'Cambios en la JEP no contradicen el acuerdo': Penagos

'Cambios en la JEP no contradicen el acuerdo': Penagos

Hernán Penagos, representante a la Cámara, dice que proyecto inicial del Gobierno tenía zonas grises

Hernán Penagos, representante a la Cámara

Hernán Penagos dice que los guerrilleros que hayan desertado las Farc para unirse a una banda criminal serán investigados por la Fiscalía.

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Cortesía TNN Políticas

09 de octubre 2017 , 01:28 a.m.

Varios motivos venían trasnochando al Fiscal con respecto a la JEP. ¿A usted, como ponente, le sirvieron esos aportes?

Sin duda. Sirvieron mucho las inquietudes de la Fiscalía para que queden muy claros los linderos de cada una de las jurisdicciones.

También se han aclarado temas como el tratamiento a cierto tipo de delitos, como el testaferrato. Al Fiscal le preocupa mucho que las Farc no hayan revelado las propiedades que tienen en cabeza de terceros y considera que eso ameritaría perder los beneficios de la JEP. ¿A qué acuerdo llegaron sobre este punto?

Sobre la responsabilidad de los testaferros, que son por allá terceros que no están en los listados de las Farc, en la medida en que aparezcan bienes, los va a investigar y los va a procesar la justicia ordinaria.

Si la guerrilla fue la que deliberadamente evitó identificar a sus testaferros para ocultar sus fortunas, ¿qué pasa?

Si un miembro de la guerrilla es el propietario de esos bienes en cabeza de testaferros y se está usufructuando de ellos, pues ese miembro de la guerrilla, en la medida en que esté comprobada esa situación, así haya adquirido esos bienes antes del primero de diciembre, pierde el tratamiento especial de la JEP. Está incumpliendo el principal propósito del sistema, que es la verdad, y en consecuencia tiene que salir.

La ponencia que envió el Gobierno establecía que el testaferro podía conseguir los beneficios del guerrillero porque formaba parte de su órbita….

Claro. Y en esa ponencia original, por ejemplo, el guerrillero no perdía los beneficios o el tratamiento especial. Hoy, con esta nueva modificación, el guerrillero pierde los beneficios del tratamiento especial, lo que quiere decir que puede recibir la sanción más fuerte, que es de 20 años en una cárcel, y el testaferro se va a la justicia ordinaria, donde será sancionado con base en los delitos del Código Penal.

Hablemos de los desmovilizados que se han arrepentido y se han ido a bandas criminales o a otros grupos rebeldes. Inicialmente, estaba contemplado que no perderían los beneficios si se devolvían. ¿Esto se corrigió?

La palabra que se ha acuñado ahí para esos casos es desertores. Y quien deserte se enfrenta a dos consecuencias: si esos desertores que inicialmente se acogieron a la JEP se van a un grupo rebelde, pierden los beneficios, pero además de perder los beneficios, salen del sistema. Ahora bien, lo nuevo es que si esos desertores se van, no a constituir una organización rebelde, sino a conformar o hacer parte de una banda criminal, también pierden los beneficios y salen del sistema. Y los procesará la justicia ordinaria. En el texto inicial, los que se iban a una banda criminal, no perdían los beneficios. Eso era descabellado. Hoy, en ambos casos se pierden los beneficios y en ambos casos la Fiscalía los investigará no solo por lo que hicieron después del primero de diciembre, sino antes.

¿Cómo aborda su ponencia el tema de los delitos continuados?

Frente al tema de los delitos continuados, o delitos de ejecución permanente, sí se dice claramente que el delito que haya iniciado su comisión antes del primero de diciembre y mantenga sus efectos criminales, delincuenciales, con posterioridad al primero de diciembre, es decir, que se siga cometiendo con conocimiento de causa o con dolo, ese delito es de competencia de la justicia ordinaria.

Hay un artículo más o menos en ese sentido. Plantea que, para efectos probatorios, puedan suspenderse derechos fundamentales

¿Pero si los cultivos sembrados antes del primero de diciembre todavía están?

