El ministro de Fomento, Rafael Delgado Barreneche, anunció ayer que el Gobierno llevará al Congreso un proyecto de ley por el cual las empresas de la capital del país estarán obligadas a pagar el transporte de sus empleados y obreros desde el lugar de su residencia, dentro del perímetro urbano, hasta el sitio de su trabajo, y regreso. El Estado será el primero en asumir esta obligación, lo mismo que el departamento y el Distrito. El ministro es partidario de un alza racional de tarifas, que quedaría compensada en gran parte con el subsidio que deberán pagar las empresas a sus empleados.

Rojas Pinilla puede regresar cuando quiera

El ministro de Gobierno, Guillermo Amaya Ramírez, dijo ayer a la prensa que, después de haber discutido este punto con el presidente Alberto Lleras, estaba en condiciones de informar a la opinión que, por lo que hace al Gobierno Nacional, el general Gustavo Rojas Pinilla puede regresar al país cuando lo considere conveniente. Fuentes autorizadas dijeron desde las Islas Canarias que, si el Congreso colombiano formula acusación en su contra, el ex dictador general Rojas Pinilla estaría dispuesto a regresar al país para responder cualquier cargo que se le haga.

Las centrales obreras CTC. UTC, CGT y CSTC, Fenaltrase y el sindicalismo independiente, rechazaron las modificaciones a las cesantías propuestas por Confecámaras, y advirtieron ayer que "de ninguna manera permitiremos cambios en la retroactividad".

Igualmente descartaron las modificaciones dirigidas a que las empresas, cuando paguen la cesantía definitiva, no incluyan dentro de la liquidación aquellas cantidades que se han entregado a los trabajadores a manera de "cesantía parcial", por considerar que se viola una conquista laboral instituida.

Lara Bonilla pide solidaridad contra la mafia

El ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, invocó ayer en Santa Marta la solidaridad nacional como el instrumento más eficaz en la lucha que se libra por los fabulosos capitales provenientes del narcotráfico. Se mostró partidario del establecimiento de una justicia especial para el caso del narcotráfico y delitos conexos.

Dijo estar de acuerdo con el tratado de extradición, y que la solución es buscar los medios para conseguir pruebas de los delitos que han cometido esas personas, que han amasado fortunas, y poder llevarlas a la cárcel, que es donde debieran estar.