Secretaria ejecutiva, Mónica López, promete eficiente gestión. Se reactiva su misión en 12 países.

Tras más de dos años de receso, el Convenio Andrés Bello (CAB), un acuerdo de integración entre 12 países en las áreas de educación, cultura, ciencia y tecnología, retoma sus actividades mientras culmina su proceso de saneamiento financiero, que terminaría en diciembre de este año.

Tras los problemas que tuvo por la firma de convenios que no correspondían a su actividad misional, y que hacen parte de los 1.063 que hoy están en proceso de liquidación, la nueva secretaria ejecutiva del CAB, Mónica López Castro, afirma que habrá un modelo de gestión que "responda a las expectativas de los países, sin derroche".

Uno de los proyectos clave en esta nueva etapa de labores será la construcción de ciudadanía en las escuelas de la región y el acceso a la ciencia y a la tecnología en los 12 países.

El convenio nació en 1970 y hoy lo integran Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela, Panamá, España, Cuba, Paraguay, México y República Dominicana. Se busca que Brasil y Argentina se adhieran.

Revive el Convenio Andrés Bello, ¿para qué sirve?

El Convenio promueve proyectos que desarrollan actividades en educación, ciencia, cultura y tecnología que integran a los 12 países.

¿Para qué le sirve a un país?

El caso más típico es el de las tablas de equivalencia: se desarrolló un acuerdo para que un niño de preescolar de la región pueda transitar por los países y homologar los estudios.

¿Qué proyectos van a desarrollar en esta nueva etapa?

Un proyecto de ciudadanía donde se integren la ciencia, la educación y la cultura. Colombia propuso la construcción de ciudadanía desde la escuela. Vamos a revisar esos currículos y a generar currículos binacionales en las escuelas que estén en las fronteras. También hay que revisar el tema de acceso a la ciencia y a la tecnología en la región y la alfabetización.

¿Cómo está hoy el convenio?

El convenio llegó a tener casi 100 personas en su planta. Hoy es más reducido: solo cinco de planta y seis por contrato. Pasamos de un edificio de seis pisos a unas modestas oficinas. Buscamos un modelo más eficiente que responda a las expectativas de los países sin derroche. En el tema financiero tenemos un convenio con posibilidades de crecer y responder por lo que pasó en la etapa de saneamiento.

¿Y cómo están respondiendo por el dinero que adeudan?

Cuando se suspendieron las actividades en el 2009, había 1.063 convenios firmados. Se planteó devolverles el dinero a quienes se les debía en un plazo de 27 meses. A la fecha, hay 945 convenios liquidados con acuerdos de pago. Quedan por liquidar 21 grandes, que comprenden 118 convenios.

Muchos de esos convenios no tenían nada que ver con la misión del Convenio...

Sí. Algunos organismos no contratan en el marco de su misión y eso le pasó al CAB. Estamos haciendo un análisis jurídico para saber en qué momento se malinterpretó la parte misional del organismo, pues empezó a celebrar convenios en infraestructura. En esta nueva etapa los ministros me prohíben meterme en infraestructura.

¿Cómo evitar que esto vuelva a suceder?

Estamos estableciendo cuáles son los escenarios legales posibles en los que el Convenio puede contribuir con los países. También, revisando si hay suficientes recursos probatorios para determinar si hubo responsabilidades administrativas en las celebraciones de esos contratos.

¿Cuándo terminaría el proceso de saneamiento?

De aquí a diciembre se acaban de hacer los acuerdos y estaremos devolviendo platas los siguientes dos o tres años.

¿Cómo recuperar la confianza de los países?

Una de las recomendaciones que salieron de la reunión con los secretarios nacionales es que todos los procesos y procedimientos tengan rendición de cuentas a los Ministros. Cada convenio que firmemos va a tener su propia cuenta y eso hace que se genere mucha transparencia.

REDACCIÓN EDUCACIÓN