Ese es el principal argumento de aquellos a quienes no les gusta este artículo: que los cultivos ilícitos todavía están. Seguramente sí. Pero lo que estamos diciendo es que incumple quien mantiene los efectos de usufructuarse o de administrarlos. Esa conducta la va a investigar la justicia ordinaria y no la JEP. Así quedó la proposición, así ha sido aceptada y así esperamos sea votada, porque aún no se ha votado.

Esas definiciones del delito continuado han causado escozor entre las Farc…

Sí, he percibido esa preocupación de su parte, porque, según ellos, eso deja mucho a la subjetividad. Yo lo que les he planteado es que el delito de ejecución continuada tiene dos características: una, que los efectos se mantengan; y dos, que haya dolo, como es apenas natural. Es decir, que se compruebe que hay consentimiento, ánimo de mantener la conducta criminal. Eso debería despejar las dudas.

¿Es cierto que algunos asesores de la JEP (tipo Eduardo Montealegre o Yesid Reyes) han propuesto que mientras se crea la reglamentación propia que sus magistrados se van a dar, cosa bastante controvertida, haya la posibilidad de que los magistrados de la JEP puedan suspender derechos fundamentales?

Sí, hay un artículo más o menos en ese sentido. Plantea que, para efectos probatorios, puedan suspenderse derechos fundamentales por parte de los magistrados de la JEP.

¿Eso no es gravísimo?

Lo que hicimos fue eliminar ese artículo. No va en la ponencia, para despejar cualquier duda respecto de que por cuenta de ordenar una prueba terminen violándose derechos fundamentales de los ciudadanos. Lo que no queremos es otorgarles a los magistrados un poco de herramientas para que terminen interpretándolas como a bien tengan. Eso no puede ser. A ellos hay que entregarles normas muy precisas. En otras palabras, lo que no puede pasar es que terminen los magistrados legislando. Por eso les entregaremos normas precisas para evitar toda esa cantidad de interpretaciones, que en últimas pueden convertirse en subjetivas y son muy complejas.

Pero, entonces, ¿hasta dónde llegarán las facultades de la JEP de autorreglamentarse?


La JEP podrá darse su reglamento –y eso también quedó claro desde el acto legislativo y va a quedar claro aquí en la ley estatutaria–, pero para poder definir su organización y funcionamiento administrativos. No puede la JEP, mediante resolución, expedir normas procesales, por ejemplo, para impulsar los procesos. Ellos lo que tienen que hacer es sentarse, construir un proyecto de ley de procedimiento penal, transicional, para radicarlo ante el Congreso.

¿Basado en qué?

Basado en el Acto Legislativo 01 del 2017 y en esta ley estatutaria. Es decir, con fundamento en el acto legislativo que ya está aprobado y en esta ley estatutaria, tendrán que construir una ley de procedimiento penal.

¿Se podrán salir del Código de Procedimiento Penal colombiano?

Sí, pueden salirse del Código de Procedimiento Penal colombiano, porque serán unas normas procesales transicionales también. En otras palabras, es un código de procedimiento penal, pero para la Jurisdicción Especial para la Paz.

¿Pero serán normas penales traídas de qué parte del mundo?

Le explico: este sistema de procedimiento penal transicional no es igual al sistema ordinario. Por ejemplo, no hay imputación. Entonces no puede adoptarse el Código de Procedimiento Penal porque no se acomoda.

Pero acéptemelo, tienen que inventarse un nuevo código de procedimiento penal…

Sí, que aprobará el Congreso. Pero no lo pueden adoptar por resolución. Tienen que presentarlo al Congreso para que el Congreso lo debata, lo estudie y lo apruebe. Su reglamentación interna solamente puede ser para el tema de funcionamiento.

¿Y qué piensa de la propuesta de la senadora Claudia López, de que antes de participar en política, los máximos delincuentes de las Farc sean primero procesados y condenados por la JEP? El Gobierno ha dicho que eso sí viola categóricamente el acuerdo del Colón...

Un planteamiento de esos desde el punto de vista mediático es medio lógico: que se sometan para que participen en política. Pero ¿cuál es el problema principal de eso? Que en marzo entrante no habrá empezado funcionar todavía la JEP. Por sustracción de materia, no hay posibilidad de que ellos puedan ser sancionados de aquí a esa fecha. O sea que de una vez les impediría la posibilidad de participar en las elecciones próximas de Congreso.

