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Proceso de Paz

Los embera katío vuelven a su tierra ancestral

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Foto:Unidad de Víctimas de la Alcaldía de Medellín

Historia de un retorno a Alto Andágueda, en Bagadó, Chocó, un territorio que todavía busca la paz.

Por un paso de herradura, por el que caminaron varias generaciones de la etnia embera katío, 320 indígenas retornaron a su tierra ancestral a finales de noviembre del año pasado. Volvieron para recuperar lo que habían perdido hace 10 años por el ruido de las balas y la violencia por el oro. A lomo de mula subieron sus enseres y caminaron hasta la noche para llegar a su resguardo en el río Alto Andágueda o Tahami, en Bagadó, Chocó.
Muy temprano en la mañana del 25 de noviembre de 2016, las 61 familias indígenas madrugaron para dejar los inquilinatos del barrio Colón y Niquitao, lugares donde convivieron por más de seis años entre expendios de droga y hampa. Vivían en la absoluta pobreza, trabajaban vendiendo artesanías y en ventas ambulantes, mientras otros mendigaban en las calles y habían caído en los vicios de la ciudad.
Ese día, jóvenes y adultos cargaron ocho buses con sus enseres y se despidieron de esa Medellín indiferente. Dejaron los inquilinatos y comenzaron su nuevo viaje por este camino a su tierra ancestral. Su primera parada fue la Institución Educativa Héctor Abad Gómez, donde fueron censados y les fue examinada su situación de salud, y después se reunieron con la guardia indígena para planear el viaje hasta el resguardo.
El viernes en la noche estas familias, conformadas por 190 adultos y 110 niños, salieron con destino hacia Pueblo Rico, Risaralda, punto de ingreso al resguardo. La travesía pasó por Pereira y rodó hasta la vereda Agüita en Pueblo Rico, desde ahí siguieron solos su viaje a lomo de mula hasta sus comunidades de Alto Moindó, Cascajero, Ocotumbo, Conondo, Aguasal y Pescadito, en el Alto Andágueda.
"Desde la unidad preparamos toda una logística para que cada uno de los indígenas que conforman esta comunidad llegara de forma exitosa a su lugar de destino, esperamos que en adelante puedan desarrollar sus actividades con toda tranquilidad en su territorio y que el Estado les pueda brindar garantías de no repetición", afirmó Diana Bravo Rubio, desde la Subdirección Nacional de Retornos.
Entre el llanto y la emoción de retornar a su tierra de la que nunca debieron haber partido, los indígenas, con sus rostros pintados y sus más coloridas prendas, cargaron vajillas, ollas, utensilios de cocina, colchonetas, sábanas, cobijas, toldillos, canecas, herramientas, mercado y dinero que les entregó la Alcaldía de Medellín y la Unidad de Víctimas para su manutención durante los primeros días de regreso.
"Estamos felices de volver a nuestra tierra y ver familiares de los que nos separamos por culpa del conflicto armado. Pasamos por condiciones muy duras en Medellín. Agradecemos este retorno", dijo aquel día antes de partir, Cornelio Tequia, representante de los embera.
Entre la espesa selva y por una angosta trocha que ha visto morir a varios indígenas en sus empinadas cumbres, desaparecieron en silencio esa columna de indígenas que querían llegar a casa. Caminaron más de nueve horas hacia su resguardo, cargando bebés a sus espaldas y canastas en sus cabezas, algunos descalzos y con miedo de caer en las minas quiebrapatas que dejaron plantadas el Eln y las Farc, cuando se asentaron en sus territorios.
"Yo estuve en Agüita, que fue el lugar donde los despachamos para la zona; también en Dokabú, donde guardamos sus pertenencias en bodegas, pues obviamente no podían ingresarlo todo ese día. Y los veía animados, sin ninguna tristeza de dejar la ciudad, porque ellos siempre van a querer regresar a su territorio. El ambiente era de retorno, de estar volviendo a casa", comentó Marinela Palomeque Serna, alcaldesa de Bagadó, Chocó.
Finalmente, en la noche se reunieron con sus familiares y amigos con quienes habían perdido todo contacto por culpa de la guerra. "Cuando llegaron, encontraron las casas llenas de maleza y tuvieron que quedarse en casas de sus sobrinos, suegros, hermanos y familiares. En este momento están viviendo hasta tres familias en cada casa", relata César Queragama Arce, representante legal del Cabildo Mayor del Resguardo del Alto Andágueda.

