Tres imprescindibles tareas ambientales para Santos en 2017

Tres imprescindibles tareas ambientales para Santos en 2017

Proyectos de ley como el de minería ilegal y reforma del Sistema Nacional Ambiental no dan espera.

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La ganadería y los cultivos de coca hacen estragos en la selva de La Macarena.

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Miguel Herrera

21 de enero 2017 , 11:32 p.m.

Antes de que la campaña electoral se robe toda la atención política en el 2017, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos tiene la responsabilidad de cumplir con urgentes tareas ambientales.

Un asunto que prometió sería transversal en su plan de desarrollo con el lema de ‘crecimiento verde’, pero que ha tenido fuertes polémicas, especialmente en relación con las licencias ambientales y la atención de emergencias por los cambios extremos del clima como el Niño y la Niña.

Sacar adelante la ley contra la minería ilegal, poner la estabilidad ecológica como prioridad en las zonas de posconflicto, ratificar el Acuerdo de París –primer pacto contra el cambio climático– y reformar el Sistema Nacional Ambiental (un pendiente hace más de dos décadas) son algunas de las sugerencias de un grupo de expertos consultados por EL TIEMPO.

Aunque muchos de los retos responden a problemas estructurales e ineficiencias que acumulan varias décadas, las tareas propuestas para estos once meses se convertirían en el legado mínimo que debería dejar el gobierno Santos tras siete años en el poder.

Agenda verde para no volver a la guerra

Las imágenes de hectáreas completas de bosque talado durante este mes en inmediaciones de los parques naturales La Macarena y Tinigua, en Meta –donde antes se establecían miembros de las Farc y ahora llegaron nuevos colonos– son las primeras evidencias de un temor que ya se predecía en el sector ambiental: sin guerra que los haga inaccesibles, gran parte de los tesoros naturales quedan a merced de nuevos desarrollos, tanto ilegales como legales, que los pueden afectar.

Frente a este escenario, el imperativo para este año en el Gobierno, y entre los proyectos de ley que se tramiten para materializar los acuerdos de La Habana, es establecer los lineamientos de sostenibilidad en esas nuevas zonas; en otras palabras, evitar que la paz le cueste al país su patrimonio verde.

“El Presidente tiene que hacer la agenda ambiental de paz. Tiene que aprovechar la oportunidad para que esas aldeas pasen de la Edad Media al siglo de la sostenibilidad, sin transitar por el capitalismo salvaje”, opina Manuel Guzmán-Hennessey, catedrático de la Universidad del Rosario y líder en temas de cambio climático.

Para el experto, cambios tan estratégicos como proveer a estas zonas electricidad a través de energía solar suponen una nueva manera de entender el desarrollo en esas regiones.

Para Ángela Andrade, presidenta de la Comisión de Manejo Ecosistémico de la Unión Internacional para la Conservación (UICN) y directora de política global de la ONG Conservación Internacional, apostarles a iniciativas como el ecoturismo en esas áreas es otro de los caminos.

“Tenemos que ser mucho más innovadores en las opciones de sostenibilidad que históricamente se les han propuesto a los territorios amazónicos”, explica.

La alerta por este tema no es menor si se tiene en cuenta el compromiso internacional de reducir a cero la tasa de deforestación en la Amazonia para 2020. Solo en 2015, se perdieron 120.000 hectáreas de bosques, según el Ideam.

En países como Guatemala, luego de la finalización del conflicto armado, esta tasa se disparó, razón por la que los expertos insisten en que sin una política ambiental de base, la paz no podría ser “estable y duradera”.

Comando élite contra la minería ilegal

Una de las voces más críticas con el gobierno Santos, el investigador Manuel Rodríguez –quien ha encabezado los movimientos ambientalistas en casos tan álgidos como la transformación de la reserva Thomas van der Hammen, en Bogotá, y la construcción de una estación de la Armada en la isla de Gorgona–, cree que si se tratara de una sola acción a la cual debería consagrarse el trabajo ambiental de este año, sería la lucha directa contra la minería ilegal criminal.

