Cinco claves para entender el nuevo acuerdo de La Habana

Cinco claves para entender el nuevo acuerdo de La Habana

Conozca algunos de los puntos fundamentales que trae la nueva firma en Cuba.

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Los negociadores se pronunciaron este sábado sobre el nuevo acuerdo.

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Eliana Aponte

12 de noviembre 2016 , 10:26 p.m.

El nuevo acuerdo de paz con las Farc, que el jefe del equipo del Gobierno, Humberto de la Calle, llamó "nuevo, incluyente y respetuoso", incluye cerca de 60 cambios, ajustes y precisiones con respecto al firmado en septiembre pasado y que fue rechazado por la mayoría de los colombianos que votaron el plebiscito del 2 de octubre. Estos son algunos de los puntos fundamentales del nuevo documento.

1. No habrá cárcel para los que confiesen y colaboren plenamente, pero quienes reciban ese beneficio solo podrán moverse en áreas cuya extensión no será superior a la de las zonas veredales acordadas para la desmovilización. Esto es, no serían espacios superiores al tamaño de una vereda. El documento, cuyo contenido completo se conocerá en las próximas horas, establece "los espacios territoriales específicos para el cumplimiento de las sanciones con un tamaño máximo a las zonas veredales, los periodos de ejecución de las acciones reparadoras, la precisión del lugar de residencia, los mecanismos de monitoreo y la regulación del sistema de autorización para los desplazamientos por fuera de las zonas".

Eso quiere decir que, en todos los casos, la salida de los condenados por la Justicia Especial para la Paz deberá tener autorización para moverse de allí. De esta manera, se resuelve el malestar con la indefinición sobre el cumplimiento efectivo de la pena impuesta a los victimarios. Las penas se mantienen --hasta 20 años de prisión efectiva para quienes no colaboren y reparen-- y se aplican por igual a guerrilleros, militares y agentes del Estado responsables de crímenes en el conflicto y a civiles que fueron determinantes en la guerra. Las Farc, además, se comprometieron específicamente a reparar a las víctimas con sus fortunas ilegales, que hasta ahora habían negado.

2. La elegibilidad se mantiene. Era uno de los temas más criticados por líderes de la oposición como el expresidente Álvaro Uribe. En este punto no hubo variación alguna: todos los miembros de las Farc, incluso los máximos jefes, pueden ser elegidos a pesar de que tengan condenas por delitos de lesa humanidad y de guerra. La explicación a esta situación, que sin duda será motivo de fuerte polémica, es que un proceso de paz se realiza precisamente para sacar de la guerra a actores armados a los que se les abren espacios políticos a cambio de que abandonen la violencia.

3. La Justicia Especial para la Paz se ajusta a la jurisdicción colombiana. La nueva jurisdicción de paz era uno de los frentes más atacados del anterior pacto de paz. En el nuevo modelo acordado hay cambios fundamentales. Por un lado, no habrá magistrados extranjeros, aunque sí la eventual participación de algunos expertos en los procesos en calidad de 'amicus curiae', expertos en asuntos penales y de justicia transicional que podrán dar concepto en algunos casos.

Además, la Corte Constitucional queda, de alguna manera, por encima del Tribunal Especial para la Paz en la medida en que resolverá las tutelas que se entablen contra esta jurisdicción. De esta manera se resuelven dos 'papas calientes' del anterior acuerdo: por un lado, la jurisdicción de una corte colombiana se reconoce superior en un asunto clave ante la nueva Justicia --algo que no pasaba en el anterior documento--; y por el otro, se reconoce que la tutela, que es la gran revolución de la justicia en Colombia, es válida frente a la JEP.

Además, en una decisión clave, esa jurisdicción tendrá una duración específica. En el anterior acuerdo los asuntos de su competencia eran resueltos por magistrados ad hoc que quedaban en funciones latentes por un periodo indeterminado. Esto generó malestar en las altas cortes.

4. Los acuerdos se respetarán, pero no quedan grabados en piedra. A diferencia de lo que se previó hasta el 2 de octubre, el contenido de los acuerdos no será integrado al bloque de Constitucionalidad por derecha. Eso significa, de alguna manera, que las partes admiten que lo negociado es susceptible de todos los controles que establece la democracia. Por un lado, la decisión libre y soberana del Congreso para llevar a cabo los cambios legislativos relacionados con el cumplimiento del acuerdo. Y por el otro, que la revisión de las Cortes, especialmente de la Constitucional, podrá introducir eventuales modificaciones, como sucedió en la década pasada con la Ley de Justicia y Paz, que le dio piso jurídico a la negociación con los paramilitares.

5. La conexidad del narcotráfico se revisará caso a caso. El nuevo acuerdo establece un filtro para determinar, proceso a proceso, si un guerrillero puede recibir beneficios de indulto y amnistía incluso por narcotráfico, o negar ese beneficio. El anterior documento establecía casi como norma que la actividad del narcotráfico había sido conexa a la rebelión, pero ahora esa presunción desaparece y se crean nuevas herramientas para evitar que delincuentes comunes terminen beneficiados del proceso de paz.

JUSTICIA

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