El infierno de la ciudad

Queragama relata que el paso por Medellín fue más que un infierno para ellos. "Vivir en la ciudad sin casa, sin agua, sin cobija y en plena calle parecía el infierno, no era vida. Algunos jóvenes fueron sometidos al vicio, pues convivieron con algunos drogadictos en Medellín. Cuando llegaron a la comunidad cargaban la mala yerba que daña la mente. La guardia indígena la descubrió, la decomisó y ellos fueron sancionados”, comenta.
En Medellín, los indígenas fueron usados para toda clase de engaños por su vago conocimiento del español. "Los embera eran utilizados por organizaciones para protestar en las calles. Nos tocó seguirlos con una funcionaria de la Alcaldía de Medellín hasta un parque donde los tenían protestando por algo que ni entendían, llevaban pancartas que no sabían qué decían. Eso fue lo que generó el empeño de la institucionalidad para que regresaran", relata la alcaldesa Palomeque.
Holly Aldrish Marmolejo Mosquera, abogado de la Unidad de Restitución de Tierras y quien presentó la demanda que ordenó al Estado acompañar este retorno, relató que la situación en Niquitao era denigrante: “Los embera estaban viviendo en un sitio muy pequeño, en malas condiciones, y no tenían ni agua potable. La alimentación no era la adecuada y algunos estaban dedicados a la mendicidad, pues no tenían fuentes de empleo. Decían que en Medellín los veían como cosa rara y que afeaban los andenes de la ciudad. A raíz de esa situación, decidieron aceptar el plan de retorno", relata Marmolejo.
Por su parte, Queragama dice que hoy los indígenas se sienten muy felices de regresar a su resguardo. “Están felices, en un ambiente sano y radicados ya en sus comunidades. Comenzaron nuevamente a hacer su trabajo cotidiano y se están organizando. Su autoridad, el gobernador local, los está fortaleciendo con la visión cultural indígena y están recuperando todo lo que perdieron por el desplazamiento".
Ahora tratan de restablecer sus cultivos de maíz y plátano, y de arreglar sus casas tapadas por la maleza. Intentan, además, acostumbrarse a sus alimentos ancestrales, diferentes a los que consumían en Medellín, o a no tener agua en sus casas, pues la poca que tienen baja por ríos contaminados con mercurio por la minería ilegal, denuncia Marmolejo.
“La ciudad para un indígena no deja de ser peligrosa. Siempre he creído que es más seguro para ellos estar en la zona, porque corren menos riesgos. En la ciudad, ellos se ven inmersos en situaciones desconocidas para su cultura. Hay líderes que los siguen invitando a irse a la ciudad y personas en Medellín que los sonsacan para que se vayan a ejercer la mendicidad y aprovecharse de ellos", denunció la alcaldesa Palomeque.
Pero fue solo hasta ahora que los embera pudieron volver a sus tierras a cultivar el maíz que los caracteriza. El terrible pasado del Andágueda ha estado vinculado al oro que brota de sus montañas y que ha sido el responsable de cruentas guerras por su control. Y aunque en el 2013 un juez de del Chocó suspendió la explotación minera a varias multinacionales y actores ilegales, el oro sigue siendo el peor enemigo de esta comunidad, ubicada en el corazón del Nudo de San Fernando.
Los embera katío, ya en su resguardo, posan para el lente.

Los embera katío, ya en su resguardo, posan para el lente.

