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Los principales reparos al proyecto de modernización TIC

Para la CCIT, el PL152 va a generar un ánimo óptimo para que las inversiones lleguen a las áreas más remotas de Colombia.

Para la CCIT, el PL152 va a generar un ánimo óptimo para que las inversiones lleguen a las áreas más remotas de Colombia.

Foto:Archivo

Los críticos de la iniciativa denuncian un énfasis en la infraestructura en desmedro del contenido.

Wilson Vega
El dato no lo discute nadie: Colombia tiene una penetración de internet del 61 por ciento, lo que según el MinTIC representa alrededor de 20 millones de nacionales sin acceso a la red. La ministra de esa cartera, Sylvia Constaín, señaló, en entrevista con EL TIEMPO, que sin un cambio de reglas tomará veinticinco años cerrar la brecha digital.
Pero el proyecto de ley 152 (PL152), que llegó al Congreso con mensaje de urgencia, ha despertado recelo entre quienes ven en él una concentración de poderes en el Gobierno, un marco exageradamente complaciente con los operadores privados, un riesgo para el futuro de la radio y la televisión pública y, sobre todo, un inexplicable afán por obtener su aprobación sin lo que consideran es el grado suficiente de deliberación.
“La conectividad es una prioridad para el Gobierno, para el país para todos los colombianos que no están conectados. Seguimos comprometidos con tener unas condiciones mejores, cada día que pasa es un día que no damos a los colombianos la posibilidad de tener mejores oportunidades de emprendimiento y equidad", dijo la ministra a la salida del primer debate. En ese, como en cada escenario, ha repetido y repetido un lema que ya suena a mantra: “Este Gobierno quiere conectar al país y conectarlo bien”.
El alto consejero para la Transformación Digital, Víctor Manuel Muñoz, ha descrito al proyecto de ley como nada menos que “fundamental” porque, dice, “permitirá reactivar la inversión en el sector y alcanzar cobertura en zonas en las que hoy no la hay”.
Es algo que celebran voces como la de Alberto Samuel Yohai, presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), para quien este "es un proyecto que va a generar un ánimo óptimo para que las inversiones lleguen a las áreas más remotas de Colombia".

Es un proyecto que va a generar un ánimo óptimo para que las inversiones lleguen a las áreas más remotas de Colombia

Los reparos al proyecto se centraron, al principio, en la idea de que de él emane un regulador convergente para el sector TIC que se encargaría de lo relacionado con la televisión, las telecomunicaciones, el internet y la radio. El rechazo no es tanto al concepto, que no es nuevo, ni exclusivo de Colombia, sino al hecho de que según lo planteado el máximo órgano rector de ese renglón, responsable entre otras cosas de sanciones y reglamentaciones, sería excesivamente cercano a la esfera de influencia del Ministerio y del Gobierno.
La propuesta inicial contemplaba cinco comisionados con periodos fijos de cuatro años: dos elegidos directamente por el Presidente de la República; otros dos, mediante convocatoria pública; y uno en representación de los canales públicos de televisión.
Pero la semana pasada se acordó un cambio que dejaría su composición así: un representante de los canales regionales, un representante del Presidente, dos personas escogidas por convocatoria pública y el Ministro TIC.
La ministra Constaín ha elogiado el carácter técnico de la Comisión, en tanto que algunos sectores han criticado la falta de perfiles asociados a la producción de contenido o con experiencia en temas de derechos humanos.
Santiago Rivas, presentador de Los Puros Criollos, uno de los espacios más premiados de Señal Colombia y, de hecho, de la televisión colombiana, dijo: “Queremos un regulador convergente, pero uno que no esté anclado en el gobierno, que no esté compuesto solo por abogados, ingenieros, administradores y economistas, sino que sea un comité de regulación de gente que sepa sobre contenidos. Eso evidencia en qué se van a gastar la plata, están quitando dinero a contenidos para reforzar infraestructura”.
El proyecto también ha recibido cuestionamientos respecto a la posibilidad de que se disminuyan los recursos para la financiación de la televisión pública en el país.
Rivas ha sido particularmente vocal en sus críticas por este aspecto. En charla con EL TIEMPO, dijo: “Lastimosamente, nos hemos acostumbrado a que en Colombia se legisla para los privados. Enarbolando una causa justa, que en este caso es la conectividad y el refuerzo de una infraestructura, se termina dando pie para que otras causas injustas se posicionen dentro de la legislación, que queden en papel y amparadas por los votos de los congresistas”.
“La cosa es que una internet sin independencia, sin neutralidad no es internet. Si el lobby viene desde Facebook, desde Google, desde Apple, desde las grandes empresas que están manejando capitales en internet, lo que estamos haciendo es arriesgar el futuro de la televisión comunitaria, de la radio digital, de los youtubers, de los creadores independientes de contenido, que no dependen de intermediarios”, agregó.
Yohai, por el contrario, cree que el proyecto “va a beneficiar la televisión pública fortaleciéndola y garantizándole recursos que hasta el momento jamás se le han garantizado para proteger ese patrimonio nacional que son los contenidos regionales”.

