Las fortalezas y los retos del proceso colombiano

Las fortalezas y los retos del proceso colombiano

Modelo de justicia transicional tiene ‘singularidades’ que vale la pena destacar, dice experto.

Fabrice Hourquebie

Hourquebie participó en el encuentro anual de la Confederación de Asociaciones de la Escuela Nacional de Administración de Francia, en Bogotá.

Foto:

Archivo particular

09 de noviembre 2017 , 10:04 p.m.

Entre los desafíos medulares que los colombianos tienen en la coyuntura actual está el comprender y acoger el esquema de juzgamiento de la justicia transicional, con que se procesará a los actores del conflicto armado.

En esto es enfático el francés Fabrice Hourquebie, profesor de derecho público de la Universidad de Burdeos (Francia) y secretario general de la Asociación Francesa de Derecho Constitucional, quien vino a Colombia hace unas semanas para participar en el encuentro anual de la Confederación de Asociaciones de la Escuela Nacional de Administración de Francia.

¿Es sano que haya una Jurisdicción Especial para la Paz separada de la justicia ordinaria?

Para evaluar la pertinencia de un sistema especial de justicia para juzgar los crímenes cometidos durante más de 50 años de conflicto, hay que esperar los resultados y evaluarlos. Pero podemos subrayar la originalidad de la hipótesis escogida, fundamentada en tres mecanismos: una Comisión de la Verdad, una Unidad para la búsqueda de personas desaparecidas y una Jurisdicción Especial para la Paz. Es una de las fortalezas del proceso colombiano.

En cualquier hipótesis, la existencia de una jurisdicción específica de justicia transicional, distinta del aparato jurisdiccional ordinario, me parece que va en buena dirección pues, de una parte, marca el carácter –singular y transitorio– de este mecanismo, y, de otra, legitima a los jueces designados para aplicar las reglas de derecho específicas en un Marco Jurídico para la Paz, reglas distintas de las del derecho común.

El imperativo es que esta ‘autonomización’ sea comprendida como la necesidad de instaurar una respuesta institucional específica para una conflictividad específica, y no como la voluntad de sustraerle al derecho común personas a las cuales les sería dado un trato preferencial.

¿Cuál debe ser el papel de las altas cortes frente a la justicia para la paz?

Los jueces de las cortes Suprema y Constitucional, especialmente, tienen una gran responsabilidad en la búsqueda del éxito de la justicia transicional y, concretamente, en asegurar un proceso que está marcado por una inflación de normas (del nivel constitucional, pasando por las leyes estatutarias o decretos).

Especialmente la Corte Constitucional debe juzgar en función de este imperativo de seguridad jurídica, para evitar discusiones infinitas sobre los procesos, y cerrar el debate en la medida en que todas las normas de aplicación del acuerdo de paz serán obligatoriamente controladas por ella.

Para que esta especificidad no se vuelva un obstáculo en el desarrollo del acuerdo de paz, conviene que los jueces juzguen con sabiduría, prudencia y rigor, en una perspectiva finalista, con un solo objetivo: facilitar los medios adecuados para alcanzar reconciliación y paz duraderas.

¿A qué atribuye la resistencia de la opinión pública a que señalados de delitos atroces que se acojan a la justicia transicional puedan hacer política mientras cumplen sus condenas?

Es comprensible que la opinión pública no lo admita. En Colombia, el éxito del acuerdo de paz es en gran medida tributario de la reintegración política de los guerrilleros, pese a la desconfianza de la población al respecto. En paralelo, los derechos de las víctimas deben ser imperativamente garantizados para que la reconciliación y la apertura política puedan darse. Es en este momento cuando la pedagogía de las autoridades debe ser la más fuerte. Los dispositivos de la justicia transicional no pueden conocer un cierto éxito sino a partir de una adhesión mínima de la sociedad civil y de su apropiación por los individuos.

Hay sectores para los cuales ese modelo de justicia generará impunidad, ¿qué opina?

Para conciliar los intereses de la justicia y la verdad, la respuesta equilibrada puede encontrarse no en el otorgamiento de una amnistía en el estricto sentido, que termina en una impunidad de hecho, sino en las medidas que ofrecen a las víctimas formas de reparación alternativas, imponiendo cargas precisas a los autores de los crímenes, como condición al perdón.

