Entra a recta final proyecto de ley para pagar a residentes médicos

Entra a recta final proyecto de ley para pagar a residentes médicos

Médicos que hacen especializaciones tendrían salario y no pagarían matrículas.

Médicos

Los residentes son médicos que se están especializando, pero que trabajan en los hospitales como parte del componente práctico de su formación. Esa labor no se remunera, sino que se cobra. /Archivo

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Mauricio Moreno

30 de agosto 2017 , 11:56 a.m.

Con el respaldo de gran parte de los gremios médicos y las dudas de sectores como el de las universidades, especialmente en el tema de la financiación y pago de matrículas, avanza en el Congreso el proyecto de ley que busca un reconocimiento salarial para los más de 5.000 residentes médicos que hay en el país.

En la práctica hoy, los residentes son médicos que se están especializando, pero que trabajan en los hospitales como parte del componente práctico de su formación. Esa labor no se remunera, sino que por el contrario se cobra.

El proyecto, autoría de la representante Sara Elena Piedrahita, del partido de la U, ya cursó su trámite en la Cámara y espera ser presentado en el Senado en tres semanas para enfrentar dos debates. Previo a eso, ayer en el recinto de la comisión séptima se citó una audiencia pública para escuchar voces a favor y en contra de la iniciativa.

El texto plantea tres reformas sustanciales. En primer lugar, la creación del Fondo Nacional de Residencias Médicas, que sería financiado -según el texto aprobado en Cámara- con recursos del presupuesto nacional, aportes de la IPS donde los residentes realicen las prácticas, así como dineros de otras fuentes públicas, como los destinados a financiar el programa de becas crédito.

En segundo lugar, la reglamentación del Sistema de Residencias Médicas en Colombia, que definirá la forma de vinculación, remuneración mensual y los beneficios prestacionales, incluyendo los pensionales, vacaciones y demás, para estos profesionales.

Y finalmente, que ninguna de las instituciones de educación superior, prestadoras de servicio o empresas sociales del Estado podrán cobrar matrículas a los profesionales residentes por las especializaciones clínicas.

En concreto, la pretensión del proyecto es que a cada residente se le destine una remuneración de tres salarios mínimos mensuales, según explica Luis Carlos Leal, presidente de la Asociación Nacional de Internos y Residentes (Anir), quien señaló que para garantizar esos recursos a los residentes que hay hoy se necesitarían al menos 180.000 millones de pesos.

Leal afirmó que actualmente “es una vergüenza ser residente médico en Colombia”, teniendo en cuenta que, según indicó, es el único país del mundo que no les reconoce salario a estos profesionales durante los tres a cinco años de formación. “No es plata para enriquecernos, es para sobrevivir. Hay miles de médicos que hoy no tienen derecho al descanso ni tiempo para la investigación porque deben trabajar en otras cosas para subsistir”, manifestó.

El tema de los recursos, claramente, es el que representa más obstáculos para el proyecto de ley. Para el senador Jorge Iván Ospina, médico de profesión y ponente ante la comisión séptima, la iniciativa “solo se salvará con la paternidad del Gobierno, porque tiene implicaciones fiscales y necesita tener de acuerdo a los ministerios de Salud y Educación”, los mismos que le dieron un visto bueno parcial al texto.

Y en esa misma polémica está la propuesta de no pagar matrículas, algo que para varios representantes de universidades que estuvieron en la audiencia pondría en riesgo la apertura de nuevas especialidades en el país. Juan José Acosta, rector de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, dijo que este planteamiento es una utopía pues no tiene en cuenta los costos educativos en que incurren las instituciones y que actualmente las especializaciones no representan para ellos ingresos adicionales y sí déficits.

En ese punto, Gustavo Adolfo Quintero, presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (Ascofame), planteó una modificación al proyecto y es establecer que las instituciones educativas tengan un techo tarifario delimitado por los gastos básicos de la formación.

REDACCIÓN SALUD

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