Comienza una semana clave para los ajustes al Acuerdo Final

Comienza una semana clave para los ajustes al Acuerdo Final

Uribistas deben entregar propuesta concreta sobre los puntos que piden reformular.

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Esta será una semana crucial en la que se espera que se avance en los ajustes a lo pactado con las Farc.

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Mauricio Dueñas / EFE - Guillermo Legaria / AFP - Archivo particular

10 de octubre 2016 , 03:11 a.m.

El Gobierno y los críticos del Acuerdo Final con las Farc comienzan una semana crucial en la cual se espera que se avance en los ajustes a lo pactado con la guerrilla, en La Habana (Cuba).

Los delegados del Centro Democrático, uno de los principales promotores del ‘No’ en el plebiscito refrendatario del acuerdo, deben entregar este lunes al Gobierno Nacional un documento con las propuestas específicas para los puntos que, según ellos, se deben reformular en lo pactado.

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El presidente Juan Manuel Santos, quien este domingo hizo su primera salida a una región del país luego de ser galardonado con el Premio Nobel de Paz, afirmó que insistirá hasta el final en la consecución del fin de 52 años de conflicto armado con las Farc.

“Vamos a persistir, persistir y persistir” en la paz, les dijo Santos a las familias de los afectados por la violencia en Bojayá.

Adicionalmente, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, afirmó este domingo que hay “caminos abiertos” para “introducir ajustes viables y razonables” a los acuerdos “de manera rápida”.

Propuesta uribista

Por los lados del uribismo, este domingo el expresidente y jefe máximo del Centro Democrático, Álvaro Uribe, dio a conocer algunas de las propuestas que su bloque presentará hoy para ser analizadas por el Gobierno y llevadas a la mesa de negociaciones.

(Además: ¿Qué tan posibles son las 10 propuestas de Uribe?)

Una de las inquietudes en el uribismo ha sido que el Gobierno tenga la verdadera intención de renegociar el Acuerdo Final con las Farc y que los cambios en el texto sean de fondo.

En entrevista con EL TIEMPO, uno de los delegados del Centro Democrático, el precandidato presidencial Carlos Holmes Trujillo, afirmó que se debe “actuar con celeridad sin sacrificar la profundidad”.

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Y en su propuesta, Uribe pidió que “las discusiones sean públicas para evitar las tergiversaciones”.

Los retos del Gobierno

Cabe recordar que el viernes el Gobierno y las Farc emitieron un comunicado conjunto en el que manifestaron su disposición a “discutir” los “ajustes y precisiones” necesarios en el acuerdo. En todo caso el Gobierno tiene ahora dos retos: por un lado, debe conciliar estos ajustes y precisiones con los uribistas, principales opositores al presidente Santos, labor que comenzará a ejecutarse desde hoy y seguirá el jueves. Y por el otro, llevar estas propuestas a las Farc para negociarlas con ellas.

Pese a la disposición expresada por esa guerrilla, algunos de sus líderes, como ‘Carlos Antonio Lozada’, han dicho que “tener voluntad de paz no significa que el acuerdo ya firmado se pueda modificar”.

(Lea: La propuesta de Uribe sobre justicia para las Farc)

Este diálogo del Gobierno con los uribistas deberá ser nutrido también por las propuestas de otros sectores críticos a lo acordado, entre los que están el expresidente Andrés Pastrana, el exprocurador General Alejandro Ordóñez y la exministra Marta Lucía Ramírez, quienes también tienen sus ideas.

La propuesta del Fiscal

Fuentes de la Fiscalía aclararon que el ente acusador nunca ha propuesto que el modelo de juzgamiento de Justicia y Paz se aplique a los guerrilleros de las Farc que se desmovilicen tras el proceso de paz, como lo interpretó el expresidente y jefe máximo del Centro Democrático, Álvaro Uribe.

(Lea el texto completo y definitivo del acuerdo final de paz)

Este diario conoció que ante una pregunta de los periodistas, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, respondió que entre los mecanismos que hay están la Ley 975 del 2005, o conocida como de Justicia y Paz, y la Ley 418 o de orden público, pero que la primera tiene algunas imperfecciones.

Las propuestas que llevarán los uribistas

El Centro Democrático propondrá que se acoja la ley de Justicia y Paz para juzgar a los guerrilleros o que se creen “la sala transicional y la doble instancia” en la Corte Suprema. También que las penas para los integrantes de las Farc condenados por delitos atroces o crímenes de lesa humanidad sean de entre 5 y 8 años los cuales los pagarían “en sitios alternativos como granjas agrícolas”.

No elegibilidad o elegibilidad para todos

Otra propuesta es que no haya elegibilidad política para condenados por delitos atroces. En caso de no excluirse, proponen, “debería meditarse en el efecto sobre quienes no gozan de derechos políticos como condenados por el proceso 8.000 y ‘parapolítica’, paramilitares”, quienes han perdido investiduras “y los 140.000 presos” que hay.

No al narcotráfico como delito político

Los uribistas insistirán en que el narcotráfico, “en las circunstancias de Colombia, no debe ser calificado como delito político”. Además, contratar a los desmovilizados para que “empiecen la destrucción remunerada de la droga”. Y “privilegiar la erradicación manual de drogas ilícitas, sin que el Gobierno pierda facultad de fumigar”.

Protección efectiva a Farc y amnistía

“Que a los integrantes de las Farc se les dé protección efectiva a condición de la suspensión de todos los delitos, narcotráfico y extorsión incluidos”, es la otra propuesta. A esto adicionarán el trámite de una ley de amnistía para los combatientes rasos y “no incursos en delitos de lesa humanidad”.

Alivios judiciales para militares

El Centro Democrático reiterará que es “urgente” el trámite de una “norma de alivio judicial para nuestros soldados y policías”. La propuesta irá encaminada a que se debatan y aprueben en el Congreso algunos proyectos en este sentido, los cuales beneficiarían a uniformados procesados por faltas con ocasión del conflicto armado.

Que no se afecte propiedad de la tierra

Los uribistas plantearán que los acuerdos “no deben afectar propietarios o poseedores honestos” de tierras; que “deben cumplirse dentro de las posibilidades fiscales y financieras”, y que no limiten “la descentralización ni la obligación de alcaldes y gobernadores de atender con equidad las necesidades de todos los ciudadanos”.

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