Defender la tierra, el agua y los recursos, cada vez más peligroso

Defender la tierra, el agua y los recursos, cada vez más peligroso

En 2016 fueron asesinados 200 líderes medioambientales, según informe de Global Witness.

Chico Mendes

Chico Mendes, activista ambiental brasileño asesinado en 1988, es el símbolo de la persecución a quienes tienen este liderazgo.

Foto:

AFP

22 de septiembre 2017 , 11:02 p.m.

Ocurrió el 18 de febrero del 2016 a las 2 de la tarde. Aníbal Coronado, líder comunal de Ciénaga de Oro, Córdoba, y excandidato al concejo de ese municipio, fue asesinado por dos hombres que desde una motocicleta le dispararon hasta matarlo. Había sido amenazado por denunciar el “robo” de humedales y la degradación de ecosistemas por terratenientes en esa zona.

En El Bagre, Antioquia, William Castillo Chima, fundador de la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó, fue asesinado por hombres no identificados. El hecho ocurrió luego de que el líder campesino y ambiental participara en una reunión en la cual se discutió el programa de desarrollo de la ciudad. Le arrebataron la vida el 7 de marzo del 2016.

A Maricela Tombé, directora de la Asociación Campesina Ambiental de Playa Rica (Ascap), la asesinaron el 28 de febrero del 2016 a las 9:30 p. m. Tenía 36 años y 2 hijos. Gran parte de su vida la dedicó al trabajo comunitario y a la defensa del territorio. Murió en El Tambo, Cauca.

Estas tres personas forman parte de los 200 defensores del medioambiente y el territorio que perdieron la vida en el 2016, en todo el mundo (cuatro cada semana). Se trata de la cifra más escalofriante registrada hasta el momento por la organización Global Witness, que cada año monitorea los actos de violencia contra líderes que protegen el medioambiente y el territorio. En el 2015 fueron 185 las víctimas fatales.

De los 24 países que fueron analizados, Brasil se mantiene como el de mayor mortalidad (con 49 asesinatos), seguido por Colombia (37), Filipinas (28), India (16), Honduras (14), Nicaragua (11), República Democrática del Congo (10), Bangladés (7) y Guatemala (6).

“Estos hallazgos cuentan una historia macabra. La lucha por proteger el planeta se intensifica rápidamente, y el costo puede ser cuantificado en vidas humanas. Muy a menudo, estas personas son brutalmente silenciadas por las élites políticas y empresariales, y mientras tanto los inversionistas que las financian no hacen nada”, expresó Ben Leather, encargado de campañas de Global Witness.

El 40 por ciento de las víctimas fueron indígenas y el 60 por ciento de las muertes se concentraron en América Latina, la región más peligrosa para ser un protector del territorio, de los bosques, animales y cuerpos de agua. Y la minería es la industria más sangrienta de todas: 33 asesinatos están vinculados al sector.

“Los indígenas no somos seres individuales. Le pedimos siempre permiso a la abuela, que es nuestra madre Tierra, y que desde hace mucho tiempo viene sufriendo”, dice Luis Acosta, coordinador nacional de la Guardia Indígena. “Sabemos que la guerra tiene una justificación económica, y por eso ya no tenemos la esperanza puesta en otros, sino en nosotros mismos, para seguir resistiendo y no desaparecer”, sigue el hombre.

Según el informe de Global Witness, los asesinatos representan el extremo de una serie de tácticas utilizadas para silenciar a los protectores de la naturaleza, que incluyen amenazas de muerte, arrestos, agresión sexual, secuestros, multas, ataques legales, desplazamientos forzados, estigmatización mediática, robos y lesiones personales. Los paramilitares, la policía y los terratenientes fueron los principales responsables de las muertes, según lo explica el documento.

