Empiezan a darse pasos para salvar al río Atrato

Empiezan a darse pasos para salvar al río Atrato

Gobierno, ONG y líderes locales se pusieron las pilas para cumplir una sentencia histórica.

Minería en el Chocó

Un sobrevuelo deja ver las afectaciones ambientales de la minería ilegal sobre el río Atrato y otros ecosistemas del Chocó.

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Steve Cagan -Tierra Digna

04 de julio 2017 , 10:50 a.m.

Hace dos días, más de 40 personas se reunieron en Quibdó, Chocó, para participar del primer consejo asesor de la sociedad civil en materia ambiental, convocado por la Procuraduría General, que tiene lugar en Colombia.

Investigadores y líderes locales  se subieron a una panga y navegaron el río Quito hasta llegar a Paimadó, el municipio más contaminado y deteriorado del departamento. Corroboraron, una vez más, que la minería ilegal se ha ido comiendo a mordiscos uno de los lugares más biodiversos del planeta.

La visita tiene que ver con la sentencia de la Corte Constitucional en la cual, por primera vez en la historia del país, se reconoce a un río, el Atrato, como sujeto de derechos y se le ordena al Estado la protección de su cuenca y afluentes; tal como ocurrió en Nueva Zelanda con el río Whanganui o en India con el Ganges.

Como los árboles o los afluentes no pueden demandar por sí mismos a quienes violen sus derechos, la Corte decidió nombrar “guardianes” que velen por su integridad y verifiquen el cumplimiento de las órdenes, que están respaldadas por casi 200 páginas de estudios y antecedentes.

Y es que la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, las ONG locales, la Corporación Autónoma Regional, los líderes indígenas y afros, absolutamente todos ya habían advertido sobre la magnitud de la situación: la más importante arteria del Chocó está siendo devorada por la locomotora minera, que con sus dragas y buldóceres contamina el agua con mercurio y cianuro, destruye el paisaje, quiebra el tejido social y enferma a la gente.

El profesor Jesús Olivero, investigador en toxicología de la Universidad de Cartagena, no se cansa de advertir que el mercurio se transforma “al mezclarse con el agua (en los ríos y en las ciénagas) en una especie química mucho más tóxica llamada metilmercurio, que es la que termina alojándose en la carne de los pescados, y por esta vía entra en contacto directo con las poblaciones humanas aunque estén a cientos de kilómetros de distancia”.

En otras palabras, significa que aunque usted viva en Bogotá o Medellín, debería preocuparle un poquito lo que pasa en el departamento más pobre de Colombia, pues las consecuencias de la minería y el abandono estatal podrían estar llegando a su plato de comida todos los días.

Por eso, la sentencia ampara los derechos fundamentales a la vida, a la salud, al agua, a la seguridad alimentaria, al medioambiente sano, a la cultura y al territorio, porque la exposición al mercurio provoca efectos perjudiciales en el sistema nervioso central, a nivel renal, cardiovascular, cutáneo y respiratorio, pero también porque las desmedidas ansias de oro y platino han desaparecido 15 especies endémicas de la cuenca, y muy probablemente las que quedan estén contaminadas, afectando la actividad económica y el comercio de los chocoanos.

El último análisis de mercurio que se hizo en la zona, donde se estudiaron 248 muestras de cabello aleatorias, arrojó valores máximos de 98,6 y 116,4 partes por millón (ppm); cuando el límite permitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de 1 ppm.

“La mitad de las personas muestreadas en Quibdó tienen valores superiores de mercurio en su cuerpo”
, advierte Mauricio Cabrera, coordinador de políticas en temas mineros del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, su sigla en inglés). “Pero, curiosamente, en otro estudio hecho en Paimadó, se obtuvieron los valores más bajos; seguramente porque la pesca se ha perdido por la sedimentación y porque la gente le tiene miedo al mercurio”.

