Polémica por uno de los decretos del Gobierno que busca combatir la violencia contra las mujeres.

El decreto que obligaría a médicos y enfermeras a denunciar los casos de violencia contra la mujer sobre los que tengan conocimiento, generó ayer un fuerte debate en este gremio.
 
"Aunque no nos oponemos a la norma, nos preocupa que, tal y como ha sido interpretada y expuesta, incluso por la Ministra de Salud, los médicos seríamos obligados a violar nuestro secreto profesional, consagrado en el Juramento Hipocrático y en la Ley 23 de 1981", aseguró Rodrigo Córdoba, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas.
 
De acuerdo con Julio Guzmán, abogado experto en derecho médico, "hasta ahora los médicos en Colombia sólo están obligados a denunciar, por encima del secreto profesional, los casos con clara evidencia de relaciones sexuales de menores de 14 años con adultos; lo demás atenta contra la esencia de la profesión médica".
 
Según Córdoba, preocupa que la norma pueda convertirse en algo negativo: "Si los pacientes empiezan a identificar a sus médicos y enfermeras, a los que confían su vida y su salud, como parte del aparato judicial, pueden llegar a abstenerse de consultar, y eso empeoraría su problema", dijo.
 
Debido a estos reparos, la médica y senadora Dilian Francisca Toro le solicitó al Gobierno nacional modificar la norma. "Los médicos -dijo la Senadora- no entregarían estos datos porque hacerlo violentaría su secreto profesional".
 
La junta directiva de Sociedades Científicas -que agremia a 38 mil especialistas del país- le sugirió a la Ministra de Salud, Beatriz Londoño, que para hacer viable la norma declare, primero, la violencia contra las mujeres como un problema de salud pública.
 
"Esto exigiría crear una serie de mecanismos e instrumentos para la notificación obligatoria, lo cual está lejos de ser una denuncia y permite proteger el sigilo profesional de los médicos. El sistema de salud tendría, entonces, que articularse con el de justicia para poder lograrlo", explicó Córdoba.
 
La propuesta fue recogida por la senadora Toro, quien agregó que "con los informes de los médicos las Secretarías de Salud serían las responsables de reportar a las autoridades judiciales para que dispongan de los procedimientos legales necesarios".
 
Cristina Plaza, alta consejera para la Equidad de la Mujer, aseguró que la norma no obliga a denunciar, "se trata de reportar al sistema de vigilancia en salud para que estos hechos queden consignados y se generen las acciones respectivas sin comprometer el devenir médico. El próximo 20 de febrero se conocerá la reglamentación de la norma, en la que se trabaja, conjuntamente, con los ministerios de Justicia y de Salud".
 
Este decreto fue expedido este miércoles, como parte de una serie de medidas reglamentarias de la Ley 1257, con la que se busca prevenir y sancionar toda forma de maltrato contra las mujeres.
 
REDACCIÓN SALUD
En Twitter: @SaludET