Polémico fallo ordena que privado responda por atentado de Farc

Polémico fallo ordena que privado responda por atentado de Farc

Condenaron a Minminas y a Promigás a pagar por afectaciones de ataque terrorista a gasoducto.

Farc armas

Aún no se sabe si el Consejo de Estado puede asumir la revisión del caso.

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EFE

01 de junio 2017 , 09:19 p.m.

Promigás, uno de los gigantes del sector del gas natural en el país, acaba de ser condenado en segunda instancia a responder solidariamente en la reparación a las víctimas de un atentado de la guerrilla. De hecho, en ese acto terrorista, la empresa fue la primera afectada.

La decisión, que es polémica porque extiende a los operadores privados responsabilidades sobre el control del orden público y la seguridad, se refiere a los hechos del 21 de octubre del 2001, cuando guerrilleros de las Farc volaron el gasoducto Ballenas-Barranquilla a la altura del sitio conocido como El Patrón, en la vía Riohacha-Maicao.

En el ataque murieron cinco personas y hubo once heridos. La explosión y el incendio posterior afectaron también antenas de dos emisoras de la región y cultivos. En su momento, las pérdidas para la empresa fueron tasadas en 3.700 millones de pesos.

Casi 16 años después, el pasado 25 de mayo, el Tribunal Administrativo de La Guajira ratificó la esencia de un fallo tomado en el 2014 por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Riohacha. Este declaró responsables al Ministerio de Minas y Energía y a Promigás S.A. E.S.P. “por los perjuicios ocasionados con ocasión (sic) de los daños sufridos por los demandantes como consecuencia del ataque terrorista ocurrido el 21 de octubre del 2001 imputables a título de riesgo excepcional”.

El fallo plantea, por primera vez, que una empresa privada tiene responsabilidad frente a los efectos de las acciones terroristas de las que haya sido víctima. Hasta ahora, esa tesis había sido usada para declarar responsable a la Nación en casos en los que hubo fallas en materia de seguridad, como en los ataques a bases militares perpetradas por la guerrilla a mediados de los 90. También, en algunas demandas de afectados por atentados contra instalaciones de Ecopetrol, que en todo caso es un operador público.

El Tribunal de La Guajira consideró que el acto terrorista “no era imprevisible” por las condiciones de seguridad del momento en la región, por lo que consideró que Promigás debió haber tenido una mayor vigilancia en la instalación atacada y, por ende, le ordenó responder solidariamente con el Ministerio de Minas y Energía.

Fuentes cercanas a la empresa, que analiza los caminos jurídicos por seguir, aseguran que ni el juzgado ni el tribunal tuvieron en cuenta elementos claves en el caso, como que ni el evento ni sus consecuencias estuvieron relacionadas con fallas de seguridad técnica u operacional del gasoducto; que el origen de la tragedia fue provocado por un tercero en un acto terrorista y que la instalación del gasoducto fue anterior a la llegada de habitantes a la zona, por lo cual el eventual riesgo no fue generado por la empresa. Además, la ruta del gasoducto estaba determinada previamente por licencias y estudios técnicos del Ministerio de Minas.

Aún no está claro si el caso puede llegar a revisión en el Consejo de Estado, que es la más alta autoridad en la materia. Fuentes cercanas a la empresa señalaron que esta fue doblemente victimizada, primero por los actos terroristas y ahora por los fallos, y expresaron sus reservas por el mensaje que se envía con estas decisiones a los inversionistas privados.

POLÍTICA

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