Lo que tiene que hacer Colombia para no sufrir por el cambio climático

Lo que tiene que hacer Colombia para no sufrir por el cambio climático

El Ideam dio a conocer el primer apartado de su diagnóstico sobre este fenómeno ambiental.

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La erradicación manual y estímulos como crédito, asistencia técnica y mercadeo de cosechas pueden ser alternativa para librar al campo de cultivos ilícitos.

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Jaiver Nieto Álvarez / EL TIEMPO

05 de noviembre 2016 , 09:35 a.m.

Las políticas económicas, o la ausencia de ellas, condujeron al país en unas ocasiones a ser más vulnerable al cambio y a la variabilidad del clima y, en otras, por el contrario, a ser más resiliente. En particular, la informalidad en general es un poderoso jalonador negativo que nos hace más vulnerables, como lo muestra el caso del proceso de urbanización desordenado que vivió el país durante todo el siglo XX.

Asimismo, otro factor muy negativo en todo el proceso ha sido la apropiación y el uso de la tierra. Este ha sido un proceso donde la mezcla de ilegalidad, informalidad y ausencia de políticas estatales ha llevado hacia la deforestación acelerada del país, a la vez que se ha promovido un uso extremadamente ineficiente de la tierra, en particular en tierras agrícolas para el desarrollo de la ganadería extensiva.

Con lo anterior, es evidente la necesidad de considerar de manera transversal el impacto en la vulnerabilidad al cambio y variabilidad climática de las distintas políticas económicas. Para ello, se requiere introducir una serie de criterios que ayuden a los diferentes sectores a planear las políticas gubernamentales y la inversión pública de tal manera que se reduzca la vulnerabilidad climática con políticas de mitigación y adaptación para lo que se requiere una profunda asociación público-privada, que facilite su implementación.

Entre los criterios que deben incluirse son: la eficiencia en el uso de los recursos, la promoción de procesos de formalización productiva y la de una evaluación económica sistemática de largo plazo de los proyectos de inversión pública. Aquí expongo algunas recomendaciones.

En principio, las actividades informales son el enemigo número uno del medio ambiente y nos hacen cada vez más vulnerables a las consecuencias del cambio climático. Por ello, todo lo que se haga para reducir el costo de realizar operaciones formales debe estimularse.

De igual manera, la tenencia y el uso de la tierra es lo que más incidencia tiene en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), afecta la vulnerabilidad del país y ocasiona un impacto mayor sobre el nivel de bienestar de la población rural ya que lleva a un uso ineficiente de este recurso. Por ello, es clave impulsar el desarrollo y formación del catastro rural, en particular en zonas de frontera agrícola como la altillanura, el Magdalena medio y el Caribe interior.

Una vez consolidado el catastro es fundamental la imposición de impuestos prediales acordes con un uso eficiente de las tierras productivas para facilitar la formación de un mercado de tierras en el país que le quite presión a la ampliación de la frontera agropecuaria.

Hay que repensar la estrategia de erradicación de cultivos ilícitos, pues esto ha llevado a una continua migración de cultivos con la consecuente destrucción de miles de hectáreas de bosque. La erradicación manual más incentivos de provisión de bienes públicos (crédito, asistencia técnica, mercadeo de cosechas, etc.) condicionados a mantener libre de cultivos ilícitos el municipio o región de interés puede ser una alternativa a estudiar.

También es clave promover la conversión de la ganadería extensiva hacia esquemas silvopastoriles que eleven la productividad y permitan la recuperación de bosques es algo que se debe masificar. El Ministerio de Agricultura con la experiencia adquirida por Fedegán y apoyo internacional debería escalar este programa para alcanzar siquiera un millón de hectáreas en lo que resta de este gobierno.

Para desarrollar labores de reforestación e inversión sustantiva en el campo es indispensable resolver el tema de seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra que se introdujo desde comienzos de la década de los noventa.

De otro lado, se debe promover el uso de los escenarios de cambio climático 2011-2100 elaborado por el Ideam en el marco de la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático para la definición de una estrategia e implementación de paquetes productivos para el sector rural.

Asimismo, en la actualización de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) debe hacerse obligatoria la inclusión de la información de los mapas del Ideam para evitar que se desarrollen obras costeras como puertos y construcciones y muelles empresariales con alto riesgo de inundación o sin las adecuadas obras de mitigación.

Asimismo el trazado de carreteras nacionales y locales también deben tener en cuenta estos riesgos.

Otros sectores como el transporte por carretera y público urbano están aumentando rápidamente su contribución a los GEI. Allí también serán importantes la modernización del parque automotor y la formalización de las empresas de transporte para reducir su impacto ambiental.

