Ambientalistas se oponen a luz verde al ‘fracking’ en el país

Ambientalistas se oponen a luz verde al ‘fracking’ en el país

Expertos están preocupados por impacto en la salud pública y el medioambiente.

Con esta maquinaria se rompe la roca madre, fracking

Con esta maquinaria se rompe la roca madre, a kilómetros de profundidad, e inyectan agua para extraer petróleo o gas.

Foto:

Lucy Nicholson / Reuters

28 de agosto 2017 , 12:52 p.m.

Esta semana, la viceministra de Energía, Rutty Paola Ortiz, le aseguró a EL TIEMPO que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible había dado luz verde a la producción de petróleo y gas de yacimientos no convencionales en el país.

La noticia cayó como un baldado de agua fría para los ambientalistas, quienes después de un recorte al presupuesto de la cartera verde, no entienden la razón del Gobierno para apostarle a una técnica tan cuestionada y discutida a nivel internacional como lo es el fracking.

A diferencia de los yacimientos convencionales, con el fracking se intenta romper la roca madre de la tierra, a kilómetros de profundidad, para luego inyectarle a gran presión millones de litros de agua mezclada con químicos y arena, para así extraer el petróleo o el gas que almacena.

La controversia, según expertos ambientalistas, se centra en que dicha actividad podría contaminar las aguas subterráneas con materiales radioactivos, reducir el caudal de los principales afluentes de los que se abastecen las comunidades locales, aumentar la sismicidad inducida, ocasionar problemas a la salud e incrementar la deforestación.

En Estados Unidos, por ejemplo, donde se empezó a utilizar la técnica en yacimientos no convencionales en 1977, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) advirtió que el fracking podría tener un efecto nefasto en la calidad y disponibilidad de agua potable.

El informe, que recopiló más de 1.200 fuentes científicas, concluye que la técnica sí tiene impactos negativos sobre los recursos hídricos.

“No es cierto que se vaya a competir con los nacimientos acuíferos. Por el contrario, se van a respetar los volúmenes del líquido y sus cuerpos, ya que se tienen que proteger a la par con el desarrollo de la operación”, le dijo Ortiz a este medio, asegurando que los operadores deberán tener planes para prevenir posibles contaminaciones y conservar los vertederos.

Debemos tener la capacidad y prepararnos para expedir políticas y hacer gestión ambiental en torno a ese tipo de proyectos porque hoy no la tenemos

El ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, dijo a comienzos de este año que el país aún no estaba listo para implementar esta técnica: “Así pudiésemos estar en esa línea, debemos tener la capacidad y prepararnos para expedir políticas y hacer gestión ambiental en torno a ese tipo de proyectos porque hoy no la tenemos. Ni siquiera tenemos expertos”.

Este viernes, en su cuenta de Twitter, Murillo aseguró que no ha cambiado su posición sobre los yacimientos no convencionales y que está “completamente seguro de que el sector no está listo para este tipo de actividades” y que por eso se está “formulando un plan de alistamiento institucional a cinco años, que permita generar las capacidades técnicas y administrativas necesarias, además de contar con los estudios que se requieren para garantizar la protección del recurso hídrico”.

El plan, según informó, consiste en un estudio detallado de aguas subterráneas y el desarrollo de un inventario de acuíferos del país, especialmente en la zona del Valle Medio del Magdalena, donde se tienen los ojos puestos.

Un estudio sismológico para definir posibles amenazas y medidas de prevención y mitigación de riesgos; la evaluación ambiental de esa región del Magdalena; la verificación y el registro de los fluidos que serían utilizados en esta tecnología, y el fortalecimiento de la capacidad institucional para vigilar la actividad.

Sobre esta propuesta, el geólogo e investigador de la Corporación Terra, Julio Fierro, pregunta: “¿Dónde están los estudios que llevaron al ministro a cambiar de opinión tan rápido, siendo él la persona que debe proteger la biodiversidad de este país? ¿Dónde está Ecopetrol liderando un programa de transición hacia energías más limpias como lo están haciendo muchas otras empresas petroleras en el mundo?”.

Y advierte que lo preocupante es que “los estudios no existen o no están siquiera en la fase preliminar, y no se sabe cómo está el subsuelo del país ni la tectónica y el levantamiento cordillerano ni la ubicación de las aguas subterráneas que podrían ser afectadas”.

Principio de precaución

Precisamente, porque no hay estudios científicos en Colombia que den la tranquilidad de que esta técnica no ocasionará impactos negativos en el medioambiente, la sociedad y la salud pública, en septiembre del 2014 el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, el Foro Nacional Ambiental y el Fondo Mundial para la Naturaleza solicitaron una moratoria al uso del fracturamiento hidráulico en el país, con base en el principio de precaución.

Este principio opera cuando se dan cuatro circunstancias: que exista un riesgo por una actividad humana que pueda generar daño, que ese riesgo tenga bases científicas, que el posible daño sea grave e irreversible, y que subsista la incertidumbre sobre la probabilidad del daño.

