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'El acuerdo tiene el aval de todos los militares'

El general Jorge Enrique Mora defiende lo pactado en Cuba en materia de justicia con las Farc.

YAMID AMATseptiembre 26 de 2015, 08:59 P.M.

Se acerca el fin de la guerra. El acuerdo para la paz, que convinieron Gobierno, militares y guerrilla, en el marco de las negociaciones de paz que se realizan desde hace tres años en La Habana, incluye una jurisprudencia especial para la paz, con grandes beneficios para la guerrilla pero también para los militares que se alejaron de la institucionalidad y cometieron graves delitos.

El general (r) Jorge Enrique Mora Rangel, quien durante 42 años fue un gran militar para la guerra, es hoy un gran general para la paz. Aquí anuncia que todo el mando militar de Colombia, todos sus oficiales, soldados y agentes, respaldan el “acuerdo para la paz”.

Mora fue comandante general de las Fuerzas Militares, el cargo más alto al que puede llegar un militar desde cuando el Ministro de Defensa es civil. Por sus condiciones de soldado sin tacha, de honestidad y consagración al servicio de la nación, ha logrado reunir el respeto, la admiración y el afecto de todo el país.

“El acuerdo es, en esencia, la aceptación y el reconocimiento por parte de las Farc del sometimiento a esa justicia en la que nunca creyeron –dice–. Con este acuerdo, las Farc aceptaron que deben rendirles cuenta a los colombianos. Eso jamás lo habían admitido. Al aceptar la solución jurídica, se someten a las normas constitucionales del país, reconocen la aplicación del Derecho Internacional Humanitario y aceptan que esa solución gira en torno a la verdad”.

¿A través de qué mecanismos dirán la verdad?

El sistema incluye una comisión ante la cual deberán acudir para decir toda la verdad y aceptar las responsabilidades que les correspondan. La Jurisdicción Especial para la Paz emplea diferentes tipos de procedimiento para quienes se sometan a la justicia. Uno, aquellos que acepten responsabilidad y confiesen la verdad recibirán una restricción efectiva de la libertad bajo condiciones especiales de cinco a ocho años. Dos, el que acepte responsabilidad tardíamente se someterá a una pena de prisión de cinco a ocho años con restricción total de la libertad. Y tres, quienes no acepten responsabilidad y se confirme su participación en graves delitos serán condenados hasta con 20 años de cárcel. Las Farc no solo aceptaron este esquema de sanción sino que admiten que todas las investigaciones que adelanta la Fiscalía sean trasladadas al tribunal de paz que los juzgará.

¿Qué concluye de estas decisiones de las Farc?

Que aceptaron un sistema que les garantiza a los colombianos verdad, justicia, reparación y no repetición.

¿No hay riesgo de que ese sistema traiga impunidad?

Todos los delitos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario serán penalizados. Solo habrá amnistía para delitos políticos y aquellos que se definan como conexos.

¿Las penas alternativas o de prisión serán para guerrilleros rasos o se incluye también a los miembros del secretariado?

El secretariado tiene que someterse al sistema de penalización acordado. Así quedó establecido y aceptado por parte de las Farc.

¿Usted cree que el señor ‘Timochenko’, jefe máximo de las Farc, y los demás dirigentes y comandantes de las Farc se someterán a esa privación de libertad?

Todos los miembros del secretariado y los máximos cabecillas de frentes y de bloques de frentes se someterán al sistema. Así lo aceptaron dentro del contexto de estas tres opciones de privación de libertad que le mencioné.

¿Cuáles son las condiciones de esa privación de libertad?

Es una justicia alternativa, un sistema especial de penalización para llegar al fin del conflicto. Si los miembros del secretariado aceptan su responsabilidad y dicen la verdad, estarán dentro de la primera opción de sanción: restricción efectiva de libertad de 5 a 8 años en condiciones especiales que serán acordadas.

¿Y los delitos de lesa humanidad como serán castigados?

Están incluidos dentro de la escala de sanciones. El sistema está hecho precisamente para los delitos más graves, no para aquellos que se determinen dentro del contexto de la rebelión o conexos, que serán amnistiados o indultados.

¿Este acuerdo blinda a la justicia colombiana de una eventual intervención de la Corte Penal Internacional?

Sí. El acuerdo cumple las normas de la justicia internacional porque se hace justicia: se investiga, se juzga y se sanciona. Esto quiere decir que no solo no hay impunidad, sino que se acordó una jurisdicción especial para poner fin al conflicto, en la cual habrá sanciones para todos los responsables de delitos graves durante el conflicto.

Es decir, ¿el acuerdo tiene seguridad jurídica internacional?

Lo que el sistema de justicia internacional vigila es que no haya impunidad, y no la habrá en este caso. El propio Bernard Aronson, enviado de Estados Unidos para el proceso, fue claro en afirmar que el acuerdo no supone impunidad.