Foto:Unidad de Víctimas de la Alcaldía de Medellín

Una comunidad desplazada

El resguardo del Alto Andágueda tiene 50.000 hectáreas y constituye el 50 % de Bagadó, Chocó. En esa extensa selva, que limita con Andes, Betania, Mistrató, Pueblo Rico, Carmen y Lloró, quedan tres zonas, como ellos las llaman, donde habitan 34 comunidades embera katío, 1.500 familias y casi 8.000 personas, que viven de los ríos Colorado y Azul. Afluentes que según ellos median entre la cultura embera sus dos mundos: el de arriba y el de abajo.
Estas comunidades han sido protagonistas de una guerra dorada que ha durado más de cinco siglos, desde cuando los españoles mataron a decenas de indígenas para llevarse el oro de sus selvas, en el famoso camino a Dabaibe, como se le conoce a esta zona del Andágueda.
Luego, en 1950, dos minas de oro desataron otra guerra entre indígenas y colonos antioqueños, que se libró a punta de cerbatana, machete y escopeta. “A partir de agosto de 1976, todos los embera del Alto Andágueda comenzaron a ser desterrados de los ríos Colorado y Azul. Durante los primeros meses de 1977, la situación empeoró y los actos de hostilidad contra los indígenas continuaron durante los primeros meses de 1977”, relata Juan José Hoyos en su libro ‘El oro y la sangre’.
Esa guerra dejó numerosos muertos y los primeros desplazados de este territorio que se iban hacia el Cauca, Risaralda y Boyacá. Y aunque el Incora reconoció el 13 de diciembre de 1979 al resguardo del río Andágueda, la guerra siguió hasta 1989, cuando los dos grupos firmaron la paz, en una reunión convocada por el Epl (Ejército Popular de Liberación).
La zona del Andágueda ha tenido presencia de numerosos grupos armados, como el M-19, el Erg, el frente 57 y el ‘Aurelio Rodríguez’ de las Farc, el frente 'Manuel Hernández el Boche' del Eln y paramilitares del bloque ‘Elmer Cárdenas’ de Urabá. "Las Farc, en este momento, no operan porque están en el proceso de paz, pero otros grupos como el Eln, que está en proceso de diálogo, sí pasan muchas veces porque es un corredor que ha sido utilizado por varios grupos al margen de la ley", relata Queragama, líder del cabildo mayor.
La comunidad embera ha documentado en denuncias cómo la guerrilla ha ocupado sus resguardos y reclutado a sus niños, generando desplazamientos. "En el 2006 hubo un bombardeo de la Fuerza Pública a unos guerrilleros que se encontraban en una comunidad que se llama Conondo, que hace parte de la zona 1 del resguardo. Producto de ese bombardeo, murió un niño de 11 años de edad, que se llamaba Willington Vitukay, y seis indígenas salieron heridos. Ese hecho produjo que más de 300 familias se desplazaran a Bogotá, otras se quedaron en Medellín y otras en Ibagué y Pereira”, relata Marmolejo, abogado de la Unidad de Restitución de Tierras.
Estos desplazamientos han sido paulatinos, luego de homicidios y amenazas contra líderes, docentes y gobernadores de los cabildos indígenas. "En este resguardo hay casi 8.000 indígenas y muchos se quedaron resistiendo y defendiendo su territorio, cultura y autonomía, a pesar de toda la violencia que se desataba en ese momento, pero aun así hubo desplazamientos masivos", indica Queragama.
En la sentencia 007 del Tribunal Superior de Medellín también se reconocen las consecuencias del conflicto para esta comunidad: "La violencia desatada por el conflicto interno y sus distintas actividades ilícitas y, a la vez, la intervención de las fuerzas militares legítimas que en ocasiones han desbordado su ejercicio al repeler las actividades delictuosas han perturbado seriamente la existencia de los indígenas que habitaban el resguardo, a tal extremo que se vieron forzados a su desplazamiento hacia grandes centros urbanos como Medellín y Bogotá".
Según registros de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), fueron desplazados un total de 746 indígenas embera katío hacia Andes (203), Bogotá (257), Medellín (246), Ibagué (17), Pereira (10) y Armenia (13).
En el 2010, 2011 y 2013 también hubo otros destierros, aunque menores, por enfrentamientos con la Fuerza Pública y la disputa del territorio por la minería ilegal. “De esos desplazamientos algunas familias han regresado, otras no han podido y se encuentran en ciudades como Bogotá, Pereira y Cali. En el 2014, por ejemplo, varias familias salieron después de ingresar al resguardo porque no se cumplió el plan de retorno”, explicó Marmolejo.