Bajo esa premisa, los expertos consideran que ante las dudas es mejor abstenerse.

No a pruebas ensayo-error

La paradoja es que mientras en países como Australia y Estados Unidos, las imágenes de ríos y grifos en llamas, cercanos a las zonas donde se hace fracking, le han dado la vuelta al mundo para visibilizar los riesgos que traería consigo, en Colombia, el vicepresidente de Desarrollo y Producción de Ecopetrol, Héctor Manosalva, defiende “un piloto controlado para aplicar la tecnología y poder conocer, en una prueba práctica, cuáles son los efectos y si esos mitos y leyendas que hay alrededor de los no convencionales son ciertos”.

Para el abogado Rodrigo Negrete, quien conoce de cerca la ley en esta materia, “esto no es una prueba de ensayo-error, menos con una actividad tan riesgosa, peligrosa y que genera una contaminación adicional como lo es esta”.

“Nosotros no somos Estados Unidos, somos el segundo país más biodiverso del mundo y no tenemos una línea base de lo que ha pasado con la explotación de combustibles convencionales durante los últimos cien años, por ejemplo. El interés económico no puede nunca estar por encima de los derechos fundamentales de los colombianos ni de la autonomía territorial”, remata Negrete.

Por los riesgos relacionados con esta práctica, países como Francia, Bulgaria, Alemania, Suiza y Austria también han mostrado su rechazo a esta técnica.

Según Gloria Amparo Rodríguez, directora de Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario, “llama la atención que en otros países se estén prohibiendo estas actividades, mientras que nosotros lo autorizamos. Necesitamos completa claridad sobre el modelo de desarrollo que queremos para el país y repensar otras formas de utilizar nuestros recursos naturales, ¿o nos vamos a echar la soga al cuello para destruir nuestro patrimonio natural?”.

Dada la polémica que ha generado este tema, este viernes se reunieron en Barrancabermeja los líderes de 70 organizaciones que conforman la Alianza Colombia Libre de Fracking.

Desde allá, Carlos Andrés Santiago, miembro de la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas (Cordatec), aseguró que se van a “oponer de manera férrea a la que podría ser la peor decisión ambiental que ha tomado el ministro Murillo este año. El mundo avanza hacia modelos económicos sostenibles mientras a nosotros nos quieren vender la idea de que el fracking es nuestra única salida, y no lo es”.

TATIANA PARDO IBARRA
@Tatipardo2

Sin certeza, toca prevenir

Por: Rodrigo Negrete 
En relación con el anuncio efectuado por este diario es preciso señalar lo siguiente:

1. La posibilidad de adelantar la explotación de hidrocarburos no convencionales (dentro de los cuales se cuenta el fracking) fue establecida por el Gobierno Nacional en virtud de la expedición del Decreto 2041 del 2014, conocido como el de las ‘licencias ambientales exprés’, el cual dispuso que en los campos de explotación de hidrocarburos convencionales se podría adelantar la explotación de combustibles no convencionales con la modificación de la licencia ambiental.

En otras palabras: no se requiere obtener una licencia ambiental si ya existe un campo en explotación, sin importar que se trate de técnicas e impactos diferentes.

2. Por otra parte, es evidente que el fracking es una técnica cuestionada en el planeta, que afecta las aguas (superficiales y subterráneas), suelo y subsuelo, biodiversidad, paisaje, e induce la generación de sismos (por la reinyección de aguas), de manera que su posible desarrollo en el país con mayor diversidad biológica por kilómetro cuadrado del planeta y con una amplia riqueza hídrica amerita consideraciones especiales, en las que el principio de precaución brilla con luz propia.

En casi todos los tratados internacionales sobre medioambiente aprobados y ratificados por Colombia, se establece que ante la ausencia de certeza científica frente a la posible ocurrencia de un daño por el desarrollo de una actividad determinada, la decisión del Estado debe estar encaminada hacia la protección del ambiente, lo que entre otras cosas se traduce en la prohibición o no autorización de la actividad.

3. Otro aspecto importante y necesario frente al posible desarrollo del fracking en Colombia es la necesidad de que el proceso de adopción de los Términos de Referencia haya sido consultado de manera activa y eficaz con los colombianos, proceso que no se ha realizado y que haría inválida cualquier decisión al respecto, por cuanto la participación es un derecho fundamental, en particular frente a las decisiones que puedan afectar a las comunidades.

4. Igualmente, se debe considerar que el instrumento creado por la ley para autorizar el desarrollo de actividades que generan deterioro grave es la licencia ambiental; no obstante, en las sentencias T-154 del 2013 y T-704 del 2016, la Corte Constitucional ha señalado que tal instrumento no está cumpliendo con la finalidad para la cual fue creado, es decir, para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos negativos que ocasionan los proyectos sujetos a la misma, de manera que hoy tampoco existen las garantías que permitan que los derechos fundamentales de los colombianos no sean vulnerados en virtud del desarrollo de actividades sujetas a esta autorización, en particular las que generan mayor riesgo, como el fracking.

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