Nueva polémica por listados de ex-Farc que entrarían a la JEP

Nueva polémica por listados de ex-Farc que entrarían a la JEP

Sectores de la exguerrilla le han planteado al Gobierno la necesidad de reabrir las listas.

Guerrilleros que entrarían a la JEP

El Congreso tramita el proyecto que reglamenta la justicia especial con la que serán juzgados los excombatientes.

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Oficina del Alto Comisionado para la Paz / AFP

07 de noviembre 2017 , 12:56 a.m.

Una nueva controversia relacionada con la justicia para la paz estallaría esta semana en el Congreso, ya que los listados de exintegrantes de las Farc que se beneficiarán con el esquema de juzgamiento siembran dudas.

La discusión, que se espera ocurra durante el segundo de tres debates del proyecto de ley que reglamenta la justicia para los actores del conflicto armado, correrá por cuenta de la inclusión de nuevos exmiembros de esa organización que también recibirían los beneficios.

Algunos sectores de las Farc le han planteado al Gobierno la necesidad de abrir esas listas, que se cerraron el pasado 15 de agosto, para incluir a más miembros. A esto el Gobierno se ha negado enfáticamente.

No obstante, en la iniciativa que estudia el Congreso existe una disposición que abriría la puerta para que esto sucediera, y seguramente se pedirá precisión para evitar ‘colados’ en este modelo de justicia.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es un modelo de juzgamiento transitorio creado para procesar a excombatientes, militares y civiles señalados de delitos atroces en medio del conflicto armado.

Para darle vida, el Congreso aprobó a comienzos de este año una reforma constitucional que crea ese tribunal. Ahora, el Legislativo debate un proyecto de ley que reglamenta este modelo de justicia.

En el artículo 63 de la ponencia (texto que está para discusión de los congresistas) se incluyó una disposición que no parece ser del todo clara y tiene que ver directamente con las personas relacionadas con las Farc a las que cobijarían los beneficios de la JEP.

Según el texto propuesto, este modelo de justicia también cobijaría a “las personas incluidas en los listados elaborados por las Farc” y a las que “hayan sido condenadas, procesadas o investigadas por la pertenencia” a ese grupo “por conductas realizadas antes del 1.° de diciembre de 2016”.

Esto significa que los exintegrantes de las Farc a los que el sistema cobijaría son los que están en la lista que ese grupo entregó y quienes hayan sido procesados en el pasado por pertenecer o colaborar con este.

Sin embargo, hay una línea que no termina de convencer a algunos partidos políticos. Esta disposición dice que estas personas recibirán los beneficios de este modelo de justicia “aunque no estuvieren en el listado de integrantes entregado por dicho grupo al Gobierno Nacional durante el proceso de dejación de armas”.

Para el Gobierno y para los ponentes del proyecto, es claro que este asunto específico hace referencia exclusivamente a las personas que hayan sido procesadas y condenadas en el pasado por su pertenencia o colaboración con las Farc, no para quienes están en la lista de miembros que ese grupo le entregó al Gobierno.

Pero, para algunos sectores de los partidos Conservador y Cambio Radical, esta disposición debe ser precisada para evitar que personas que no hayan estado ni colaborado con las Farc sean cobijadas con beneficios.

Por lo pronto, el representante por ‘la U’ Hernán Penagos, ponente del proyecto en Cámara, señaló la posible confusión que podría generar esta disposición y manifestó que está “dispuesto” a “precisar lo que sea necesario” en el texto de ponencia.

Esta no es la única polémica que ha girado en torno a los listados de los excombatientes que se presentarán a la justicia especial de paz.

Luego de entregarse el listado de los excombatientes que se someterían a la JEP, EL TIEMPO reveló el nombre de 25 narcos que se colaron y son extraditables.

Esto generó revuelo a nivel nacional y suscitó la reacción de Estados Unidos. De hecho, el vicepresidente Óscar Naranjo pidió sanciones a los que colaboraron para que los narcos fueran incluidos en la lista.

“No vamos a permitir que se use el proceso y la Jurisdicción Especial de la Paz para abrirle espacio a delincuentes”, afirmó Naranjo tras las revelaciones de este diario.

El gobierno de Washington también tiene su mirada puesta en ese tema y ha hecho saber que la lista de excombatientes que aspiran a beneficios ya debe considerarse cerrada.

Esta semana se reabre la discusión sobre al respecto, pues para algunos congresistas podría quedar la puerta abierta para que los ‘colados’ se repitan.

