Investigación

Colombia enfrenta demandas por casi $ 400 billones

Por fallos en su contra, el Estado ya debe $ 8,7 billones y hoy tiene más de 400.000 demandas.

En una sola de las demandas, las supuestas víctimas son 350.000 personas.

Foto:

Martín García / Archivo EL TIEMPO

Una demanda de un músico retirado de una banda militar que pide estar en el régimen especial de pensiones de las Fuerzas Militares, otra en la que la Dian demandó a la empresa de correo oficial 4-72 por el cobro indebido de un IVA, y una en la que 40 IPS le pedían a la Supersalud $ 85.000 millones por supuestamente haber incumplido la vigilancia a EPS que fueron liquidadas y les debían dinero, son solo algunos tipos de las demandas que enfrenta la Nación.

Contra el Estado hay 406.358 demandas, con corte al 31 de marzo del 2019, con pretensiones por $ 385,94 billones, 1,5 veces más que el presupuesto de la Nación ($ 258,9 billones). Aunque es cierto que el Estado debe responder cuando ha cometido una falta, hay demandas absurdas.

Entre los procesos que más le están costando a la Nación están las acciones de grupo y las de reparación directa por temas que van desde desplazamiento forzado hasta fallas en el servicio de salud y líos pensionales. Algunas de estas demandas, según el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, son injustificadas y desproporcionales, como una acción de grupo por desplazamiento forzado que pretende una indemnización de $ 3.440 billones.

Otras tienen que ver con errores de entidades del Estado. Un ejemplo son los más de 800.000 millones de pesos por los que está demandada Colombia por accidentes presuntamente causados por mala señalización vial. “Es mucho más barato señalizar bien que tener que pagar después por estos casos”, dijo Gómez, y agregó que en este tema ya se está trabajando con el Mintransporte para que se mejore la señalización.

Demandas contra el Estado.
Deudas no pagadas

A esto se suma el hecho de que desde el 2014 el Estado dejó de pagar sus deudas, con lo que a 2018 ya debe $ 8,75 billones, con el agravante de que, por ley, después de los 10 primeros meses sin pagar, a la Nación se cobran intereses a la tasa máxima comercial, es decir, al tope de usura, lo que significa que el Estado acumula intereses anuales de alrededor del 30 por ciento. De hecho, de acuerdo con Gómez, de esos 8,7 billones que se deben, cerca del 40 por ciento son intereses.

Para buscar una salida a esto, en el Plan de Desarrollo se incluyó un salvavidas que permitiría que el Gobierno reconozca como deuda pública estos montos, bien sea con cargo al servicio de deuda del Presupuesto o emitiendo Títulos de Tesorería (TES). Si estos montos se reconocen como deuda pública y la Nación emitiera TES para cubrirlas, pasaría a pagar una tasa anual de entre 6 y 7 por ciento.

Demandas internacionales

Además de los más de 300 billones de pesos en demandas nacionales, otros 5.514 millones de dólares están en disputa en demandas internacionales.

Incluyen la demanda de más de mil millones de los dueños de Electricaribe por lo que consideran una expropiación, tras la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos, y las demandas de Telefónica y Claro. La que está más próxima a resolverse es la de la multinacional minera Glencore, por un fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría.

De acuerdo con Gómez, el tribunal internacional que lleva el caso anunció que en las próximas semanas se conocerá la decisión en la que están en juego 700 millones de dólares.

MARÍA ISABEL ORTIZ
REDACCIÓN JUSTICIA
En Twitter: @M_I_O_F