'Timochenko' causa polémica en Suiza

'Timochenko' causa polémica en Suiza

Ese país aceptó conservar Acuerdo Final, y por esto jefe de Farc le atribuye significado jurídico.

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Tras la firma del Acuerdo Final, el pasado 26 de septiembre, en Cartagena, a un delegado del Gobierno suizo le fue entregado el documento para que fuera conservado en el Archivo Nacional en Berna.

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EFE

14 de octubre 2016 , 02:06 p.m.

Fue en junio pasado que en el parlamento helvético se habló de la función suiza en las negociaciones de paz en La Habana. El ministro de Asuntos Exteriores, Didier Burkhalter, aseguró que en Colombia se estaba preparando un plebiscito y que el pueblo tendrá “la última palabra”.

Así, continuó el magistrado, estaría asegurada la legitimidad de lo acordado y no habría que preocuparse por una cercanía indebida a una de las partes del conflicto. A Suiza, aseguró el canciller Burkhalter, “no le corresponde meterse en los asuntos internos de otros países”.

Con esa intervención, Burkhalter justificó la decisión del Departamento Federal de Asuntos Exteriores (DFAE) suizo de aceptar una solicitud por parte del Gobierno colombiano y de las Farc-EP de conservar un original del acuerdo firmado en el Archivo Nacional en Berna como “Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949”. (Lea también: 'Timochenko' dice que 'fue hasta bueno' que ganara el 'No')

Suiza fue representada por un Secretario de Estado en la ceremonia de Cartagena. El emisario se llevó el documento personalmente hasta la capital helvética, acompañado por la televisión de dicho país.

Ninguna opinión

El resultado del plebiscito (en el que el ‘No’ se impuso por un estrecho margen al ‘Sí’) convirtió ese documento en un texto explosivo, junto con manifestaciones de las Farc-EP, según las cuales el acuerdo de La Habana había entrado en vigor con su depósito en Suiza.

Solo un día después del voto, el máximo jefe de las Farc, ‘Timochenko’, aseguró que el Acuerdo Final “ha sido firmado como acuerdo especial y depositado ante el Consejo Federal de la Confederación Suiza” y que “ello le confiere innegable y irrevocable efecto jurídico”. (Además: La gran mayoría me ha pedido celeridad en búsqueda de la paz: Santos)

Confrontado con esa interpretación, el DFAE invoca algunas limitaciones. Remarca que depositando el acuerdo, la Confederación Suiza “no expresa ninguna opinión respecto a su validez o a su rango jurídico, ni asume una garantía o control sobre la ejecución y el cumplimiento de dicho acuerdo”.

Segundo, enfatiza que el poder dispositivo sobre esa copia permanece con las Farc y el Gobierno colombiano. Tercero, según comunica el DFAE, en ningún momento el Consejo Federal (o sea el Gobierno suizo) tomó una decisión formal respecto al depósito del acuerdo.

Solamente, la Cancillería suiza informó al Consejo Federal que iba a conservar una copia del acuerdo en los archivos del Estado suizo.

La controversia

No obstante, hasta ahora el DFAE se ha negado expresar sobre la cuestión si en su opinión las alegaciones de las Farc podrían ser ciertas. Solamente asegura que el rango jurídico es asunto de los que depositaron el acuerdo, y no de quién lo conserva. Eso no es suficiente para algunas fuerzas en el parlamento suizo.

La Comisión de Asuntos Extranjeros del Consejo Nacional, la cámara mayor del parlamento suizo, va a debatir el asunto en su próxima reunión, a finales de octubre.

Según señala el presidente de esa comisión parlamentaria, el consejero nacional Roland Rino Buechel (Partido Popular Suizo), “el parlamento no tuvo ninguna voz en el asunto de los acuerdos de paz”.

Respecto a la interlocución de alias Timochenko, el consejero Buechel afirma que “hay que aclararles a las Farc de manera terminante que Suiza respeta los resultados de votaciones democráticas, ya sea en el interior o en el exterior”.

A más tardar en dos semanas, la comisión parlamentaria formulará sus dudas al respecto. Hasta ese día es probable que el documento permanezca en un estado de indecisión, guardado en un cajón del DFAE en Berna. Si lo desea, el parlamento podría obligar al Gobierno a devolver el documento a sus respectivos dueños.

FLORIAN SCHWAB*
Especial para EL TIEMPO

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