Investigación

Más de 10.000 académicos firman carta pidiendo a Duque frenar abusos

Aseguran que hay crímenes por los que Estado debe responder y solicitan parar la violencia policial.

Se reportaron 305 personas heridas por el accionar de la Policía y el Esmad.

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Milton Díaz. EL TIEMPO

Menos de 24 horas horas fueron necesarias para que, hasta la noche del martes, 10.000 profesores y ciudadanos se adhirieran a una petición en la que le solicitan al presidente Iván Duque hacer "un llamado a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional para parar de manera inmediata la violencia que se viene ejerciendo sobre los manifestantes y que los responsables de los crímenes cometidos sobre la población civil sean investigados y sancionados".

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La carta, dirigida al jefe de Estado, surgió como iniciativa de un grupo de profesores universitarios, que habilitaron un formulario para que más personas se sumaran a la petición.



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Entre los temas que alerta la misiva están los casos de violencia policial, asesinatos y denuncias de violencia sexual por parte de la Fuerza Pública.



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Los académicos, además, cuestionan la militarización de las ciudades: "Esperamos que la figura de 'asistencia militar' no se use de ninguna manera para realizar acciones en contra de la población civil", se lee en el documento.



Frente a los preocupantes hechos de violaciones de derechos humanos que se han registrado, los firmantes aseguran que "constituyen crímenes por los que el Estado debe responder".



Y cierran con un mensaje tajante: "El Estado de Derecho debe prevalecer siguiendo los derechos humanos, no de otra manera".



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Esta es la carta completa

Somos profesores y académicos de diferentes universidades que con profunda preocupación nos dirigimos a usted debido a las graves denuncias que en materia de derechos humanos se viene alertando en varias ciudades de Colombia.



De acuerdo con cifras de varias organizaciones de derechos humanos, durante las manifestaciones que han tenido lugar desde el pasado 28 de abril, se han presentado un número alto de casos de violencia policial, entre los que se encuentran asesinatos y casos de violencia sexual por parte de la fuerza pública.



Según algunos medios de comunicación, la Fiscalía está investigando siete casos de muertes relacionadas con el Paro Nacional, mientras que la Defensoría reporta 16 personas muertas en las jornadas de protesta.



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Como ciudadanos y como docentes, cuya vocación se debe a los jóvenes, no podemos permanecer indiferentes ante el maltrato, el abuso, las persecuciones y el asesinato de los que han sido víctimas algunos manifestantes.



Tampoco podemos permanecer indiferentes ante la militarización de las ciudades. Por lo tanto, le solicitamos que, en su rol de Jefe Superior de la Policía Nacional y Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares, ordene el cumplimiento absoluto e irrestricto de los derechos humanos y el respeto por la autoridad civil por parte de la fuerza pública, en todos los lugares del territorio nacional.



También esperamos que la figura de "asistencia militar" no se use de ninguna manera para realizar acciones en contra de la población civil.



No estamos de acuerdo con ningún tipo de violencia y repudiamos las agresiones en contra de los miembros de la fuerza pública, así como el vandalismo y la destrucción y afectación de los bienes públicos y privados.



Al mismo tiempo, consideramos que el derecho a la protesta pacífica y la movilización social, consagrados en la Constitución colombiana, deben ser respetados y garantizados por el Estado.



Las violaciones a los derechos humanos que se vienen presentando en ciudades como Bogotá, Pereira, Cali, Medellín, !bagué, Popayán y Facatativá, entre otras, y que han sido ampliamente registradas por diferentes medios, organizaciones y ciudadanos, constituyen crímenes por los que el Estado debe responder .



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Le exigimos hacer un llamado a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional para parar de manera inmediata la violencia que se viene ejerciendo sobre los manifestantes y que los responsables de los crímenes cometidos sobre la población civil sean investigados y sancionados.



Es su responsabilidad moral y política hacerlo y no permitir que se siga atentando contra la vida e integridad de los jóvenes y demás ciudadanos, que usted está en la obligación de defender y proteger.



El Estado de derecho debe prevalecer siguiendo los derechos humanos, no de otra manera.



justicia@eltiempo.com



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