Las propuestas de los del 'No' que quedaron en el acuerdo de paz

Las propuestas de los del 'No' que quedaron en el acuerdo de paz

Gobierno y Farc incluyeron cambios en justicia, tierras, narcotráfico y víctimas, entre otros.

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Los líderes del 'No' y los negociadores de paz se reunieron en varias oportunidades para discutir las propuestas de renegociación.

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Claudia Rubio / EL TIEMPO

14 de noviembre 2016 , 02:04 a.m.
Sí a límites en circunscripciones especiales

Uno de los cambios en el nuevo acuerdo está en las circunscripciones especiales en el Congreso para los lugares más afectados por el conflicto. Sectores críticos de lo pactado en La Habana pidieron que el nuevo partido de las Farc no pueda competir por ellas debido, entre otras razones, a la influencia que podrían tener en esas comunidades.

Esta propuesta, según dijo el presidente Juan Manuel Santos, fue aceptada.

Esto quiere decir que en las 16 zonas afectadas por la guerra a las que se les dé una curul en el Legislativo solamente podrán aspirar los demás partidos políticos y no el movimiento que surja de la guerrilla, una vez se desarmen.

El otro punto grueso era la posibilidad de que los condenados por delitos atroces no pudieran ser elegidos a corporaciones públicas, una propuesta en la que coincidieron el Centro Democrático y la exministra Marta Lucía Ramírez. Esta fue la única petición que no se pudo cumplir.

“La razón de ser de todos los procesos de paz en el mundo es precisamente que los guerrilleros dejen las armas y puedan hacer política dentro de la legalidad. Este proceso con las Farc no es una excepción ni puede serlo. Las Farc tienen un origen político y su intención hacia el futuro es poder hacer política sin armas”, afirmó Santos.

Respeto a propiedad privada

En el nuevo acuerdo se aclara que el catastro –fundamental para formalizar la tierra– no modificará por sí mismo los avalúos de las tierras.

“Una de las principales preocupaciones del Centro Democrático era el respeto a la propiedad privada, a la iniciativa privada y que a nadie se expropie por fuera de la ley ya vigente. Todo eso se logró y se ratificó, como lo pidió expresamente el expresidente Uribe. Que no queden dudas: ¡Se respetará el derecho a la propiedad!”, dijo Santos.

Además señaló que se creará una comisión de expertos para revisar las inquietudes sobre la legislación agraria.

También se dejó claro que no se autorizarán nuevas zonas de reserva campesina, más allá del trámite normal de acuerdo con la legislación vigente.

El negociador Humberto de la Calle sostuvo que en la reforma rural integral se aclaró que “nada de lo establecido en el acuerdo debe afectar el derecho constitucional a la propiedad privada”.

Sigue la Jurisdicción de Paz

Gran parte de los reclamos del ‘No’ sobre el acuerdo firmado en Cartagena tenía que ver con el sistema de justicia. Y aunque no se eliminó la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) ni se convirtió en un sistema transicional de la jurisdicción ordinaria, el nuevo documento sí incluyó cambios sustanciales en el mecanismo.

Estableció que no habrá magistrados extranjeros en el tribunal, que las tutelas contra las decisiones de la JEP sí podrán ser revisadas –tarea que le corresponderá a la Corte Constitucional– y que la Jurisdicción tendrá un límite de funcionamiento de hasta por 10 años, de los cuales solo se recibirán solicitudes de investigación durante los dos primeros.

Las reservas con respecto a las sanciones por delitos graves y de lesa humanidad también eran amplias, por lo que se hicieron precisiones en la materia. Así, en el tribunal, de acuerdo a cada caso, se decidirán los espacios concretos en donde estarán los sancionados, que no podrá ser en todo caso, más grande que una zona veredal.

Se aceptó, además, como parte del pago de la sanción el tiempo que los guerrilleros estén en las zonas de concentración, siempre y cuando desarrollen actividades de reparación.

Las ONG no podrán actuar como fiscales o acusar en los procesos, pero podrán presentar información o pruebas ante los magistrados o jueces para que sean valoradas.

Asimismo, el nuevo acuerdo estimó que contra los terceros que hayan participado indirectamente en el conflicto se terminen los procesos que les lleva la justicia ordinaria. Santos confirmó que en materia de justicia habrá un trato diferencial para la Fuerza Pública.

Farc deben entregar bienes y dinero para reparar víctimas

“Las Farc tendrán que declarar y entregar todos sus bienes, so pena de perder los beneficios, y se usarán para reparar a las víctimas”, puntualizó el presidente Juan Manuel Santos sobre el nuevo acuerdo. Ese era uno de los temas que los líderes del ‘No’ más cuestionaban. El expresidente Álvaro Uribe solicitaba que las Farc, antes de entrar en vigencia el acuerdo de paz, “individualizaran” cada uno de sus bienes.

Sobre esto, Humberto de la Calle señaló que durante el término de la dejación de armas, las Farc presentarán un inventario de bienes y activos para destinarlos a la reparación material de las víctimas. Igualmente, el nuevo acuerdo de paz, sostuvo Santos, “garantiza que las mujeres, que han sufrido especialmente este terrible conflicto, sean tratadas con prioridad y que sus derechos como víctimas estén totalmente protegidos”.

De la misma forma se reconocen a la familia y a los líderes religiosos como víctimas del conflicto en busca de la igualdad, no discriminación y libertad de cultos. De la Calle señaló que ningún contenido del acuerdo “se entenderá o interpretará como la negación, restricción o menoscabo de los derechos de las personas”, y agregó que quedó claro el “impartir justicia pensando más en las víctimas que en los barrotes”.

Garantía a procesos de erradicación

Tal como lo pidió con insistencia el expresidente Andrés Pastrana el nuevo acuerdo obligará a quienes se sometan a la Jurisdicción de Paz a entregar toda la información que tengan sobre narcotráfico: rutas, contactos, laboratorios e insumos. Santos reiteró, asimismo, que el Gobierno “mantendrá todas las herramientas para la erradicación incluyendo la fumigación, además de los programas de sustitución para los campesinos”. Finalmente con respecto a considerar el narcotráfico como delito autónomo no amnistiable, precisa el nuevo acuerdo que la conexidad de este con el delito político será revisado por los magistrados teniendo en cuenta la jurisprudencia de las altas cortes.

Los del ‘No’

Óscar Iván Zuluaga
Director del Centro Democrático

“Nosotros en el Centro Democrático hemos dicho que no nos vamos a pronunciar sobre el nuevo acuerdo anunciado desde La Habana hasta no conocer cómo está redactado”.

Andrés Pastrana
Expresidente de Colombia

“Después de llamadas con (presidente) @JuanManSantos espero llegada negociadores para informar al NO sobre textos discutidos en la #Habana”.

Marta Lucía Ramírez
Excandidata presidencial

“Nuestro compromiso con Colombia para lograr un nuevo y óptimo acuerdo continúa. Con los nuevos textos ojalá se logre un consenso político”.

Alejandro Ordóñez
Exprocurador general

“Presidente (Juan Manuel) Santos: La última palabra la tienen los colombianos. Un nuevo acuerdo solo es posible si los colombianos con su voto lo aprueban”.

Claudia Rodríguez
Líder cristiana

“Lo más positivo es que se esté llevando a cabo ese gran acuerdo nacional. Lo que nos sorprendió fue enterarnos por los medios. Se había trabajado en la mesa que primero conoceríamos el texto”.

José Gregorio Hernández
Exmagistrado C. Constitucional

“Está bien que, según se informa, los jueces de la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) sean nacionales colombianos. Razones de soberanía”.

REDACCIÓN PAZ

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