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'Congresito', el preámbulo del debate final en La Habana

Debate sobre justicia y su aplicación tiene prioridad en la mesa. Comisión especial, vendrá luego.

Pese a la controversia desatada en el país esta semana por la posibilidad de crear una comisión especial legislativa para hacer las leyes que hagan sostenibles los acuerdos de paz, este no es hoy un tema en la mesa de La Habana. Allí, el punto central de las negociaciones entre el Gobierno y las Farc sigue siendo la justicia.
Como ha ocurrido en otros momentos durante estos 33 meses de proceso de paz, hoy estamos ante un escenario en el que el debate en Colombia tiene muy poco que ver con lo que pasa en la mesa de negociación.
En la capital cubana, las delegaciones de paz están dedicadas a evaluar varias alternativas para lograr un acuerdo sobre el mecanismo judicial que se aplicaría a los jefes de las Farc.
De hecho, el ciclo de negociaciones que iba a comenzar este lunes se pospuso para el jueves por petición de los equipos jurídicos que asesoran al Gobierno y la guerrilla, que están depurando una propuesta.
Hoy es parte del debate la posibilidad de incluir en el modelo de justicia transicional un componente de justicia restaurativa, mediante la cual la víctima plantea a la persona o el grupo armado que le hizo el daño un mecanismo de reparación no necesariamente penal.
Es claro entonces que la polémica en Colombia sobre el camino para convertir en leyes los acuerdos de paz está desvinculada de la dinámica de la mesa de negociación.
Sin embargo, la controversia por el llamado ‘congresito’ o comisión especial legislativa que se encargaría de esa tarea demuestra que, más allá de la coyuntura político-electoral que propicia este tipo de debates, hay dificultades, tanto en La Habana como en Colombia, para llegar a una fórmula que haga jurídicamente sostenibles los acuerdos de paz.
Sobre todo, porque en este punto, que es el último de la agenda de negociación, hay una gran distancia entre el Gobierno y las Farc. Esta guerrilla quiere una Asamblea Constituyente y el Gobierno considera hasta riesgosa esta opción.
‘Pablo Catatumbo’, negociador de las Farc, le dijo a EL TIEMPO que la propuesta del ‘congresito’ “corresponde a la visión unilateral” del Gobierno. Y agregó: “Nosotros seguiremos insistiendo en la idea de la Asamblea Nacional Constituyente como mecanismo de refrendación”.
Por su lado, Humberto de la Calle, jefe de los negociadores del Gobierno, ha dicho que la Constituyente sería un “nuevo comienzo” del diálogo y abriría las puertas “a la revisión y hasta a la negación de lo pactado” en La Habana.
Solo una idea
En todo caso, ya el presidente Juan Manuel Santos explicó que hasta ahora la comisión legislativa especial es “solo una idea” y que no ha sido discutida con las Farc.
De hecho, el experto en derecho constitucional Darío Martínez considera que una comisión de ese tipo carece de facultades para hacer cambios en la Carta Política que blinden los acuerdos de paz. Entre otras razones, porque la Constitución solo puede reformarse mediante actos legislativos del Congreso, un referendo constitucional o una asamblea constituyente.
Fuentes del Gobierno cercanas a la mesa de negociación le dijeron a este diario que lo que se busca es una fórmula que no implique una Constituyente, pero que tenga la fuerza para dar seguridad jurídica a los acuerdos de La Habana.
El argumento de las Farc es que para esto se requieren “normas pétreas” y que estas solo son posibles mediante una Constituyente.
Y Álvaro Leyva, exconstituyente, no cree que una comisión especial legislativa sea suficiente para garantizar el cumplimiento de los acuerdos de paz.
El constitucionalista Martínez va más allá y afirma que las Farc no han tomado en cuenta que las “normas pétreas ya no existen” y la prueba es que la Constitución de 1991 ha tenido al menos 39 reformas desde su promulgación.
Lo cierto es que el debate sobre el ‘congresito’ es apenas el preámbulo de la negociación que se viene en La Habana sobre el sexto y último punto de la agenda: implementación, verificación y refrendación de los acuerdos.
