permite acercarnos a la ciudadanía, conocer sus denuncias y visibilizar esos hechos en los territorios. No vamos a detenernos, no estoy en este cargo para gustarle o no a la gente.



Para mí el mensaje es claro, a más críticas a nuestro trabajo, más incentivo para desmantelar redes criminales y atacar los corredores regionales de criminalidad donde la corrupción también campea

Hablando de corrupción, ¿cuáles casos serán priorizados por usted y cuáles decisiones vienen en camino?



En todas las regiones del país hemos priorizado los casos más relevantes y que han repugnado a la ciudadanía. Muchas veces, los casos en provincia no tienen eco a nivel nacional. La tarea de despachar en los territorios nos permite evaluar los impactos delictivos por región.



En cuanto a los casos de impacto nacional, di la instrucción de que se avance con contundencia en asuntos como Hidroituango, Reficar, Tu Boleta, PAE, Odebrecht –que ya tiene tres fases adelantadas y que espero dejar listo al final de mi periodo como fiscal general–, al igual que en múltiples casos de corrupción política que habían estado engavetados por años en la entidad.



En Hidroituango fortalecimos el equipo de investigadores y de fiscales para darle al país respuestas rápidas. Nuestra obsesión es proteger la moralidad pública y defender los recursos de los colombianos. La contundente acción investigativa de la Fiscalía debe llevar a que en los casos en los que existan elementos materiales probatorios o evidencia física se produzcan rápidamente imputaciones y acusaciones.



En este aspecto, la invitación a quienes sean imputados o acusados antes de la audiencia de juzgamiento es que busquen negociaciones con la Fiscalía General a través del principio de oportunidad, herramienta constitucional y legal que le permite al fiscal general suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal para delatar y desmantelar organizaciones criminales.



También los preacuerdos son otra herramienta judicial que nos da la ley para rápidamente obtener las sentencias judiciales. En estos aspectos, los involucrados en esos procesos deben recordar el dicho popular ‘más vale una vez colorado que ciento descolorido”.



(Además: Seguridad y justicia en los territorios / Opinión Francisco Barbosa)



¿Qué responde a las críticas que se han escuchado por decisiones tomadas en el caso, por ejemplo, de Sergio Fajardo y las advertencias de algunos sectores sobre ese tipo de decisiones en épocas preelectorales?



Sobre este aspecto deben decirse varias cosas. En primer lugar, no existe ninguna limitación legal ni constitucional para que la FGN investigue a cualquier ciudadano que presuntamente haya cometido delitos. Tampoco lo que usted llama período preelectoral aparece en las normas legales como limitante de nuestra acción judicial.



Curioso que faltando un año y medio para un período electoral se utilice ese argumento para pedir aforamientos o protecciones constitucionales a ciertos ciudadanos por parte de algunos sectores.



La Fiscalía no tiene límites temporales ni geográficos frente al delito. La Fiscalía seguirá cumpliendo sus competencias y sustentará las imputaciones y acusaciones ante los jueces y no ante otros escenarios. Lo que debe quedar claro es que nadie está por encima de la ley ni de la Constitución. La justicia no funciona con caprichos, sino con elementos materiales probatorios y evidencia física.



El fiscal general no tiene como función constitucional hacer cálculos electorales, lo que se hace en esta entidad es perseguir infractores de la ley penal y en esas estaremos hasta el 13 de febrero de 2024. No admitimos ninguna injerencia ni presión de sectores frente a las decisiones de la Fiscalía General de la Nación.



justicia@eltiempo.com



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