Comienza el semestre legislativo para la paz

Comienza el semestre legislativo para la paz

Las sesiones extra en el Congreso para implementar el acuerdo de paz se inician este lunes.

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El alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo (izq.), y el abogado de las Farc Enrique Santiago (der.) en el Congreso.

Foto:

Juan Diego Buitrago / EL TIEMPO

16 de enero 2017 , 07:47 a.m.

Los congresistas tuvieron este año que acortar sus vacaciones para volver al Capitolio con una sola idea en mente: sacar adelante los proyectos para hacer realidad el acuerdo de paz.

Las sesiones extra, convocadas por el presidente Juan Manuel Santos, para desarrollar lo pactado en Cuba se iniciarán esta semana con un proyecto que promete un debate candente: la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pues este ha sido el mayor tema de discusión entre defensores y detractores de lo pactado en La Habana.

“Esta reforma constitucional es la que va a imponer justicia a los miembros de la guerrilla, ofrecer verdad a la sociedad y contribuir a la lucha contra la impunidad”, explicó Mauricio Lizcano, presidente del Senado.

Los otros dos proyectos que están en la agenda son el que regula la participación de los voceros de la guerrilla durante el estudio de los proyectos y el que obliga a las entidades del Estado a cumplir con lo acordado.

Todos los proyectos se discutirán bajo el procedimiento legislativo especial o vía rápida, que agiliza el trámite de las iniciativas de paz. (Lea también: Delegado de la ONU para elegir a magistrados para la paz será externo)

Creación de la Justicia Especial para la Paz

Esta reforma constitucional le dará vida a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Esta estará basada en un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Bajo su amparo se crearán, entre otras, dos instancias claves: la Comisión de esclarecimiento de la verdad y el Tribunal para la paz.

La primera buscará establecer la verdad de los hechos que rodearon el conflicto armado en Colombia. La información recaudada allí no podrá ser trasladada a las autoridades judiciales.

Y la segunda, el Tribunal para la paz, será la encargada de conocer los procesos contra guerrilleros y militares señalados de delitos atroces. En el caso de los uniformados, esta instancia se aplicará para quien quiera acogerse a ella.

También se contempla la creación de una Sala de Amnistía, que se encarga de aprobar el perdón para los guerrilleros que solo son acusados de delitos políticos y conexos.

Por tratar los mismos temas, este proyecto se acumuló con otra reforma constitucional que se había radicado para el tratamiento a los agentes del Estado.

Cumplimiento de lo pactado en La Habana

Uno de los proyectos de acto legislativo que se tramitarán en este semestre será el que obliga a que todas las entidades del Estado cumplan con lo acordado. Para ello, se establece que la actuación de “todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del acuerdo final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del acuerdo final”.

Igualmente se establece que “los contenidos del acuerdo final” que “correspondan a normas de Derecho Internacional Humanitario o derechos fundamentales” serán “obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y las leyes de implementación y desarrollo del acuerdo final”.

Vocería para los ‘guardianes del acuerdo’

Desde el próximo miércoles, las comisiones primeras de Senado y Cámara tramitarán el proyecto de ley que reforma la Ley 5.ª de 1992 o reglamento del Congreso para regular la participación de los voceros de las Farc en el desarrollo constitucional y legal del acuerdo de paz. En este proyecto se establecerá que estos voceros –tres en Senado y tres en Cámara– serán convocados “a todas las sesiones en que se discutan” los proyectos para desarrollar lo pactado y que “podrán intervenir con las mismas facultades que tienen los congresistas durante el trámite legislativo, salvo el voto”.

También se dice que el Gobierno “garantizará los recursos necesarios para su funcionamiento y trabajo”.

Con este proyecto, los llamados ‘guardianes del acuerdo’ podrá intervenir en los debates como cualquier congresista.

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