¿Usted cree que las Farc van a cumplir el acuerdo?

Llevo tres años en la mesa de negociaciones viéndolos y escuchando sus discursos, opiniones y hasta sus diatribas. He sido testigo de sus cambios en cuanto a las prioridades que durante 50 años animaron la toma del poder por las armas. Hoy ese concepto está totalmente revaluado por sus aspiraciones políticas, mas no por la renuncia a sus objetivos. Eso me permite decir que estoy convencido de que las Farc han tomado la decisión de llegar al fin del conflicto. Se lo digo con convicción.

¿Ve inminente el fin del conflicto?

Estoy convencido de que el proceso ha avanzado a tal punto de madurez que tengo la esperanza que acompaña a muchos colombianos: llegar al fin del conflicto.

Usted me habló de la inclusión de amnistías e indultos para delitos menores de las Farc. El Tratado de Roma prohíbe amnistías e indultos…

La Constitución y la justicia colombiana permiten la amnistía para los delitos políticos y conexos. La conexidad será sometida a un análisis para definir el contexto general de esta.

¿Ampliarse, dice usted, a la actividad guerrillera en el narcotráfico, por ejemplo?

Ese tema hace parte del debate y se analiza por las instancias correspondientes.

¿Y cuál es su opinión?

Mi opinión es que ese tema será resuelto a través del análisis jurídico y del desarrollo legislativo del proceso.

Después de 50 años de guerra, de masacres, de genocidios, de secuestros y violaciones a todos los derechos, ¿el acuerdo no supone prácticamente un perdón?

El acuerdo conlleva sanciones para todos los delitos graves cometidos en el conflicto armado. Si acudiéramos a la justicia ordinaria, esos delitos llevarían a penas de 40 y 50 años de cárcel; pero si queremos cerrar el conflicto armado, acudimos a una jurisdicción especial, con un régimen especial de sanciones aplicables a todos aquellos que han estado comprometidos directa o indirectamente en el conflicto. En cuanto al perdón, pienso que es una decisión individual, que no debe ser impuesta y que corresponde al fuero personal de las víctimas.

¿Usted está de acuerdo con eso?

Eso se pactó en La Habana y yo hago parte de ese equipo.

Si usted está de acuerdo con lo que se firmó el miércoles en Cuba, ¿por qué no asistió a la ceremonia con el Presidente y los demás miembros del equipo?

El equipo de gobierno viajó el lunes 21 a La Habana. No viajé por circunstancias especiales que coordiné con el jefe negociador. El martes por la mañana hablé con el señor Presidente y se planteó la posibilidad del viaje presidencial el miércoles, pero las circunstancias para no viajar se mantenían y la decisión fue la de que permaneciera en Bogotá.

¿Cree que esa explicación es fácilmente aceptable por la opinión pública?

Mire, Yamid: el documento y los puntos del acuerdo yo los conocía. El equipo viajó a finiquitar unos detallen mínimos que faltaban y que se lograron acordar, y eso motivó la decisión del presidente Santos de viajar. Infortunadamente, no pude estar en la ceremonia, pero participé en los debates y en la elaboración de todo el documento.

Es decir, ¿ninguna reserva al acuerdo motivó su ausencia en La Habana?

En absoluto. El documento que leyeron el miércoles allá yo lo tenía en mis manos desde el día lunes. El documento contó con el aval del equipo negociador y del equipo jurídico.

¿Incluyendo las Fuerzas Militares?

Sí, señor, incluyendo las Fuerza Militares. El documento se estructuró con el señor Ministro de Defensa, con el señor Ministro de Justicia y con los mandos militares, quienes estuvieron enterados.

¿Todos estuvieron de acuerdo?

Absolutamente de acuerdo. Hemos hecho unos debates intensos, difíciles, complejos, nada fáciles. Y después de muchos estudios y de mucha paciencia, lo hemos acordado. Ninguna decisión va en contra de la sociedad colombiana, en contra de los intereses institucionales; en absoluto. Hemos participado con mucho carácter, con mucha decisión, con mucha visión institucional en lo que se ha acordado. Todos nosotros hemos estado de acuerdo.

¿Quiénes son “todos nosotros”?

Los comandantes militares y el director de la Policía han estado enterados y han participado en los debates para la estructuración del documento. Puedo decirles a todos los colombianos que lo que se ha acordado ha contado con el aval de los miembros del equipo de gobierno y con los mandos institucionales.

¿Cree que se logrará el acuerdo final de paz antes del 23 de marzo de 2016, fecha límite que puso el presidente Santos?