Es el modelo de justicia que ha escogido Colombia. No es incompatible con la adopción de las leyes de amnistía en el estricto sentido para los delitos políticos más simples (toma de armas), como tampoco es incompatible con la exigencia de priorización que consistirá en el establecimiento de una jerarquía en la investigación sobre los actores de los crímenes más graves, para identificarlos, tratarlos en prioridad y plantear la asignación de penas sustitutivas.

Pero una pena alternativa, bien se trate de modular la duración o de transformarla en trabajos de interés colectivo, no significa la ausencia de pena. Se trata, ante todo, de un desplazamiento del sentido de la pena, de la sanción hacia la restauración, aun si para los opositores a estos procedimientos, la justicia retributiva (la pena representada por trabajo social, por ejemplo) no debe excluir una pena de encarcelamiento.

Es esta tensión sobre el sentido de la pena la que probablemente explica el rechazo de los acuerdos de paz en el plebiscito. La población, en su mayoría, no quiere seguir el conflicto, pero sí continúa dividida sobre las modalidades de paz y la naturaleza de las penas.

La adopción por el Congreso de una de las primeras leyes estatutarias de aplicación del acuerdo de paz –que trata sobre la amnistía de los guerrilleros para permitir que se dirigieran hacia las zonas identificadas, en las que, bajo supervisión internacional, depositaron las armas– sigue siendo un reto.

El esquema de justicia transicional, ¿cree que tendrá la bendición de la Corte Penal Internacional?

La entrada en juego de la Corte Penal Internacional marca de nuevo la singularidad del proceso de paz. Se trata de un caso inédito de examen preliminar en el continente, sin por ello concluir en este momento en la oportunidad de abrir una investigación. La CPI se ha ocupado de la situación en Colombia para calificar ciertas violaciones de crímenes de guerra o contra la humanidad presumiblemente imputables a las Farc, al Eln, a los grupos armados paramilitares, eventualmente en vínculo con políticos y altos funcionarios del Estado.

Resalta la necesidad, imperativa, de “priorización”, como se recordó en el Marco Jurídico para la Paz adoptado el 19 de junio de 2012, con el fin de satisfacer progresivamente los derechos a la justicia y a la reparación de las víctimas del conflicto. Luego de su informe en el 2012, la CPI adopta una posición de equilibrio que, de una parte, le recuerda a Colombia sus compromisos internacionales y las exigencias que se desprenden en materia de persecución y juzgamiento de los crímenes más graves, y, de otra parte, reconoce los esfuerzos para alcanzar la paz.

¿Qué opina de la posibilidad de que la JEP reabra casos ya juzgados?

Fuera del ejercicio de los recursos, la cosa juzgada es absoluta. Sin embargo, dos situaciones pueden ser consideradas. En primer lugar, la hipótesis en la cual la persona ya fue juzgada. No se trataría pues aquí, en el sentido estricto, de ‘reabrir’ un proceso y volver sobre el sentido de la decisión, sino, más que todo, de revaluar la duración de la pena. En segundo lugar, si la persona está siendo juzgada por la justicia ordinaria, la idea sería que ella sea ahora juzgada en el marco de los procedimientos de justicia transicional. El derecho de la justicia transicional se aplicará a la naturaleza de la pena.

Es a este precio como la construcción de la justicia transicional suscitará una adhesión mínima del pueblo colombiano, y como el camino de la reconciliación quedará marcado. Retomando las palabras de monseñor Desmond Tutu, presidente por cuatro años de la Comisión de verdad y reconciliación sudafricana, cualquiera que sea la experiencia de justicia transicional, “no habrá futuro sin perdón”.

POLÍTICA

Ya leíste 20 artículos gratis este mes

Rompe los límites.

Aprovecha nuestro contenido
desde $10.999 al mes.

¿Ya eres suscriptor? Ingresa

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta gratis y pódras disfrutar de:

  • Acceso ilimitado al contenido desde cualquier dispositivo.
  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta gratis y disfruta de acceso ilimitado al contenido, desde tu computador, tableta o teléfono inteligente.

Disfruta del contenido sin límites

CREA UNA CUENTA GRATIS


¿Ya tienes cuenta? INGRESA