Refrendación, más compleja
La refrendación de los acuerdos de La Habana, pactada por el Gobierno y las Farc en el ‘Acuerdo general para la terminación del conflicto
y la construcción de una paz estable y duradera’, no tiene tantos avances en las discusiones políticas internas.
Si bien ambas partes consideran que la ‘refrendación’ es un asunto inexcusable, no hay coincidencias sobre el mejor instrumento para hacerlo.
Una refrendación en las urnas permitiría la legitimación de los acuerdos, tanto política como jurídicamente.
A las Farc se les ha convertido casi en un punto de honor exigir una asamblea constituyente, la cual ha sido descartada de manera insistente por el presidente Juan Manuel Santos y su equipo negociador en Cuba.
“A nadie se le puede ocurrir que, en un proceso que hemos concebido realizar de cara al país, se pueda prescindir de la participación del pueblo en su construcción y en su implementación”, dijeron recientemente las Farc en una comunicación desde Cuba.
El presidente Santos ha respondido que “estos señores de las Farc deben dejar de pedir lo imposible porque saben perfectamente que no se les va a conceder; ellos saben perfectamente que una constituyente no es un punto de llegada sino un punto de partida y que eso es totalmente inaceptable”.
El debate se ha caldeado más con la intervención de voces como la del fiscal general, Eduardo Montealegre, quien dijo que “no se requiere, desde el punto de vista legal ni constitucional, la refrendación para celebrar los acuerdos. No hay necesidad de una refrendación popular”.
Si algunos acuerdos de La Habana requieren vinculante jurídico constitucional, se requiere entonces modificar la Constitución, y eso solo se podría hacer por tres vías: constituyente, referendo o acto legislativo.
Si Santos descarta la constituyente y el referendo por “inconvenientes”, lo que queda es la enmienda en el Congreso, pues tampoco queda ya tiempo para una séptima papeleta en las elecciones locales y regionales de octubre, como lo han planteado varios partidos políticos.
Consenso político, un paso para implementar acuerdos
La implementación de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc, cuando estos se produzcan, tendrá como antesala un gran acuerdo político y como escenario de construcción, el Congreso.
La participación del Congreso en el proceso de paz, en esta fase, comenzó a despejarse esta semana, luego de que el presidente Juan Manuel Santos precisó su versión sobre el papel de un ‘congresito’ en el desarrollo legal de los acuerdos de La Habana.
La sola mención de la palabra ‘congresito’ por Santos prendió las alarmas en el Capitolio, donde muchos congresistas interpretaron ese anuncio como una amenaza de revocatoria.
Pero la precisión del mandatario de que “tendría que ser con un acto legislativo del Congreso que reforme la Constitución” para “determinar, apenas se apruebe, la necesidad de crear un mecanismo, una comisión del propio Congreso”, que haga los desarrollos legales, calmó los nervios.
El presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, quien en principio reaccionó de manera irónica contra el Ejecutivo sugiriendo por qué también no se creaba un “gabinetico”, cree que hay condiciones para un acuerdo político alrededor de la paz.
“Si va a haber dejación de armas y no repetición, el Congreso se mete de lleno a favor de la paz. Si vemos que eso va bien, no veo al Congreso frenando un acuerdo de paz, y creo estar hablando por todos los congresistas”, dijo el senador.
La idea de Velasco, de que ojalá en esto participe la oposición, no está lejos.
Iván Duque, vocero del uribismo en el Senado, dijo que su partido está listo a participar en el debate, sentando las posiciones que ha sostenido alrededor del proceso.
Los conservadores invitaron a rechazar la idea de que un ‘congresito’ expidiera las leyes sobre implementación de los acuerdos. Su presidente, David Barguil, dijo que “primero el Gobierno debe tener claridad sobre lo que va a proponer, para poder concurrir a las discusiones”
‘La U’, integrante de la coalición, y el Polo, principal partido de izquierda, están dispuestos a aportar en la discusión.
El primer paso en busca de este acuerdo se dará este martes en la Casa de Nariño, a la que fueron citados congresistas de la Unidad Nacional.
Marisol Gómez Giraldo
Editora de EL TIEMPO
En Twitter: @MarisolGmezG
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