José Fernando Isaza reitera que la educación, como bien público, no puede ser con ánimo de lucro.

El jueves, la Ministra de Educación, María Fernanda Campo, y el Viceministro de Educación Superior, Javier Botero, recibieron de los rectores de universidades públicas y privadas tres documentos clave: una contrapropuesta de reforma a la Ley 30 de educación superior, una propuesta de articulado para modificar la Ley en sus aspectos financieros y un proyecto de ley estatutaria que reglamenta la autonomía universitaria. 

Su propósito: reiterarles que la educación superior es un derecho y un bien público y, sobre este principio, le corresponde al Estado garantizarlo "para el desarrollo de la sociedad y del país".

"El objetivo de la educación como bien público no es el ánimo de lucro", enfatiza José Fernando Isaza, rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y presidente de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún) quien, en compañía del rector de la Universidad Nacional y vicepresidente de Ascún, Moisés Wasserman y el rector de la Universidad del Cauca y presidente del Sistema Universitario Estatal, SUE, Danilo Vivas, hicieron la entrega oficial de estos planteamientos al Gobierno.

La reforma, dicen, debe ser para el sistema de la educación superior y no solo la regulación del servicio público. Isaza, en entrevista con EL TIEMPO, habla sobre la contrapropuesta, cuáles son los puntos álgidos y qué esperan del Gobierno.

¿Cuáles son los puntos clave de esta contrapropuesta?

La definición de la educación superior como un derecho fundamental, al igual que la autonomía universitaria; financiación estatal para garantizar la calidad y la equidad como requisitos para ampliar cobertura y un no rotundo a las instituciones con ánimo de lucro. También, que la inspección y vigilancia no deba ser policiva y que la acreditación siga siendo voluntaria y no atada a una tipología.

¿Cree que se logren consensos con el Gobierno en estos planteamientos?

Fue un diálogo interesante. La mayor divergencia se mantiene en el punto de las instituciones con ánimo de lucro, que han demostrado ser un desastre en países como Estados Unidos, pues allí han captado un buen porcentaje de los créditos estatales y tienen índices de deserción superiores al 50 por ciento. El lucro crea distorsión en un sistema cuya función es investigar. Otro punto álgido: la financiación. En lo demás, hay principios de acuerdo. 

Si se persiste en el modelo del ánimo de lucro, ¿qué puede pasar?

Que estas instituciones se concentren en carreras de poco costo. La investigación básica y las carreras de Ciencias no serían el interés del ánimo de lucro, pues esto representa más rentabilidad pública que privada. La historia nos muestra que lo que harían sería comprar universidades ya existentes.

¿Cuáles son las principales diferencias en la propuesta gubernamental de financiamiento?

En que se mantiene el aporte en términos constantes y aumenta como un porcentaje del crecimiento del producto; esto implica que la participación financiera del Estado en las universidades públicas lejos de aumentar, disminuye. 

¿Qué significa esto?

Un aumento real de la participación del Estado en la educación mantiene constantes sus aportes con el IPC y le da todo el crecimiento del PIB y no un porcentaje, es decir, si crece cinco por ciento, se le dan cinco puntos adicionales, más el punto de la calidad y la cobertura. El gobierno no le puede apostar al crecimiento de cobertura a partir de ánimo de lucro. 

¿Qué significa considerar la educación superior como derecho fundamental?

Que si esas personas tienen buena calidad, buenos resultados en las pruebas Saber 11, el Estado debe garantizarle el crédito porque tiene las calidades. Buscamos que se reglamente el derecho, el proyecto del Gobierno reglamenta el servicio.

Ustedes piden que se prorrogue la presentación del proyecto al Congreso...

Esto es importante y se requiere más discusión y ajuste. Muchas universidades le han solicitado al Gobierno que espere un poco, que ajustemos más el proyecto para ver en qué puntos podemos llegar a un acuerdo.

Los plazos para una reforma de educación superior no pueden ser los periodos legislativos...

Vamos a reunirnos el 5 de julio y ahí definiremos el calendario de encuentros posteriores.