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Habría demanda contra ‘Aquarela’ por reparación directa a particulares

Agencia Nacional Jurídica del Estado demandará a constructora del polémico proyecto en Cartagena

La polémica Torre de 'Aquarela' en Cartagena enfrenta 6 demandas.

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John Montaño- EL TIEMPO

La agencia estudia  la posibilidad de demandar a los constructores de ‘Aquarela’ por reparación directa contra particulares, por el perjuicio que puede estar causando la construcción de un edificio con esas características, en ese punto de la ciudad”, así lo sostuvo en Cartagena, Camilo Gómez, director de la agencia nacional jurídica del estado, quien acompaña al alcalde de la ciudad, William Dau, en el largo litigio con la polémica mole, que podría ser demolida en el 2021. 

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"Hay una decisión del inspector de policía que tiene una característica judicial, porque es la autoridad competente para ordenar la demolición de la construcción", enfatiza Gómez, quien sostiene que la única responsabilidad en el más grande exabrupto urbanístico de la ciudad la tienen los constructores.



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El principal argumento de Gómez, en su defensa de la ciudad, es que los bienes culturales se protegen por encima de todo, tal como lo ordena La Constitución.



Pero el funcionario va más allá y sostiene que "los constructores deben reparar a los propietarios. Ya hay una decisión judicial en ese sentido. Los constructores sabían que ahí había un riesgo de daño al patrimonio cultural".



La Agencia Jurídica del Estado acompaña al alcalde William Dau ante eventuales demandas que podrían venir contra la ciudad, luego de que el mandatario asegurara que la demolición de la mole será una realidad en la actual administración. 





"Estamos listos para defender al alcalde ante y para impulsar las demandas que han iniciado tanto alcaldía, procuraduría, como la agencia misma. Tenemos un total de 6 procesos, unos contra la alcaldía, en los cuales vamos a participar directamente desde la agencia para apoyar directamente al alcalde, y defender los recursos de la ciudad", sostiene el funcionario, quien agrega que la  nulidad de las licencias a los constructores es una muestra de que el proceso para la demolición va por buen camino.  



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Lucas Tamayo Giraldo, representante legal de la promotora Calle 47, constructora de 'Aquarela'.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres es la responsable de la planificación y la hoja de ruta que seguirán las autoridades para derribar la torre que se levanta en el barrio Torices.



La mole no solo ha puesto bajo amenaza la declaratoria patrimonial de la humanidad de Cartagena, dada por la Unesco en 1984, sino que además invade 619 metros cuadrados de espacio público.



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Amenaza al patrimonio de la ciudad 

Para el director de la Agencia  Nacional Jurídica del Estado la principal preocupación es la declaratoria patrimonial de la ciudad.



"Hay una enorme preocupación de la UNESCO, y Colombia puede perder la declaratoria patrimonial sino se defiende ese reconocimiento al patrimonio cultural, causándole un daño enorme a los cartageneros, a los colombianos, a la ciudad y al turismo", señaló Gómez. 



En este sentido, el Ministerio de Cultura tendrá que presentar ante la Unesco, en los próximos meses, un informe sobre los avances que ha hecho la nación en defensa del patrimonio.



"Los bienes culturales de la nación están constitucionalmente protegidos especialmente, y la afectación de este edificio al patrimonio de la ciudad es enorme", dice el funcionario.



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La mole se levanta a una cuadra del Catillo de San Felipe de Barajas, la joya patrimonial de la ciudad. 





"Acá no se trata solamente de una afectación urbanística, estamos hablando de una afectación al patrimonio y por ello las licencias han sido demandadas", suma Gómez.



Pese a que el Ministerio de Cultura y el Distrito, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura, IPCC, conocieron del proyecto antes de que se levantara la primera piedra, no llevaron acciones preventivas del patrimonio, a tiempo, y hubo negligencia. 



"Cartagena está a punto de perder su condición como ciudad patrimonial de la humanidad, por cuenta de un edificio que no es de vivienda de interés social, y que afecta la condición cultural y patrimonial de la ciudad", explica el funcionario. 



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Todos se preguntan en Cartagena: ‘¿Ese edificio si es vivienda de interés social? Ahí hay muchas dudas

"Tuvieron dos meses para hacer los ajustes ante la invasión de 619 metros del espacio público pero no lo hicieron, y por ello hay una orden de demolición que tiene plena vigencia, validez y se debe cumplir. Además, hay una demanda en la cual está involucrado el curador", dice.



En sus declaraciones en Cartagena, Camilo Gómez fue más allá y concluyó, sobre esta polémico caso: 





"Todos se preguntan en Cartagena: ‘¿Ese edificio si es vivienda de interés social? Ahí hay muchas dudas".



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John Montaño 



Redactor de EL TIEMPO



Cartagena



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