De cara al posconflicto

La firma de un acuerdo con las Farc, y posiblemente en un futuro con otros grupos alzados en armas, debe traerle en su conjunto grandes beneficios al país: se fortalece el imperio de la ley en todo el territorio nacional y la autoridad del Estado llegará para beneficiar al menos a 120 municipios.

Con lo anterior, vastos territorios y sus comunidades tienen la posibilidad de ingresar a la actividad económica formal. Así mismo, sus poblaciones afectadas por el conflicto podrán aspirar a tener coberturas de educación primaria y secundaria, servicios públicos básicos, acceso a la red nacional de servicio de salud y a mejores vías terciarias.

Si bien esta es una gran oportunidad, también enfrentaremos muchos retos que pueden condenar al atraso por muchas más décadas a estas zonas afectadas por el conflicto y, además, sus territorios se pueden ver aún más degradados si no se actúa de manera integral en ellos.

En particular, estos territorios son de los más deforestados y de uso de la tierra para siembra de coca y ganadería extensiva y, por ende, de los más vulnerables al cambio climático, y la reversión de estas tendencias no se dará de manera automática.

Son varias las acciones que se deben tomar para facilitar su integración a la economía formal y por ende viabilizar la recuperación ambiental de estos territorios y hacerlos menos vulnerables al cambio climático. Un grupo mínimo de acciones serían:

* Tener claro quiénes ocupan esos territorios y qué actividades desarrollan. Para ello serán insumos fundamentales el censo agropecuario recientemente terminado y el censo poblacional que se realizará en el 2017.

*Actualización del catastro, o su formación, si es que aún no existe. Con esto y el censo agropecuario se podrá conocer el estado de la tenencia de la tierra, la ocupación de tierras del Estado, la tenencia de tierras privadas y los posibles reclamos que se puedan derivar de temas de desplazamientos debido al conflicto.

*Adopción por los municipios de la definición y adopción de planes de ordenamiento territorial (POT) que orienten el uso de la tierra de acuerdo con su vocación. Será fundamental adoptar un sistema de prediales diferenciados que premie el adecuado uso de la tierra. A la ganadería extensiva se le podrían aplicar tasas impositivas similares a las de los lotes de engorde para desestimular su uso poco eficiente.

* Incentivar a comunidades que eviten, con el apoyo de la fuerza pública, la presencia de cultivos ilegales en su territorio. Esto podría darse en la forma de inversiones adicionales en obras públicas como carreteras terciarias y las de carácter social como colegios y centros de salud.

Es importante cambiar la lógica de intervención: se premia a los municipios por mantenerse libre de cultivos ilegales, no por erradicarlos. El uso más productivo de la tierra facilitará enormemente la recuperación de otros territorios de conservación forestal y de cabeceras y rondas de quebradas y ríos, todo esto haciendo a estas comunidades menos vulnerables y adaptadas al cambio climático.

Todo lo anterior requiere de una amplia presencia de la fuerza pública y del sector judicial que evite que los municipios caigan en la esfera de influencia de bandas criminales o de otros alzados en armas que, de lograrlo, continuarían con el proceso de degradación del territorio.

La coordinación entre el Ministerio de Medio Ambiente y las comunidades será clave también para la conservación de áreas protegidas y de parques naturales. Para ello, premiar a las comunidades que con su información eviten la depredación de estos territorios también se puede convertir en un relacionamiento fructífero de largo plazo.

En conclusión, este período traerá grandes retos para el Gobierno, la sociedad y las comunidades de los territorios que vivieron por décadas en medio del conflicto.

Desde el punto de vista de su vulnerabilidad al cambio climático, actividades depredadoras como el narcotráfico o la minería ilegal, o su permanencia en actividades como la ganadería extensiva, continuarían la depredación de sus recursos naturales y aumentarían sus riesgos de pérdida de bosques y aguas, desertificación y de menor fertilidad de la tierra y de fenómenos como la erosión.

Por ello, una intervención integral, coordinada y efectiva de las entidades públicas y abrir espacios para la actividad económica formal y empresarial serán factores críticos para la recuperación de estos territorios.

* Fragmento del libro ‘Políticas públicas y cambio climático en Colombia: vulnerabilidad vs. adaptación’, de Hernando José Gómez (coordinación), Liliana Dávila y Martha Gaviria.

HERNANDO JOSÉ GÓMEZ
Especial para EL TIEMPO*

Acerca del autor
Economista de la Universidad de los Andes. Ha trabajado en el Departamento Nacional de Planeación y en el Banco de la República. Fue presidente del Consejo Privado de Competitividad.

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