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Ciencia

'Situación de los suelos en Colombia es catastrófica': Igac

Juan Antonio Nieto, director del Igac desde el 2013.

Juan Antonio Nieto, director del Igac desde el 2013.

Foto:Mauricio León / EL TIEMPO

Juan Antonio Nieto, director de la entidad, menciona que el 40 % de ellos están erosionados.

Redacción El Tiempo
Mil trescientas páginas, divididas en dos pesados tomos de pasta dura, son el resultado de tres años de trabajo que llevó a cabo el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) para analizar el estado actual de los suelos del país. El documento Suelos y tierras de Colombia no solo hace un diagnóstico de cómo se encuentra este importante componente de la geografía, sino que compila valiosa información recabada durante más de 75 años por el Instituto.
Aunque la presentación oficial del libro, esta semana, fue motivo de celebración para el Igac, no así lo fueron sus hallazgos: ‘Colombia perdió 2,4 millones de hectáreas de bosques en 45 años’, tituló este diario, haciendo eco de una de las cifras más alarmantes del informe, que, además, señala en sus cifras que casi la mitad del territorio del país presenta algún grado de erosión y que de esta superficie, tres millones de hectáreas están severamente erosionadas.
Para Juan Antonio Nieto, director del Igac, llamar la atención sobre estos puntos cobra una mayor importancia en la actual coyuntura que atraviesa Colombia, pues entre las misiones de la entidad que preside, además del catastro de tierras, está el estudio del desarrollo rural integral, primer punto de los acuerdos alcanzados en La Habana entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc.
Para Nieto, los temas de suelo, de ordenamiento productivo y ambiental son fundamentales para que el desarrollo agrario sea exitoso, pues la publicación contiene información para que los alcaldes y gobernadores, junto con el Gobierno Nacional, puedan trazar la línea de desarrollo que beneficie al país.
Nieto habló sobre los resultados de la investigación que lideró.
¿Cuáles fueron los hallazgos más alarmantes del estudio?
La situación de los suelos es dramática y catastrófica. Actualmente, el 40 por ciento del suelo del país ya tiene algún grado de erosión, mientras que un 15 por ciento está afectado por la sobrecarga de ganado. Otro de los hallazgos es que en el 2014, la tasa de deforestación alcanzó el 16 por ciento, una cifra histórica. Por su parte, la Procuraduría General de la Nación señaló, en el 2015, que el 61 por ciento de los municipios de Colombia tiene alguna actividad minera y, de ese porcentaje, el 25 por ciento corresponde a minería ilegal. El Igac toma el año 1967 como referencia y compara el mapa de bosques de esa época con el mapa de cobertura del 2012 y establece que el país, en 45 años, ha perdido casi 2,5 millones de hectáreas de bosque.
¿Qué factores, en su orden, han favorecido la deforestación durante las últimas décadas?
La ausencia de autoridades ambientales, de corporaciones autónomas regionales y la manera como, por ejemplo, los alcaldes y directores de planeación territorial no protegen la concentración de bosques, permitiendo que se construyan obras de infraestructura allí. Incluso, factores como la minería ilegal y los cultivos ilícitos están siendo elementos perjudiciales para que la cobertura boscosa empiece a perderse en el país. Quizá la guerra de estos últimos 50 años ha impedido también que el Estado pueda intervenir en esas áreas con mayor rigor.
¿Cuáles han sido las zonas más afectadas?
Básicamente lo que está asociado al piedemonte. Podemos ver zonas como el municipio de San Vicente del Caguán, que tiene la tasa más alta de deforestación del país. Ligado a esa información, vemos que es un territorio que ha desarrollado la actividad ganadera, en el que la comunidad se va desplazando a la zona selvática, buscando otras formas de cultivar. Esa transición hay que mirarla con atención, porque uno de los compromisos establecidos en La Habana es definir las fronteras agrícolas. Ante la ausencia de tierras, esa frontera se va corriendo.
