Pulso político mantiene enredado proyecto de la JEP

Pulso político mantiene enredado proyecto de la JEP

Uribismo plantea necesidad de congelar llegada de militares. JEP podría emitir sus propias normas.

Iván Duque en reunión con Patricia Linares.

Iván Duque se reunió con la presidenta de la JEP Patricia Linares y su vice Marta Lucía Ramírez.

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Mauricio León

26 de junio 2018 , 08:57 a.m.

La discusión alrededor del procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal que busca juzgar a los actores involucrados en el conflicto armado, sigue enredada.

Este lunes, Guillermo Rivera, ministro del Interior, señaló que si el Congreso no aprueba las reglas para esta justicia, “la JEP tendrá que darse sus propias normas para cumplir el mandato constitucional que le ordena actuar”.

El pronunciamiento lo hizo tras una reunión con la subcomisión designada por el Senado para destrabar el tema y en la cual no hubo acuerdo con el Centro Democrático (CD).

El CD, a través de su vocera en la subcomisión, la senadora Paloma Valencia, se mantiene en la posición de que se debe incluir un artículo que congele la comparecencia de la Fuerza Pública ante la JEP.

Según Rivera, “esa propuesta es inconstitucional. La comparecencia de excombatientes de las Farc y miembros de la Fuerza Pública que hubieren cometido delitos en el conflicto armado es obligatoria ante la JEP. Así lo señala la reforma aprobada por la Corte Constitucional”.

Por eso advirtió que, si no se logra darle trámite, “es dejar las normas en manos de los magistrados de la JEP”.

Esa sería una salida problemática porque esa jurisdicción especial ha pretendido tomarse atribuciones que han sido polémicas. Eso pasó, por ejemplo, cuando la sala de revisión intentó suspender el trámite de la extradición de Jesús Santrich. 

También quería tener facultades sobre las capturas de extraditados, algo que, según la ley, es competencia de la Fiscalía.

La JEP tendrá que darse sus propias normas para cumplir el mandato constitucional que le ordena actuar

De hecho, el proyecto que está en el limbo en el Congreso, elimina expresamente esas dos iniciativas.

El gobierno también advirtió este lunes sobre la posible intervención de la Corte Penal Internacional (CPI). “Si no se aprueban las normas de procedimiento, esos militares no tendrían unas reglas procesales claras. Lo que estaría generándose es una inacción de la justicia nacional, lo que deja abierta la puerta para la CPI”, previno Rivera.

A esta advertencia se sumó el presidente Juan Manuel Santos, quien dijo que de no aprobarse el proyecto, los militares estarían en “la lupa de la CPI”.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Alberto Mejía, afirmó que la reglamentación de la JEP “ha recibido todo el insumo de las Fuerzas Militares” y que “este Gobierno ha aceptado todas las propuestas que hemos hecho”.

Cita con la JEP

El presidente electo, Iván Duque, se reunió este lunes por cerca de dos horas con la presidenta de la JEP, Patricia Linares, y con el resto de magistrados de este tribunal, y al término del encuentro dijo que les expresó sus observaciones y preocupaciones, “encaminadas a favorecer a las víctimas”.

Duque se mostró confiado en que esta semana “el Gobierno pueda facilitar y escuchar algunas de las proposiciones que se han hecho en el Congreso y tratar de buscar un acuerdo para que las reglas de procedimiento satisfagan esos aspectos sobre todo tan importantes para las víctimas”.

Por su parte, Linares señaló que recibió con tranquilidad el mensaje de Duque, quien “ha conversado con su partido para que, previo al análisis de las propuestas del Gobierno, avance y ojalá garantice la expedición de la ley de procedimiento”.

Para el senador uribista Jaime Amín, el Gobierno debe entender que “hay una nueva realidad política incontrastable” y por eso lo más conveniente es buscar un acuerdo político que recoja esas nuevas realidades electorales. “Si no hay una buena disposición del Gobierno en aceptar que hay que hacer unas modificaciones, va a ser muy difícil”, dijo el senador.

De todas maneras, el debate de este proyecto estará este martes en el Senado, donde su suerte parece seguir enredada.

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