“Si hay un reto grande para este país, no solo por razones ambientales, sino por orden público, es el de la minería ilegal criminal”, advierte el exministro de Ambiente.

La crisis ambiental no es menor: según datos del Ministerio de Justicia y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), cerca de 2.000 hectáreas al mes son deforestadas por cuenta de la explotación minera de oro a cielo abierto. Y el costo financiero también es astronómico: de acuerdo con el reporte de enero de 2017 de la Contraloría, más de 6 billones de pesos dejan de recibirse por esta actividad ilegal en las regiones.

Para hacerle frente, Rodríguez apunta a dos acciones: destinar un presupuesto específico para este flagelo y constituir un comando élite, como el que se tenía para las plantaciones de coca, con el fin de cerrarle el paso a este cáncer ambiental que se apodera con los días de más y más ríos.

La misión del Ministerio de Ambiente será sacar adelante el proyecto de ley para combatir a los autores de estos ecocidios. Aumento de penas y aprovechamiento de los decomisos para la restauración ambiental son algunos de los cambios.

Cambiar la Anla y financiar el sector

Sin duda, una de las metas más esperadas para el 2017, en términos ambientales, es la anunciada promesa del ministro Luis Gilberto Murillo de reformar el Sistema Nacional Ambiental (Sina), del que forman parte institutos científicos y corporaciones autónomas.

Aunque todavía no se conocen en detalle los cambios que introduciría la propuesta, en entrevista con EL TIEMPO, Murillo adelantó que la idea es reforzar la capacidad de vigilancia y control de las autoridades del sector, así como crear una unidad de planeación ambiental similar a la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme).

Para Ricardo Lozano, experto en temas de gobernanza del agua y exdirector del Ideam, lo más importante es que tal reforma parta de una nueva visión estatal sobre cómo los sectores económicos y otros entes gubernamentales deben incluir en sus presupuestos y planes el conocimiento ambiental.

De hecho, el tema de las finanzas es el que más se cuestiona actualmente en el sector. “Cada año le quitan más recursos al Ministerio, que apenas puede cumplir sus funciones administrativas”, apunta Lozano.

Por la falta de recursos, la investigación de los cinco institutos científicos –que como el Humboldt o el Ideam han aportado importantes documentos sobre los páramos y el cambio climático– podría quedar en veremos.

El Ministerio le ha apostado a que con los cerca de tres billones de pesos del impuesto al carbono y otras medidas, se le provea una inyección financiera al sector; no obstante, hay preocupación entre algunos expertos porque estos recursos irían a otros fondos y no directamente a los ambientales.

En esta reforma –para Manuel Guzmán Hennessey, del Rosario– es crucial que se incluya un cambio en la contratación y operación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), la institución tal vez más criticada en el sector por su falta de articulación con las corporaciones autónomas regionales.

Cambio climático, parques y páramos

Otras tareas pendientes se relacionan con la primera política de cambio climático del país, una hoja de ruta que fue anunciada meses atrás.

Además, queda el pendiente de ratificar, vía Congreso, el Acuerdo de París. Y especialmente la primera Ley de Cambio Climático, que está en manos de la Presidencia y debe presentarse al Congreso.

Ese es el documento que conducirá a la reducción de un 20 por ciento en las emisiones de gases de efecto invernadero del país proyectadas para 2030. “El Presidente debe dejar en marcha la implementación de esa política y se debe enfocar en la estrategia rural para iniciativas como Colombia Siembra”, considera Rodrigo Suárez, experto y consultor en temas de cambio climático.

Asimismo, la declaratoria de nuevos parques nacionales como el de la Serranía de San Lucas, entre Antioquia y Córdoba; y el de Cabo Manglares, en el Pacífico, suenan como las nuevas áreas protegidas nacionales.

De otro lado, quedan pendientes las delimitaciones de otros 16 páramos, pero la expectativa también está concentrada en los planes de manejo de los 20 páramos que ya tienen nuevos mapas y donde todavía no se ha avanzado en la eliminación de títulos mineros.

LAURA BETANCUR ALARCÓN
Redactora de EL TIEMPO

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