Este tema ha sido objeto de análisis en espacios académicos, empresariales, gremiales y jurídicos.

Casi dos décadas después de estructurado el sistema general de seguridad social en salud, por primera vez los principales actores del sector han coincidido en una cosa: la situación es tan grave que requiere soluciones profundas y urgentes antes de que el colapso afecte el bienestar de los 46 millones de colombianos.

En pocas oportunidades se h a visto que un sector haya sido objeto de tantos análisis y debates en espacios académicos, empresariales, gremiales, jurídicos e, incluso, en el Congreso.

Los debates más sonados de este semestre se dieron en mayo pasado en la Comisión VII de la Cámara de Representantes y en la plenaria del Senado. El primero requirió tres sesiones y duró casi 15 horas. El segundo, dividido en dos días, tardó más de 16 horas.

El debate en la Cámara, aplazado varias veces por el incumplimiento de los funcionarios citados, se centró en el incumplimiento de la mayoría de EPS.

Según la representante Gloria Stella Díaz, del movimiento político Mira, lo que más la alentó a convocar el debate fue "notar la frecuente violación de los derechos de los pacientes", a quienes calificó de víctimas del sistema.

Díaz, que poco después denunció amenazas en su contra relacionadas, según ella, con las investigaciones que hace sobre "la forma como se han robado el sistema de salud en este país", cuestionó que la cobertura del 96 por ciento, tan mencionada cuando de enumerar los logros del sistema se trata, no se refleje en verdaderos servicios de salud para la gente.

Uno de sus soportes fue un amplio informe de la Defensoría del Pueblo que asegura que en los últimos 12 años los usuarios de ambos regímenes (contributivo y subsidiado) han puesto más de un millón de quejas por mala prestación del servicio o por la negación de este.

"El derecho a la salud es el más vulnerado del país porque suma el 14 por ciento del total de las tutelas que se interponen", afirmó entonces la congresista.

Por su parte Vólmar Pérez, defensor del Pueblo, quien ha tenido que acudir a la mayoría de los debates, cita estudios de esa entidad según los cuales el 39 por ciento de los médicos sienten que las EPS violan su autonomía, y las negaciones de servicios de salud incluidos en el POS llegan hasta el 65,4 por ciento.

"Los problemas del sistema no se deben al presupuesto, que es más que suficiente, sino a una inadecuada administración de los recursos", aseguró Pérez en la Cámara.

En ese debate, citado también por Martha Cecilia Ramírez (Partido Conservador), se llamó la atención sobre el hecho de que aquí se cumplan todos los elementos reconocidos por Transparencia Internacional para hacer propensos a los sistemas de salud a la corrupción.

Uno de estos elementos es que cada actor maneje una información diferente. Otro es la fragilidad institucional del sistema, incluidos los organismos de control y vigilancia.

La Superintedencia Nacional de Salud, por ejemplo, ha advertido que debe vigilar a unas 13.200 entidades con solo 303 empleados. Cabe recordar que en el 2011, ese organismo recibió 356.763 peticiones, quejas y reclamos y abrió 255 investigaciones administrativas, además de que impuso 193 sanciones, la mayoría contra EPS, pero también contra entes territoriales.

El debate en la Plenaria del Senado fue citado por Juan Manuel Corzo, del Partido Conservador, y Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático; este último hizo una lista de altos funcionarios que, según él, tienen "serios intereses particulares en el sistema".

Afirmó Robledo que la crisis está sobrediagnosticada, pero que el Gobierno se ha negado a tomar todas las medidas para sacar a la salud del atolladero, por lo que en este país se muere más gente "por culpa de la Ley 100 (de 1993, que creó el actual sistema) que por todas las violencias juntas".

En Colombia, para tomar solo un caso, se mueren al año unas 6.000 mujeres por cáncer de cuello uterino, algo imposible de comprender para una enfermedad que se podría prevenir. El debate sirvió también para recordar la millonaria multa que el año pasado les impuso la Superintendencia de Industria y Comercio a 14 EPS y a Acemi (el gremio que agrupa a algunas de las más importantes del contributivo), por ponerse de acuerdo para negar servicios y por ocultar y falsear información.

"¿Cómo es posible -se preguntó Robledo- que la mitad de los usuarios del país estén afiliados a EPS intervenidas, que ni siquiera cumplen con los requisitos mínimos de funcionamiento? El verdadero Ministerio de Salud de este país es el cartel de las EPS", reflexionó. Y añadió que "el Gobierno no mueve un dedo sin preguntarles a esas empresas (EPS)".

Por su parte, la Corte Constitucional ha dicho que "el Estado debe reflexionar seriamente sobre la necesidad de que entidades privadas en su calidad de intermediarios hagan parte del sistema".

Una de las intervenciones más esperadas y sólidas del famoso debate fue la de la contralora general Sandra Morelli, quien trató de zanjar una discusión de hace mucho al afirmar que "todos los recursos de la salud, sin excepción, son públicos".

Según Morelli, más del 50 por ciento del dinero que maneja el sistema se desvía al lucro privado. Luego, en entrevista con EL TIEMPO, citó dos casos con nombre propio: solamente entre las EPS del régimen contributivo SaludCoop -intervenida desde mayo del 2011- y Famisanar, el Estado ha tenido un detrimento patrimonial de más de 2 billones de pesos.

"Hay casos documentados de medicamentos que cuestan 10.000 pesos pero son recobrados por las EPS hasta por 8 millones de pesos, y esas utilidades son destinadas para pagar inversiones propias en otros sectores", aseguró en el debate la Contralora.

En todos los espacios, la respuesta de la ministra de Salud y la Protección Social, Beatriz Londoño, ha sido que el Gobierno "sí ha tomado medidas de fondo" para sacar de la encrucijada al sistema, y que por primera vez se ha priorizado la atención primaria y la prevención.

También ha recalcado que uno de sus objetivos centrales es fortalecer los sistemas de vigilancia y control y trabajar en unos criterios claros y transparentes de habilitación de las EPS.

"Solo con la creación del Ministerio de Salud ya se ha dado un paso enorme -afirma-. Eso nos ha permitido darle más orden al sistema y ejercer una rectoría más eficiente".

Esta coyuntura es especial porque, además, por primera vez todo el cuerpo médico, las organizaciones sociales y académicas y los hospitales y las clínicas se han unido para afirmar que el sistema ya no aguanta otro parche más y que es hora de que se tomen soluciones de fondo.

Así se lo hicieron saber más de 50.000 especialistas a la ministra y al presidente Juan Manuel Santos, a quienes les dijeron que le presentarán al país una propuesta de reforma del sistema, en concordancia con las órdenes de la Corte.

También son varios los congresistas, e incluso las bancadas, que para la legislatura que comienza el próximo 20 de julio preparan por su cuenta variados proyectos de reforma.

En este ambiente la gente ha visto ahora, en palabras de la Contralora, "cómo por primera vez todos los involucrados se han puesto de acuerdo y cómo prima un ambiente constructivo para sacar al sistema de salud de la agonía".

¿Estará el Gobierno interesado en andar por esa senda y dar esa pelea?

Twitter: @SaludET

Laila Abu Shihab y Carlos Francisco Fernández
Redacción Salud