La guerra y la paz

De los centenares de indígenas expulsados, la mayoría ha regresado en dos retornos diferentes: uno en el 2013 desde la ciudad de Bogotá y otro desde Medellín en noviembre del 2016, luego de la orden de un juez civil de restitución de tierras de Quibdó y el Tribunal Superior de Medellín con la sentencia 007, que obligó al Estado a darles garantías para volver a sus tierras y suspender toda clase de solicitudes y estudios de concesión minera en la zona, pues ya habían cinco empresas con 11 títulos en más de 13.000 hectáreas del resguardo, las cuales se opusieron al fallo.
Entre los compromisos del Gobierno está construir y adecuar centros de salud y desarrollar proyectos que reconstruyan el tejido social de la comunidad, como la construcción de nueve albergues temporales, 29 viviendas y subsidios para quienes retornen, pero la asistencia va muy lenta y muchos indígenas hablan de incumplimiento. Además, el fallo les ordena a las autoridades proteger a los líderes indígenas de los grupos armados que todavía siguen presentes en la zona.
Cabe señalar que el pueblo embera katío es uno de los 34 que en el 2009, la Corte Constitucional declaró como pueblo en riesgo de desaparición física y cultural a causa del conflicto armado.
"La situación está más tranquila ahora. Desde el 2013 para acá no ha habido acciones armadas contra los grupos al margen de la ley. Y aunque el Eln sigue en el territorio, no ha habido enfrentamientos con la Fuerza Pública. La minería ilegal y legal también se ha frenado mucho con algunas sentencias de jueces. Ya no se está haciendo ningún tipo de exploración ni explotación minera. Eso permite que no haya confrontación, inclusive entre los mismos indígenas, por el tema del oro", confirma el abogado Marmolejo.
Hoy los embera piden que se respeten su territorio y sus derechos a la consulta previa y que se les repare con una vía de acceso a su resguardo, salud y servicios básicos. "Los compañeros de Pescadito y río Colorado se echan nueve y diez horas caminando para bajar los platanitos que cultivan, porque no hay vías de acceso. Le planteamos al Gobierno que nos construya esa vía y lo otro es que electrifiquen todo el resguardo. Llegando la energía, sé que muchos compañeros se van a animar a trabajar en modistería, madera, artesanías y otras cosas para producir", sostiene Queragama, representante del resguardo.
La misma alcaldesa Palomeque reconoce que están elaborando un proyecto para llevarles energía a estas comunidades. “Me parecería muy importante que esos derechos que a veces se les restituyen, más que darles alimentos, se les pudiera reconocer con el trazo de una vía. Alguien me decía que esto era cambiar sus costumbres y permitirles el acceso a personas malas, pero yo pienso que con una vía sería mucho más fácil restituir sus derechos. Construirles una escuela, un centro de salud, viviendas. Porque hoy cuesta más ingresar el material que la obra misma", cuenta Palomeque, que ve en esta región una oportunidad para el turismo.
"Cuando yo he hecho ingreso al resguardo, lo que he visto son ríos, quebradas, cascadas, cosas muy bonitas. El trayecto es pesado, pero cuando ya llega uno a ese territorio, lo que se siente es una paz y una tranquilidad muy agradable. Me gusta estar en el resguardo indígena y cómo se vive allá", agrega la funcionaria.
Mientras tanto, los indígenas sueñan que se acabe el conflicto y todo esto se haga realidad. “Somos un pueblo de convivencia sana y en paz, de respetar al otro y perdonar. Sin conflicto puede haber mejor producción, educación, salud. Porque donde hay guerra los niños están vulnerados. Si no hay escuelas, centros de salud ni servicios es muy difícil vivir, y por eso seguiremos aportando por la paz de este país", concluyó Queragama.
SANTIAGO CÁRDENAS
Periodista de 'El Colombiano', de Medellín.
*Este artículo se publica gracias a la beca '200 años en paz, storytelling para el posconflicto', apoyada por la Escuela de Periodismo de EL TIEMPO, la Embajada de Suecia, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Universidad de La Sabana.
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