En el estudio se evidencia una recuperación de hectáreas entre los años 2002 y 2012...
La recuperación se ha dado en áreas intervenidas, en las que ha habido procesos de regeneración natural. Esto es algo que pasa también en los páramos, en donde el campesino siembra papa y, como se trata de suelos muy pobres, le alcanza para una, dos o tres cosechas. Por esa razón, ellos se van moviendo a otras tierras, proceso durante el cual empieza la regeneración natural.
Algunos estudios han manifestado que el conflicto armado ha llegado a proteger algunas zonas de bosques y ecosistemas. ¿Ustedes han podido evidenciarlo?
Hay una contradicción: por un lado, algunos informes oficiales muestran que en zonas donde ha estado actuando por décadas la guerrilla, hay cultivos ilícitos. Por el otro, hay una leyenda popular que dice que las Farc han actuado como autoridad ambiental, en el sentido de que han establecido tiempos de veda para la pesca, la caza o la tala. Esas son dos posiciones que la historia futura del país tendrá que mirar con mayor claridad.
¿Qué tan cierto es que el posconflicto podría imponer una presión negativa sobre reservas y ecosistemas más delicados?
Es una realidad que algunas poblaciones se han ido asentando en áreas de bosques, y para eso el Gobierno colombiano ha activado unos mecanismos, como la Ley 2.ª de 1959 (sobre economía forestal y conservación de recursos naturales), que podría eventualmente permitir sustracciones en esos lugares para mitigar la situación de las áreas protegidas.
¿Qué medidas han favorecido la conservación y cuáles están en mora de tomarse?
Esto depende, fundamentalmente, de la voluntad política del país y de los Gobiernos para tomar decisiones que permitan el avance sobre la cobertura boscosa; y segundo, la toma de conciencia que, poco a poco, va calando en la sociedad. El Igac ha venido trabajado en ese tema con las escuelas, las juntas de acción comunal y zonas veredales. Si bien no hay una institucionalidad fuerte en algunos municipios, la educación ambiental ha sido muy importante. Lo que hace falta es que las autoridades ambientales tengan más dientes para ejercer control, tal vez en un territorio más libre de amenazas por parte de guerrilla.
El estudio también analiza el uso que se le da al suelo…
El reto también está puesto en el verdadero ordenamiento del territorio. Por ejemplo, si alguna zona es para la protección, la prioridad es protegerla. Por eso, el caso tan recordado del páramo de Santurbán, en donde la discusión giraba en torno a la producción de agua o la extracción del oro del subsuelo. Son dos cosas que no se deben comparar. Otro instrumento al que el Gobierno está apuntando es a la implementación del catastro multipropósito, en el que se están incorporando variantes ambientales. Antes, para un propietario de una tierra tener árboles o bosques era un problema; ahora se busca darle valor a la conservación porque ya existe en la conciencia de las personas que el bosque también es rentable, ya sea por la producción de oxígeno o de agua.
¿Cuáles son las formas más comunes de uso inadecuado del suelo en el país?
El 28 por ciento del territorio colombiano presenta dos fenómenos: la sobreutilización y la subutilización del suelo. Por eso, hay que alertar a las autoridades ambientales, porque puede haber erosión y colapso de las cuencas hidrográficas. Ante un fenómeno como la Niña habría arrasamiento de cultivos. En ese sentido, cuando el campesino tiene un suelo con vocación agrícola y lo usa para ese fin, debe tener un incentivo; pero si es todo lo contrario y lo usa para ganadería, debe tener un desincentivo al sacrificar un recurso.
El porcentaje de área con vocación agrícola es de 22 millones de hectáreas; de ese total, y según el censo, se están usando casi seis millones. Por otro lado, hay 15 millones de hectáreas aptas para la ganadería, pero se están utilizando para este fin aproximadamente 35 millones.
NICOLÁS BUSTAMANTE H.
Redactor de EL TIEMPO
Redacción El Tiempo
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