A eso hay que sumarle los altos niveles de pobreza (casi toda la población aún vive con el 98 por ciento de sus necesidades básicas insatisfechas), la tala indiscriminada (que en 2015 arrasó con 5.813 hectáreas de bosque), la presencia histórica de grupos guerrilleros y paramilitares que se disputan un territorio donde el 90 por ciento es zona especial de conservación, y las empresas con acento brasilero que con su llegada fueron acabando poco a poco con los principales medios de subsistencia: la agricultura, la pesca y la minería artesanal.

Lo que se logró con esta sentencia es históricamente importante; supone que el país replantee su modelo de desarrollo, se repiense desde el territorio –sobre todo desde los rincones más violentados, y contribuya con la lucha global de salvaguardar el medioambiente. Sin embargo, el mayor reto está en la implementación, en no dejar las buenas intenciones en el papel.

“La decisión de la Corte es un mandato que debe ser acatado de manera inmediata. Es vital el tema ambiental y no podemos darnos el lujo de mirarlo como un asunto menor, que solo importa cuando ocurre una tragedia”, comenta el procurador general, Fernando Carrillo. “Hoy es el Atrato, pero mañana será el Magdalena, el Sinú o el Amazonas”, remata.

Por ahora, esta es la fase de notificación del fallo, lo que significa que cada entidad se está enterando de qué fue lo que dijo la Corte y qué le toca hacer. La idea es que entre julio y agosto de este año se pueda hacer un encuentro comunitario en el departamento para elegir al “guardián del río Atrato”, quien contará con el apoyo de un equipo asesor conformado por el Instituto Humboldt y WWF, que a su vez recibirán acompañamiento de entidades públicas y privadas, universidades, centros académicos y organizaciones comunitarias.

Pero, como para que un enfermo se recupere es necesario tener claro cuál es el mal que lo aqueja, la sentencia ordena estudios toxicológicos y epidemiológicos que muestren un panorama completo y actualizado sobre el nivel de contaminación del río y de la gente. Luego sí se podrá elaborar un plan que ayude a recuperar la cuenca y así evitar daños adicionales o irreversibles.

“Esto implica tener claro cuáles son las zonas más afectadas del río, tener claro los saberes científicos, sociales y culturales, pues si solo hacemos la recuperación de la calidad del agua, sin que nos importe la gente que lo habita, no vamos a conseguir nada. Estas personas se tienen que apropiar de la sentencia y de su río, tienen que defenderlo y entender la magnitud del problema”, comenta Ximena González, abogada de la ONG Tierra Digna, el centro de estudios que asesoró a las comunidades locales.

Además, una de las órdenes más complejas es la de “neutralizar y erradicar definitivamente las actividades de minería ilegal” que se realicen en el río Atrato y sus afluentes,y en todo el Chocó.

¿Eso qué significa? Que el Ministerio de Defensa, la Policía, la Unidad contra la Minería Ilegal, el Ejército, la Fiscalía y hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores deben ponerse las pilas para incautar y destruir dragas, prohibir el paso de combustible y sustancias químicas, así como judicializar a los responsables de la cadena ilegal, que pasa por Bogotá y llega a las vitrinas de EE. UU., las islas Malvinas, Italia o Panamá.

Pero este punto no es cualquier cosa. Según el último censo minero del Chocó, realizado en el 2011, el 99,2 por ciento de las 527 Unidades de Producción Minera (UPM) censadas no tienen título. ¡Casi toda la minería es ilegal!

“No se puede eliminar de un plumazo la minería ilegal sin restaurar las actividades tradicionales de subsistencia, por eso se requiere de un modelo productivo que no los deje al borde de la miseria como normalmente ocurre en regiones apartadas”, explica Felipe Clavijo, abogado constitucional de la Corte.

Estas soluciones no son sencillas: requieren del trabajo coordinado de varios actores, mucho tiempo y dinero. Sin embargo, como nos dijo Cabrera, “se siente un aire de esperanza, una voluntad que parece legítima y un compromiso con aquellos que durante años estuvieron reclamando atención y justicia”.

TATIANA PARDO IBARRA

@Tatipardo2 
Tatpar@eltiempo.com

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