Ministra Campo anunció que la propuesta definitiva se entregará este miércoles al congreso.

Con disensos claros respecto al esquema de financiación y a la existencia del lucro en la educación por parte de los rectores de las principales universidades públicas y privadas, quedó listo el proyecto final que reforma la Ley 30 de educación superior y que será llevado al Congreso el próximo 20 de julio.
 
Después de intensas reuniones con diferentes sectores, gremios y asociaciones, 21 foros regionales y más de 200 documentos con propuestas específicas, el Gobierno terminó ayer el proceso de discusión social de su propuesta.

"El fin último es la aprobación de la mejor reforma que fortalezca la educación superior en su conjunto... Ahora se adelantará la discusión en el Congreso de la República. Obviamente, subsistirán las diferencias, pero hemos avanzado mucho en la construcción participativa de la reforma", señaló la ministra de Educación, María Fernanda Campo.
 
Además de reiterar la necesidad de que el capital privado ayude a financiar la educación superior (una manera será a través de la creación de instituciones con fines de lucro), la funcionaria indicó que en el proyecto final se avanzó en la ampliación de fuentes de recursos públicos para el sector (4,5 billones de pesos adicionales en los próximos tres años), en la conceptualización de la educación superior como un sistema, en el fortalecimiento de la autonomía y del sistema de la calidad, y en la incorporación de propuestas relacionadas con internacionalización, investigación y bienestar universitario.
 
"Permanecen disensos importantes que el país deberá discutir y el Congreso tendrá que decidir. Los números de la Ministra no cuadran con nuestra aritmética; son 400 mil millones de pesos adicionales, previstos en tres años para la educación superior, con tareas adicionales; eso es más o menos un aumento en 150 mil pesos por estudiante del sistema por año, que es absolutamente irrisorio", dijo Moisés Wasserman, rector de la Universidad Nacional y vicepresidente de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún).
 
En el ánimo de lucro, reiteró, se mantiene la oposición a esta iniciativa. Por el contrario, Mauricio Alvarado, presidente de la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior con formación técnica profesional y /o tecnológica (Aciet), aplaudió el ánimo de lucro. "No es cierto que sea una perversidad... los recursos públicos no pueden soportar toda la inversión que se necesita para educación superior y se requiere un esfuerzo particular. Lo que hay que fortalecer es el control y la vigilancia", dijo.
 
Agregó, además, que con este proyecto de reforma se acaba la discriminación con las instituciones técnicas y tecnológicas.
 
El representante de la Federación Nacional de Representantes Estudiantiles (Fenares), Giovanni Páez, anunció, por su parte, marchas contra el proyecto de reforma en los próximos días, particularmente por el artículo que permite el lucro en la educación.