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Adicciones como problema de salud pública: ¿está el país preparado?

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Adicciones

Ley que así lo establece no ha entrado en vigencia pero ya ha despertado inquietudes entre expertos.

La Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el martes en la noche un proyecto de ley que establece a las adicciones como un problema de salud pública en el país, lo que automáticamente las convierte en una responsabilidad del Estado. (Lea: Por ley, adicción a las drogas ahora será asunto de salud pública)

La norma, propuesta por el senador Juan Manuel Galán, determina que toda persona adicta a sustancias psicoactivas lícitas o ilícitas o al alcohol es un enfermo que requiere atención integral por parte de las entidades que conforman el sistema general de seguridad social en salud. (Lea: Las adicciones más frecuentes de los colombianos)

Y aunque el proyecto todavía está pendiente de conciliación con el texto aprobado en el Senado y de la posterior sanción presidencial, ya ha despertado varias voces a favor y en contra, pues para muchos expertos en teoría llena un vacío -es la primera vez que Colombia reconoce a la drogadicción como un problema de salud pública-, pero no es claro cómo se podrá poner en marcha. (Lea: Juan Manuel Galán dice estar dispuesto a retirar ley sobre adicciones)

De acuerdo con los últimos informes oficiales, entre 700 mil y 900 mil colombianos tienen hoy una adicción al alcohol o a sustancias psicoactivas, y casi 300 mil de ellos necesitan tratamiento inmediato.

La pregunta es si el sistema tiene cómo tratar de manera integral, y cómo hacerle seguimiento, a cada uno de estos pacientes. La respuesta, para la mayoría de los expertos, es negativa.

'No hay cama pa' tanta gente'

Augusto Pérez, director de la Corporación Nuevos Rumbos, afirma que "este país carece de la infraestructura y las personas capacitadas para ofrecer la atención integral de estos pacientes en armonía con la norma".

Una opinión muy similar tienen Beatriz Caamaño, presidenta de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, y Delia Cristina Hernández, directora del Comité de Adicciones de esta agremiación.

Según la primera, "las exigencias de la ley desbordan la capacidad en recurso humano especializado que tenemos y más bien facilitarán que la gente se siga atendiendo en garajes, como hasta ahora".

Para la segunda, "la medida es buena, pero olvida que en Colombia son muy pocos los centros especializados en el tratamiento de estas adicciones, y la mayoría de ellos están restringidos a quien puede pagarlos, que es la minoría".

De ahí que, para esta experta, la mayoría de los adictos en el país se queden sin evaluación especializada y, por ende, sin el tratamiento que requieren.

"Si la ley de verdad se cumple, podría lograr que haya más especialistas y esto facilitaría que los adictos sean bien evaluados y remitidos de manera correcta a centros de baja o mediana complejidad, según la gravedad del problema, para luego tener un seguimiento completo -afirma-. Eso ahora no se da en el país, y es muy grave".

Hoy, además, los pocos centros que existen no tienen auditorías y la mayoría no están debidamente habilitados. Precisamente sobre este tema, la ministra de Salud y Protección Social, Beatriz Londoño, afirmó este miércoles que "además de que ya se han definido formas de tratar a estos pacientes con guías estructuradas, como la del alcohol, se están determinando criterios de habilitación para que los centros que se dediquen a esta tarea lo hagan con calidad".

La Ministra destacó también que "la norma afianza la tarea que ha venido desarrollando este Gobierno en temas de prevención" y reconoce que todavía son muchos los pacientes con adicciones que no son atendidos debidamente por el sistema.

Otra cosa piensa Rosa Calderón, madre de José Luis Álvarez, un joven de 23 años que desde los 17 enfrenta una drogadicción severa. "Ya ganamos una tutela, que obligó a la EPS (pertenece a una del régimen contributivo) a pagar el tratamiento de mi hijo, pero hasta ahora no le ha brindado nada -cuenta angustiada Rosa-. Desde hace dos años pago de mi bolsillo 2 millones 700 mil pesos por un tratamiento mensual en un centro privado, pero hay veces en que no alcanzo a conseguir toda la plata, y el tratamiento se suspende y se retrasa. Todo eso es muy grave para mi hijo".

¿Poca plata?

Jaime Arias, presidente de Acemi (que agremia a las principales EPS del contributivo), asegura que no hay plata para cubrir las adicciones como se pretende.

"Las adicciones caben dentro de las enfermedades de alto costo que incluyen tratamientos prolongados y queremos hacerlo, queremos brindar esos tratamientos pero no tenemos cómo, el dinero con que contamos no alcanzaría si llegan a cargar estos trastornos dentro del POS. No sabríamos cómo pagarlo".

Ramiro Vergara, vocero de la Comisión de Regulación en Salud (CRES), confirmó que esa entidad aún no conoce el texto de la iniciativa y dijo que lo fundamental es tener claro si la norma exigirá tratamientos que hoy estén por fuera del POS, "pues hay que determinar cuánto valen y saber de dónde va a salir la plata para costearlos".

Para Juan Carlos Giraldo, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, "la medida es muy buena, pero hay que estudiar muy bien cómo lograr que no se convierta en una vena que desangre al sistema, porque los tratamientos de las adicciones son muy costosos".

El Ministerio de Hacienda, de hecho, le envió una carta a los ponentes de la iniciativa en la que "se abstiene de emitir concepto favorable" sobre este proyecto, argumentando razones presupuestales.

"En teoría todo suena muy bonito -afirma Néstor Álvarez, presidente de la Asociación de Pacientes de Alto Costo-, es una gran norma, pero como se supone que ahora las adicciones deben ser cubiertas por el sistema, en la práctica pasará como otras enfermedades de alto costo, con las que le 'toman el pelo' a la gente y las EPS evaden la responsabilidad que tienen".

La opinión de la presidenta de la Asociación de Psiquiatría es contundente: "Esta es una medida que el país necesita, pero que carece de soporte, sobre todo porque Colombia ha desconocido durante mucho tiempo la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades mentales, que es donde está el meollo del asunto".

¿Cuánto le costaría al Estado?

Las adicciones son enfermedades crónicas y, por eso, su tratamiento debe ser integral y ser realizado por especialistas calificados. Por lo general, los tratamientos incluyen una parte farmacológica y otra psicosocial.

Se calcula que un centro de baja complejidad para tratar las adicciones cobra, en el país, entre 800 mil y 1 millón y medio de pesos mensuales. En un centro de mediana complejidad se pagan, en promedio, entre 4 millones y 8 millones de pesos cada mes. Sin embargo, se sabe de instituciones que cobran hasta 13 millones de pesos mensuales.

En los centros de baja complejidad los tratamientos pueden implicar que el paciente pase ahí entre 10 y 12 meses. En los segundos hay una fase intensiva que por lo general es de tres meses y luego se pasa a una fase ambulatoria. Esto, con el agravante de que la mayoría de los pacientes sufren recaídas, que prolongan el tratamiento.

REDACCIÓN SALUD
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