¿Cree que con todos estos cambios y definiciones podrá usted volver a traer a Cambio Radical al apoyo de la reglamentación de la JEP? Porque el ministro Rivera sí anunció ayer que se tienen que ir del Gobierno…


Yo esperaría que sí, y se los he dicho, hombre, ustedes tienen unas observaciones válidas, ni más faltaba, pero creo que con las modificaciones que aquí se han planteado, con las que han presentado muchos congresistas, con las que se concertaron con la Fiscalía, a mi modo de ver se superan muchas de sus preocupaciones que también hemos tenido nosotros, ni más faltaba.

Como se presentó el proyecto inicialmente, quedaron muchas zonas grises. Pues creo yo que el Congreso no solamente puede, sino que debe ajustar el proyecto

Veo que como ponente ha trabajado bastante en la modificación de ciertas cosas sobre las que había vacíos o venían mal planteadas. Entonces ha sido sano que el Congreso pudiera intervenir, en contra de los deseos del Gobierno y las Farc…

Como se presentó el proyecto inicialmente, quedaron muchas zonas grises. Pues creo yo que el Congreso no solamente puede, sino que debe ajustar el proyecto, pero para bien del proceso. Para construir, no para destruir. Para que quede claro cuáles serán las futuras competencias de la Fiscalía y de la Jurisdicción Especial para la Paz. Para evitar conflictos de competencia que serían muy complejos en la medida en que no haya claridad. Y para evitar lo que se conocía antes como choque de trenes, esta vez entre la justicia ordinaria y la justicia especial para la paz.

Es decir, la Corte Constitucional hizo bien en decir que se abriera la discusión en el Congreso, porque el Congreso puede aportar. Acertó en devolverle la capacidad de decidir…

Claro, sin duda. Primero, porque el Congreso es un poder independiente y, en consecuencia, no puede estar cercenada su posibilidad de tomar decisiones. En segundo lugar, porque los congresistas pueden presentar proposiciones, como muchas de las que se han radicado acá, las cuales han sido muy útiles y han nutrido el proyecto. Y en tercer lugar, porque se permite también la posibilidad de que sean las mayorías democráticas las que decidan. En otras palabras, que si se presenta una proposición y las mayorías la aprueban, pues se vota, y tendrá que estar en el texto. Sin duda, esa decisión de la Corte, obviamente, hace más largo el tránsito, pero es positiva.

¿Y qué responde a quienes dicen que esos cambios están en contra de los acuerdos?

Precisamente lo contrario: que en ningún momento los cambios introducidos van en contravía de los acuerdos suscritos en noviembre.

En conclusión, el cuento de Humberto de la Calle de que era el mejor acuerdo posible, en su implementación se ha comprobado que sí era posible mejorarlo visiblemente más…

Claro. Por una razón muy sencilla: porque una cosa es el acuerdo y otra cosa la implementación. Y el acuerdo está redactado no en forma de ley ni en forma de Constitución, está redactado en forma de una especie de conciliación, en forma de acta. Y eso hay que traducirlo en normas. Por eso, yo siempre he dicho que usted no puede estar trayendo todo lo que dice en el acuerdo a una norma, porque las normas se redactan de manera diferente, se interpretan diferente y porque hay una técnica legislativa, y la técnica legislativa para crear normas no es coger lo que dicen en un acuerdo y traducirlo en un artículo.

Pero estuvimos a punto de que eso fuera así, porque lo que a ustedes les quisieron imponer a través del ‘fast track’ fue una mordaza para que solo pudieran votar sí o no, ¡sin chistar!

Pues, básicamente, lo que se planteaba era la imposibilidad de presentar proposiciones si no estaban avaladas. Hoy existe esa posibilidad e inclusive, si el Gobierno no las acompaña, y las mayorías las votan, pues tendrán que modificar las normas. Como ponente tengo la confianza y casi la certeza de que esas modificaciones que se están introduciendo a la ponencia y al articulado lo que hacen es darle claridad a la Jurisdicción Especial para la Paz, definir de una vez hasta dónde llega la Fiscalía y hasta dónde llega la jurisdicción, y evitar conflictos de competencias o choques de trenes en el futuro, algo que sería muy malo para el país.

MARÍA ISABEL RUEDA
Especial para EL TIEMPO

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