Nuevos temores

“La primera mujer víctima fui yo. Me secuestraron, torturaron y violaron. Fue toda una estrategia para debilitar nuestro grupo de campesinas, que nos aferrábamos a la tierra”, cuenta Beatriz Salas recordando los años 1999 y 2000, cuando paramilitares del frente ‘William Rivas’ se asentaron en el municipio de Puebloviejo, Magdalena, y abusaron sexualmente de cerca de 40 mujeres, hombres, niñas y niños.

Muchos otros fueron desplazados, desaparecidos, asesinados y desmembrados. Hoy, 17 años después, le sigue temblando la voz cuando habla de aquel episodio que le cambió la vida.

Fue en 1996 cuando varias familias decidieron ocupar los predios Chimborazo, Ceibones, Nigrinis y Cantagallar, ubicados en el corregimiento de Tierra Nueva, con el fin de hacerse con territorios baldíos. Les quitaron la maleza y, junto con el maíz, el arroz y otros cultivos de pancoger, sembraron todas sus esperanzas allí. Cuando la tierra volvió a reverdecer, la tragedia les llegó con el peso de las armas.

En el 2016, en Colombia se registraron 37 asesinatos de defensores del medioambiente y el territorio; 22 fueron perpetrados por grupos paramilitares. “Y en lo que va del 2017 ya van más asesinatos que los registrados el año pasado para este mismo semestre”, le dijo a EL TIEMPO Billy Kyte, uno de los autores del informe.

La firma de la paz con las Farc ha generado una sensación de zozobra en muchas poblaciones. Los ambientalistas han advertido que la deforestación seguirá aumentando paulatinamente –el año pasado, el país perdió 178.597 hectáreas de bosque, un aumento del 44 por ciento frente al 2015– y con ella, la ampliación de la frontera agrícola, la construcción de nuevas carreteras y la entrada de nuevos grupos armados.

“Lo más seguro es que se siga registrando un aumento significativo de los asesinatos durante los próximos años, más cuando el Gobierno insiste en atraer inversión extranjera”, advierte.

Proyectos con riesgo

El documento llama la atención sobre el rol que tienen las empresas y las bancas de inversión “que financian proyectos que ponen en riesgo la vida de las personas”, más cuando los derechos de participación, consentimiento y consulta previa suelen ser violados con frecuencia.

Incluso, cuando se convocan reuniones de socialización –menciona el informe–, las empresas suelen negar información revelante, omitir aquellos temas cruciales o simplemente ya se han tomado las decisiones importantes a puerta cerrada y solo llegan a exponerlas, en ocasiones, en un idioma que ni siquiera la comunidad entiende.

“Los proyectos nunca deben comenzar o evolucionar sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas. Deberían ser capaces de participar en procesos críticos como evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos, ambientales y sociales para proyectos como minas, represas o carreteras. Cuando los gobiernos no garantizan estos derechos, las empresas y los inversionistas tienen el deber de defenderlos antes de continuar con sus proyectos”, enfatiza Global Witness.

Un caso significativo ocurrió en septiembre del 2016 cuando la Corporación Financiera Internacional, brazo del Banco Mundial, decidió retirar su inversión a la empresa Eco Oro Minerals, que tenía su sueño dorado en la explotación de 12,6 millones de onzas de oro en el páramo de Santurbán. Luego de varias quejas de lugareños y ambientalistas y de una exhaustiva revisión de las consecuencias que traería la actividad, la institución financiera consideró que el proyecto iba en contra de sus políticas internas.

Carlos Lozano Acosta, abogado ambientalista de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, quien le recordó al Banco Mundial que sus inversiones podrían poner en riesgo a una comunidad de cerca de 2 millones personas, considera que estas formas de violencia en contra de líderes son producto de un deterioro del Estado de derecho.

“Las empresas llegan hasta donde el Estado las deja. Así de simple. La misma empresa puede comportarse distinto en cada país, y esto depende de las instancias de rendición de cuentas que se les exija. Con frecuencia, estas tensiones se incrementan cuando lo que está en juego es la defensa del agua y de las áreas protegidas”, agrega Lozano.

