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Se abre debate sobre el alcance del delito político

Domingo 28 de agosto de 2016
Proceso de paz

Se abre debate sobre el alcance del delito político

El tema de justicia transicional protagonizó foro de paz. Piden a las Farc reconocer a víctimas.

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La tesis del jefe del equipo negociador del Gobierno en La Habana, Humberto de la Calle, de que es necesario modificar el alcance del delito político y conexos, para facilitar la firma del fin del conflicto con las Farc, dio lugar este jueves a una nueva discusión de orden político y jurídico.

De la Calle, quien abrió la jornada de reflexión sobre el proceso de paz con las Farc, convocada por EL TIEMPO, la Universidad del Rosario y la Fundación Hanns Seidel, sorprendió con la tesis de que se tiene que “discutir sobre el delito político y sus delitos conexos” porque, a su juicio, “se presentó un vaciamiento de la conexidad del delito político, que lo ha dejado reducido y muy alejado de la realidad del conflicto militar”.

Aunque De la Calle admite el anacronismo de este delito en el mundo actual, cree que el caso colombiano lo amerita. O lo exige. Por eso aseguró: “Deberíamos hacer nuevamente una discusión sobre la vigencia del delito político en un momento de transición, sin perjuicio de que, una vez concluya el conflicto, revaluemos nuevamente sus características”.

La propuesta de redefinir el delito político y sus conexos, con motivo del proceso de La Habana, tendría como fin permitir que los responsables de conductas penales, hoy comunes, como narcotráfico, al ser declarado este delito conexo (con alcance político), recobren la posibilidad de ser elegidos para cargos públicos, una vez purgada la pena. Y algo más importante: que los autores de estas transgresiones no sean extraditados.

El delito político está hoy tipificado en el Código Penal, pero no sus conexos. Una ley, posiblemente la que reglamente el llamado “marco jurídico para la paz”, podría hacer esos ajustes.

Pero la tesis de De la Calle provocó una rápida y contundente réplica del procurador, Alejandro Ordóñez, quien también intervino en el foro sobre la paz.

“Preocupa que se proponga de parte del Gobierno, lo hizo hace unos minutos el doctor De la Calle y lo cito textualmente, ‘rediscutir el alcance del delito político’, porque quieren entonces sacar de taquito las sentencias de la Corte Constitucional”, reclamó Ordóñez.

El Procurador citó la sentencia C-577 de la Corte Constitucional, en contra de quienes reclaman que no haya límite en la conexidad con los delitos políticos. “La Corte reglamentó que no puede haber conexidad del delito político respecto de los crímenes de lesa humanidad”, añadió.

Y enfatizó que el responsable de un delito político o conexo sí podrá ser extraditado, según sentencia de la Corte Constitucional.

En el contexto del encuentro, pero fuera de su exposición central, el fiscal general, Eduardo Montealegre, terció en la discusión y contradijo la tesis del procurador Ordóñez.

“Considero que los delitos conexos con los políticos, con los de lesa humanidad y específicamente con el narcotráfico, como conexo con delitos cometidos por la insurgencia durante el conflicto, son delitos que pueden entrar en la justicia transicional”, dijo el Fiscal.

En abierto apoyo de la tesis planteada por De la Calle, reiteró que “cuando se trata del marco para la insurgencia, para las Farc o el Eln, debe haber un concepto más universal en el sentido de que todos esos delitos comunes, como el narcotráfico, que sirvieron de instrumento para la realización de la comisión de delitos durante el conflicto armado, deben entrar en el marco de la justicia transicional, y frente a ellos, si hay proceso de paz, no debería operar la extradición”.

‘Falsos positivos’

Como el “marco jurídico para la paz” contempla que los casos de los miembros de la Fuerza Pública enjuiciados por delitos ocurridos con ocasión del conflicto armado serán abordados por la justicia transicional, el Fiscal advirtió una objeción: la de los ‘falsos positivos’.

Montealegre no está de acuerdo con que los delitos cometidos por razones distintas del servicio vayan a esa jurisdicción. Y se refirió de manera específica a lo ocurrido en Soacha (Cundinamarca), donde muchos jóvenes fueron asesinatos y luego presentados como bajas en combate.

“La muerte de esos jóvenes no tenía una relación estricta con el conflicto. No fueron ejecuciones extrajudiciales relacionadas con él, sino que se cometieron exclusivamente con la finalidad, no de un tema de ejercicio excesivo de la fuerza en términos de dinámica del conflicto, sino que se hicieron para obtener permisos, para obtener ciertos beneficios económicos, para simular bajas en combate y engañar a la opinión pública (...), para dar la apariencia de que se estaba debilitando al enemigo, de que se estaba ganando la guerra (...). Esas conductas no deben entrar en la justicia transicional”, enfatizó.

De otra parte, el fiscal Montealegre dijo que en materia penal todavía no se ha investigado ni juzgado a los ganaderos y empresarios que en las regiones favorecieron el paramilitarismo.

“Me parece que ellos también tienen que entrar en la justicia transicional”, dijo el Fiscal, quien señaló que no se puede judicializar todo el conflicto y por eso planteó “un proceso de sanciones extrajudiciales y centrar su responsabilidad en la verdad y la reparación”.

El agro como base para paz sostenible

El acuerdo sobre el agro alcanzado entre el Gobierno y las Farc daría un “marco” para que se solucione el problema estructural del campo.

Así lo afirmó Francisco Gutiérrez, director del Observatorio de Restitución de Tierras de la Universidad del Rosario, en el pánel sobre desarrollo agrario integral, uno de los puntos de acuerdo del Gobierno y las Farc.

Para Gutiérrez, la problemática agraria ha venido “creciendo” y por ello hay que crear en el campo las condiciones necesarias para que haya una “paz sostenible”.

Para Alejandro Reyes, experto en asuntos agrarios, el fin del conflicto va a “permitir la emergencia de muchas organizaciones sociales”, que van a reclamar sus derechos sobre la tierra.

Alfredo Rangel, senador del Centro Democrático, explicó que el uribismo “no comparte” el hecho de que las grandes transformaciones agrarias que están pendientes “se tengan que hacer con las Farc”.

Papel de la oposición, tema clave de participación política en el posconflicto

El papel de la oposición y qué va a pasar con ella en el posconflicto fue un tema central en la discusión en el pánel correspondiente a la participación política.

Clara López, presidenta del Polo, comenzó por señalar que, históricamente, la oposición legal en el país ha sido perseguida, criminalizada y estigmatizada.

Dijo que, luego de la firma del acuerdo de paz, los partidos discutirían con la insurgencia un texto de garantías para la oposición, con lo cual estaría totalmente de acuerdo, aunque le hubiera gustado que fuera antes.

Tras ella intervino Antonio José Lizarazo, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral y quien ha asesorado al Gobierno en este asunto. Lizarazo dijo que en los acuerdos quedó claro que “la democracia es el único juego que vale” y por ello se proscriben las armas en la acción política.

“La segunda base del acuerdo es el reconocimiento de la oposición como una institución esencial de la democracia, y se acuerda precisamente cumplir con una tarea pendiente, que es adoptar el estatuto de la oposición”, señaló.

El profesor Vicente Torrijos lamentó que el estatuto de la oposición no esté listo antes de firmar el acuerdo. “Ese es un vacío de nuestra democracia y por ello no deberíamos esperar porque así está en el preacuerdo”, dijo. Agregó que no hay claridad sobre cuántas son y cómo funcionarán las circunscripciones especiales para la Cámara.

POLÍTICA

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