El senador de Cambio Radical Carlos Felipe Motoa afirmó que la lista debe ser la que ya se cerró, pues dejarlas abiertas daría la opción de que puedan presentarse “nuevos ilícitos” y que se pueda aprovechar para “vender cupos”.

Entre tanto, para el senador liberal Guillermo García Realpe, “hoy no puede decirse que haya listas definitivas”, pues “no sabemos quién se vaya a acoger a la justicia especial. “No conocemos qué otros sectores de los militares, de políticos o ciudadanos del común también califiquen dentro de los parámetros”, agregó.

De todas formas, la lista de los miembros de las ex-Farc que acudirán a la justicia de paz será uno de los puntos de debate en el proyecto que reglamenta ese nuevo tribunal.

Por ‘fuerza mayor’ se pueden incluir

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) confirmó este lunes que el Gobierno recibió los listados de los miembros de las ex-Farc que serán juzgados por la justicia para la paz “hasta el 15 de agosto”.

Sin embargo afirmó que en el proyecto le ley estatutaria se define que “excepcionalmente”, la Sala de Amnistía e Indulto “podrá estudiar e incorporar los nombres de las personas que por motivos de fuerza mayor no fueron incluidos en el listado presentado por la organización al Gobierno Nacional”.

De todas maneras, la OACP “no recibirá listados con personas que ya hayan sido rechazadas”. Hasta el momento se ha acreditado a 11.345 integrantes.

Algunos congresistas reaccionan

Oscar F. Bravo
Representante conservador

“Sin duda tienen que quedar cerradas, si no se abriría un campo para un nuevo incumplimiento de la guerrilla. Implicaría una ventana abierta para que entren y salgan como Pedro por su casa”.

Guillermo Realpe
Senador liberal

“Aquí no deben haber listas cerradas ni definitivas. La justicia especial va a tener un tiempo para que la gente manifieste su sometimiento, y va a haber mucha gente”.

Carlos F. Motoa
Senador Cambio Radical

“Ese criterio de dejar abierto el listado de combatientes de las Farc se puede prestar para muchas inclusiones de personas que no fueron miembros de la organización”.

Ángel Cabrera
Senador por La U

"Todos se tienen que someter a la Jurisdicción Especial para la Paz como lo ordena el acto legislativo y será esa justicia especial la que definirá en qué camino quedan”.

Alfredo Rangel
Senador uribista

“La lista de los demovilizados ya debe estar cerrada, no se puede mantener abierta porque eso sería permitir que sigan delinquiendo y tengan la cobertura de la impundidad”.

Nuevas mayorías en el Senado

Una de las novedades que tendrá la votación del proyecto de ley que reglamenta la justicia para los actores del conflicto es que las mayorías en el Senado no se contarán a partir del total de 102 senadores sino de una cifra inferior, lo que modificará el ‘quorum’ para tomar decisiones.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, explicó que se aplicará el artículo 134 de la Constitución, el cual fue modificado en la llamada reforma de equilibrio de poderes y permite que el ‘quorum’ para tomar decisiones se baje en la medida en que se acepten impedimentos de los congresistas para participar en el trámite del proyecto.

La norma, en palabras del funcionario, permite conformar el ‘quorum’ sin contar “el número de senadores que hayan sido declarados impedidos en virtud del conflicto de intereses que hayan presentado”.

En Senado se han aceptado hasta el momento los impedimentos para participar en el trámite del proyecto de doce senadores, que se restarían a los 102 que conforman en total esta corporación.

Esto significa que para tomar decisiones no se necesitará el voto de la mitad de los 102 senadores (como sucede normalmente) sino de 90, que son los que participarán en el estudio y votación del proyecto de ley.

“Ese quorum de 45 senadores es el que va a regir de ahora en adelante, y puede ser menor si se siguen aceptando impedimentos, porque se trata de aquellas personas a las que se les aceptó su impedimento y no podrán participar ni de la discusión ni de la votación”, explicó el ministro. Como lo indica Rivera, el mínimo de 45 para tomar decisiones podría seguir bajando, ya que la plenaria del Senado todavía tiene cerca de 30 impedimentos de congresistas pendientes de votar, lo que se espera que suceda hoy.

Este tema cobra trascendencia en la medida en que el Gobierno Nacional no cuenta en el Senado con el apoyo del Centro Democrático (20 senadores) y están en duda tanto el del Partido Conservador (18 senadores) como Cambio Radical (9 senadores).

Estos congresistas, sumados a los ausentistas que el Ejecutivo no ha logrado convencer para que estén presentes, podrían poner en dificultades varios artículos de la iniciativa en su paso por el Senado.

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