Un proyecto que no se discute rigurosamente y que no tiene la voz ciudadana, es un proyecto que probablemente sea inconveniente, carezca de legitimidad y debilite la democracia deliberativa

El senador Antanas Mockus le pidió a la Ministra, en una carta pública, que se dedique más tiempo para el debate de la iniciativa. "Un proyecto que no se discute rigurosamente y que no tiene la voz ciudadana, es un proyecto que probablemente sea inconveniente, carezca de legitimidad y debilite la democracia deliberativa", adujo Mockus.
Es una inquietud que comparte el periodista Daniel Coronell, para quien preocupa que “el Gobierno se ha propuesto sacar esto a toda marcha, ‘ferrocarrilearlo’, tratando de armar unas mayorías sin considerar la visión de todos los sectores implicados en una decisión tan importante como esta”.
“Pienso que es un tema importante, pero que hay cosas que sí son prioritarias: la hambruna que padecen los niños en La Guajira, las condiciones de la inmigración venezolana… son cosas más importantes y urgentes y no reciben mensaje de urgencia. Estos trámites afanados, en donde quieren aprobarnos una ley a los trancazos mientras suenan los villancicos, buscan aprovechar la temporada de diciembre para que esto pase volando y calladito y no se vea qué es lo que está pasando”, indicó.

El Gobierno se ha propuesto sacar esto a toda marcha, ‘ferrocarrilearlo’, tratando de armar unas mayorías sin considerar la visión de todos los sectores implicados

¿Beneficio a privados?

Pero los cuestionamientos más fuertes vienen de parte de quienes creen que el proyecto de ley favorece de manera descarada los intereses de actores privados como canales de televisión y cableoperadores. La ministra Constaín no ha ocultado que las nuevas reglas de juego buscan hacer atractiva la inversión de capitales privados, pero eso no ha evitado señalamientos por propuestas incluidas en el documento como la de renovar el plazo de los permisos para el uso del espectro radioeléctrico hasta por 30 años. En un cambio acordado durante el debate, se rebajó esa cifra a 20 años. Constaín ha dicho que 20 o incluso 30 años no es un plazo largo “si se considera todo lo que falta por conectar”.
No lo cree así Coronell, para quien “se están buscando grandes rebajas en los costos de los grandes operadores, por ejemplo, de la televisión por cable, y esta es una norma con dedicatoria propia, para favorecer a Carlos Slim y sus intereses en Colombia”.
Aclarando que habló a título personal y no en representación de ese canal, agregó: “Se están cambiando las condiciones de competencia en la televisión abierta, dándole a Caracol y RCN unas ventajas competitivas que en la práctica sacarían del ‘ring’ al Canal Uno”.
“Bajo las reglas actuales, Caracol y RCN están pagando un precio fijo por la concesión. Es el caso también del Canal Uno, que está pagando por una concesión de espacios y no de frecuencias”. Con la aprobación de la ley, añadió, “Caracol y RCN recibirían el doble del espacio de la concesión (20 años) y ya no se calcularía como un precio fijo, sino como un porcentaje de la publicidad. Entonces, si uno de los actores, que casualmente es el más débil, tiene que pagar un precio fijo y en menos tiempo, pues es mucho más difícil que pueda armar un esquema de negocio que le permita sobrevivir, cuando tiene a los más fuertes con ventajas por parte del Gobierno”, dijo.
Al respecto, Rivas apuntó: “¿Qué papel cumple la televisión privada? Ellos quieren pagar menos plata. Si ganan menos, pagan menos, porque no hay una cuota fija sino un porcentaje. Un porcentaje que a nosotros nos parece justo y que es una pequeña parte del capital que ellos tienen y que sirven para que la televisión pública pueda seguir siendo una alternativa, complementaria a las otras que existen”.
La ministra Constaín no acepta que se trate de “ahorrarles” plata a empresas privadas. Para ella el PL152 se trata de un proyecto marco para todo un sector que apunta a modernizar el sector de la televisión como a otros sectores y es enfática en que “nadie está regalando absolutamente nada”.
El realizador concluyó: “No somos enemigos de la televisión privada. Nos conviene que le vaya bien para que podamos seguir haciendo lo que hacemos. (…) La conectividad es importante, eso está claro. Ya que están llevando cables a La Guajira, aprovechen y lleven comida, pues hay niños muriéndose de hambre. Hay cosas más urgentes y este, que es un tema importante, y que precisamente por lo importante no debería ser tratado con urgencia sino al contrario con una concertación más amplia. Obviamente la conectividad es buena, pero si no hay contenidos eso solo son cables y antenas. Y se van a gastar la plata en cables, antenas y satélites que no tienen nada que mostrar y nada que decir salvo lo que un organismo de regulación enclavado en el Gobierno quiera que se diga”.
REDACCIÓN TECNÓSFERA
Wilson Vega
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