En medio del paro, primas de 60.000 maestros están en riesgo

En medio del paro, primas de 60.000 maestros están en riesgo

Consejo de Estado señala que las asignaciones salariales extralegales violan la Constitución.

Paro de Fecode

Fecode asegura que el paro nacional indefinido de maestros convoca a unos 330.000 educadores. Empezó el 11 de mayo.

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Juan B. Díaz / EL TIEMPO

15 de mayo 2017 , 02:42 p.m.

En medio del paro nacional de maestros convocado por Fecode, que arrancó el jueves, EL TIEMPO conoció un documento del Consejo de Estado que señala que las primas extralegales que algunos entes territoriales han venido creando desde 1968 para beneficiar a los profesores “no pueden ser pagadas, pues carecen de amparo constitucional y legal”.

Según cálculos del Ministerio de Educación, aproximadamente 60.000 de los más de 300.000 maestros públicos del país se verían afectados por el concepto del alto tribunal. La gran mayoría de estos educadores se concentra en los departamentos de Antioquia, Valle y Cundinamarca, aunque también hay casos en otras regiones. No obstante, es importante aclarar que el resto de primas con las que el Gobierno se ha comprometido no están en riesgo.

Aunque no se conoce una cifra exacta del costo de los beneficios en cuestión, otorgados durante casi medio siglo, está claro que la cifra es astronómica. Fuentes del sector hablan de un valor superior a los 400.000 millones de pesos anuales, que se pagan con recursos de la Nación mediante el Sistema General de Participaciones.

El documento del Consejo de Estado, fechado el 28 de febrero, es una respuesta de la Sala de Consulta y Servicio Civil que no es vinculante, por lo tanto, no obliga al Ministerio de Educación a acogerlo. En otras palabras, no es un fallo.

Sin embargo, el documento se conoce en un momento crítico del paro, motivado principalmente por temas económicos, y podría ser una carta del Gobierno para presionar a Fecode y hacer que los maestros –en cese de actividades indefinido– vuelvan a clases.

Según fuentes consultadas por este diario, el hecho de que estos beneficios se consideren inconstitucionales significa que los organismos de vigilancia podrían abrir investigaciones y, eventualmente, sancionar a las instituciones involucradas en los pagos, principalmente las secretarías de Educación y el Gobierno Nacional.

Una aclaración importante que hace el texto del Consejo de Estado es que los dineros de estas primas no deberán ser reintegrados, pues “se entienden recibidos de buena fe”.

El concepto en mención es una respuesta a una lista de preguntas del Ministerio de Educación sobre asuntos referentes a la creación y el pago de asignaciones salariales de los docentes adscritos a las entidades territoriales.

Lo que el ministerio quería aclarar es por qué, pese a que la jurisprudencia de los últimos años ha señalado que las autoridades territoriales no pueden establecer asignaciones salariales, se ha seguido haciendo en varios departamentos mediante ordenanzas.

Desde hace décadas, las primas extralegales han sido usadas por alcaldes y gobernadores como una especie de capital político que invierten como más les conviene.

El documento del Consejo de Estado asegura que el 14 de diciembre del 2016 fueron escuchados varios representantes de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode). “La agremiación, a la que el ministerio puso en conocimiento de la consulta, se refirió a aspectos normativos, jurisprudenciales y doctrinales en sustento de sus tesis sobre las asignaciones creadas por autoridades territoriales”, se lee en el concepto.

EL TIEMPO consultó a Fecode sobre el concepto del alto tribunal. Jairo Arenas, vocero del sindicato, aseguró que no lo conocía y opinó que, “sin duda, es echarle más leña al fuego”, en referencia al paro de maestros.

“Tenemos que entrar a conocer el concepto, discutirlo y mirar qué acciones se implementan. Son 60.000 maestros que tenían ese beneficio. Me parece gravísimo. El lunes nos pronunciaremos”, aseguró.

Hasta ahora tampoco se conoce una postura oficial del Ministerio de Educación.

Historia del concepto

Para llegar a la conclusión que profirió, el Consejo de Estado revisó tres etapas históricas de la normativa sobre la competencia de los departamentos y municipios para crear salarios y prestaciones.

La primera es que la Constitución de 1886 y la jurisprudencia hasta 1968 reconocían la competencia de las asambleas departamentales para crear asignaciones salariales de los empleados de sus departamentos. Es decir, cada administración regional podía decidir cuánto se les pagaba a los funcionarios públicos de su territorio.

De ahí que el concepto del alto tribunal aclara que las primas extralegales y recursos que se entregaron hasta entonces son ajustadas a derecho y debieron ser pagadas.

En 1968, la fórmula cambió y se determinó que las asambleas departamentales solo tienen la competencia para determinar las escalas salariales, pero no para crear derechos. Entonces, los departamentos que crearon primas extralegales después de ese año actuaron en contra de la Constitución Política. Lo mismo ocurre con las primas extralegales creadas para los docentes después de la Constitución de 1991.

Cronología de la discordia entre el Gobierno y Fecode

El paro de maestros que se inició el jueves empezó a gestarse en abril, cuando se estableció una mesa de negociación en la cual se sentaron representantes del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y de Fecode.

El diálogo surgió de un pliego de peticiones que el sindicato presentó el 28 de febrero, cuando advirtió que convocaría a un paro nacional si no se llegaba a un acuerdo pronto.

Efectivamente, cuando discutieron el punto tres (el económico) y la respuesta del Gobierno fue que no había plata, Fecode decidió detener la negociación e irse a paro.

Otro punto álgido es la prestación del servicio de salud para el Magisterio, que lleva más de un año en proceso de licitación. Sin embargo, Fecode asegura que retomará la negociación si tiene una respuesta frente al tema económico.

La ministra de Educación, Yaneth Giha, asegura que al sindicato se le ha cumplido. “La negociación ha transcurrido bien: llegamos a 11 acuerdos. Me parece injustificado este paro nacional”, opinó.

Todo esto se remonta al 2015, cuando Fecode convocó a paro y, tras varios días de marchas, llegó a un acuerdo. En ese momento, el Gobierno se comprometió a continuar el proceso de nivelación y a aumentar el equivalente a diez puntos porcentuales al salario de los maestros. Estos se distribuirían así: dos puntos en el 2016, dos en el 2017, tres en el 2018 y tres en el 2019.

En ese acuerdo se dejó constancia de que la nivelación salarial debía ser de 16 puntos porcentuales. En ese sentido, el Gobierno se comprometió a revisar el proceso de nivelación en el segundo semestre del 2016, mediante una comisión de alto nivel, la cual debería examinar e indicar los espacios en el Sistema General de Participación para continuar el proceso de nivelación salarial en los años 2020 y 2021.

Y ahí está el punto de quiebre. Según Fecode, el MEN no ha creado esa comisión. A lo que se suma que el Ministerio de Hacienda respondió que no había plata. En consecuencia, Fecode dice que el Gobierno está incumpliendo.

La ministra Giha argumenta que es imposible comprometerse con lo que corresponde a otro gobierno. Y subraya que la cartera educativa es la que más recursos recibe. “Por primera vez, la educación tiene más recursos que la guerra”, ha repetido en varias oportunidades el presidente Santos, que esta semana les dijo a los maestros: “No podemos darles lo que piden porque no tenemos los recursos”.

SIMÓN GRANJA MATÍAS
@simongrma
Redactor de EL TIEMPO

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