El documento de Global Witness también advierte sobre una “creciente criminalización de los activistas”, quienes deben enfrentar cargos penales sin fundamento. En los últimos dos años, el Business and Human Rights Resource Centre documentó 134 casos de este tipo.

Dora Lucy Arias, del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, sostiene: “No estamos cerrados a la inversión extranjera ni al desarrollo. Lo que no queremos es que nuestra cultura desaparezca, que los proyectos sean coherentes con nuestra cosmovisión, que se respete nuestra autonomía”.

TATIANA PARDO IBARRA
Redactora de VIDA

Los defensores del medioambiente luchan por ti

Los asesinatos contra los defensores del medioambiente se han recrudecido en los últimos dos años. Estos ataques tienen una honda resonancia para cada uno de los habitantes del mundo: si no garantizamos un medioambiente sano, ninguno de nosotros podrá gozar plenamente de los derechos humanos.

El año pasado fue el más sangriento para los activistas del medioambiente: 200 defensores ambientales fueron asesinados en 24 países, y América Latina fue el escenario de 60 por ciento de estos homicidios, según los registros de la organización Global Witness, dedicada a esta materia.

No podemos permitir que quienes luchan por nuestro bienestar sigan cayendo en un campo de batalla que trágicamente se va expandiendo a más países de América Latina y el Caribe, una región reconocida internacionalmente por tener la mayor proporción de áreas naturales protegidas.

Si no apoyamos la conservación del medioambiente y la protección de los defensores, será imposible que todos disfrutemos plenamente de los derechos humanos y gocemos en 2030 del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El ecologista brasileño Chico Mendes (1944-1988), asesinado a causa de su lucha, lo expresó así hace más de 20 años: “Al principio pensé que estaba luchando por los árboles de caucho, después pensé que estaba luchando para salvar el bosque amazónico. Ahora percibo que estoy luchando por la humanidad”.

La mayoría de los conflictos que ponen en peligro la vida de los defensores tienen su origen en el extractivismo, las grandes obras de infraestructura y la ampliación de la frontera agrícola. En ese ámbito hay mucho que podemos hacer.

Los pueblos tienen derecho a ser escuchados y a que sus comunidades se desarrollen de manera sostenible, con total respeto por los derechos humanos. Los mecanismos de consulta previa y participación pública con los que cuentan muchos países de la región deben aplicarse en profundidad. Se necesitan leyes, políticas y acciones en el terreno que garanticen el ejercicio de esos derechos.

Pero, podemos ir más allá y convertirnos en pioneros en el camino hacia una mayor y mejor democracia ambiental: actualmente, los países de América Latina y el Caribe avanzan en las negociaciones para crear un instrumento regional vinculante sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, a partir del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Debemos apoyar este proceso.

En las ciudades, donde vive el 80 por ciento de la población de nuestra región, se derrochan los recursos naturales como si fueran infinitos. Desde la perspectiva urbana, podrían parecer lejanas las batallas de quienes son despojados de sus recursos naturales y de sus hogares ancestrales. Pero no lo son. Debemos escuchar a los defensores del medioambiente atentamente. Su lucha vital también es nuestra.

LEO HEILMAN
Director Regional de ONU Medio Ambiente

Sigue bajando para encontrar más contenido

Ya leíste 20 artículos gratis este mes

Rompe los límites.

Aprovecha nuestro contenido
desde $10.999 al mes.

¿Ya eres suscriptor? Ingresa

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta gratis y pódras disfrutar de:

  • Acceso ilimitado al contenido desde cualquier dispositivo.
  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta gratis y disfruta de acceso ilimitado al contenido, desde tu computador, tableta o teléfono inteligente.

Disfruta del contenido sin límites

CREA UNA CUENTA GRATIS


¿Ya tienes cuenta? INGRESA