Pues, todo depende. Tengo la esperanza de que se logrará. Sin embargo, llegar a la firma del acuerdo implica que, a partir de ese momento, se inicie un proceso difícil, que contempla la concentración de las Farc y la entrega de las armas, circunstancia que se constituye en un requisito indispensable para el desarrollo del proceso. Los colombianos exigen que absolutamente ningún tipo de armas quede en manos de las Farc, lo que significa la destrucción de todas ellas. Viene, además, el proceso legislativo de expedición de leyes, decretos y reformas.

¿Y cuál es la posición en general del estamento militar sobre el acuerdo?

Si queremos llegar al fin del conflicto, si queremos que Colombia ponga fin definitivamente a la guerra, con seguridad jurídica, todos los acuerdos tienen que ser extensivos a los miembros de la guerrilla; a los agentes del Estado –entre ellos la Fuerza Pública– e, inclusive, a terceros que han participado en el conflicto directa o indirectamente. Si no hay solución para todos ellos, no habrá fin del conflicto. Por eso es tan importante este punto: representa la seguridad de que todo lo acordado, especialmente el tema jurídico, quedara blindado.

¿Algo le preocupa sobre las Fuerzas Militares y el acuerdo?

Voy a aprovechar para decir algo que he repetido en todas las unidades del Ejército que he visitado. Me he reunido con los generales, almirantes, oficiales, suboficiales y soldados de las Fuerzas Militares y miembros de la Policía, y a todos les he dado este mensaje: “No es posible, no será un fin del conflicto definitivo ni justo ni aceptable, que las Farc reciban todos los beneficios jurídicos que les sean favorables mientras los militares o policías se quedan en la cárcel. En medio de la guerra y por las mismas circunstancias de la guerra, pueden haberse cometido errores o delitos, pero los beneficios deben ser simétricos. Si no es así, no será una paz justa y es incomprensible para quienes han obtenido la victoria en el campo de combate aceptar una paz injusta”.

¿Iguales sanciones o iguales beneficios para las dos partes de la guerra?

No es que vayamos a meter en el mismo costal, como se dice popularmente, a los militares y los guerrilleros. El acuerdo está diseñado para que, una vez el tribunal haya hecho su trabajo, la solución incluya la seguridad de que, en el futuro y después de varios años, no se abrirán investigaciones como ha sucedido en otros procesos de fin del conflicto. Eso no puede pasar. Tanto los guerrilleros como los militares que han cometido delitos, y estoy hablando de los delitos más graves en el conflicto, deben estar inmersos en esta solución jurídica. Los militares necesitan hacia el futuro la seguridad jurídica. Y lo voy a decir claramente: con este acuerdo les estamos dando seguridad jurídica a los miembros de la Fuerza Pública, militares y policías que hayan cometido errores o delitos por causa del conflicto.

¿Qué quiere decir con la expresión “seguridad jurídica”?

Las violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra, las graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario hacen parte de este sistema especial. Y este sistema especial, que es para los guerrilleros de las Farc, incluye también a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

Es decir, ¿delitos como los llamados ‘falsos positivos’ están incluidos?

Todos los delitos graves. Los mal llamados ‘falsos positivos’, cometidos con ocasión del conflicto, son delitos graves y deben estar incluidos. Si no cerramos el conflicto, si no terminamos la inseguridad jurídica, no habrá paz en Colombia. Tanto la guerrilla como los miembros de la Fuerza Pública necesitan su seguridad jurídica. Quiero hacer énfasis en esto, porque puede existir la idea de que los delitos cometidos por los militares son extremadamente más graves que los delitos cometidos por las Farc. Eso no es cierto. Las Fuerzas Militares actuaron dentro de la legitimidad; en defensa del pueblo, del sistema democrático y económico que los colombianos eligieron, y en cumplimiento del mandato constitucional y de las órdenes del comandante supremo de las Fuerzas Armadas.

Desgraciadamente, algunos de nuestros hombres cometieron delitos, y algunos de ellos delitos graves. Eso es así. La institución y nosotros no podemos desconocerlo. Pero el acuerdo diseñado se hizo para acabar la guerra, cerrar el conflicto, y eso incluye a los miembros de las Farc, pero también a los de las Fuerzas Militares y la Policía, a los militares que han llevado el peso de esta guerra.

¿Quitarles la vida a campesinos indefensos, desarmados y hacerlos aparecer como guerrilleros dados de baja no es imperdonable y atroz?

Sí, señor: son delitos graves que se han cometido en medio del conflicto. Usted tiene razón. Y esos delitos graves cometidos por algunos de nuestros hombres han sido reconocidos y rechazados por la institución. Eso nadie lo está negando, ¡pero hay que entender que hemos vivido en guerra! ¿Cuántos niños han muerto? ¿Cuántas mujeres y hombres? ¿A cuántos colombianos han secuestrado las Farc: 10.000, 12.000, 15.000? ¿Cuántos torturados? Muchos de los secuestrados, aun hoy, no aparecen. ¿Cuántos niños han reclutado las Farc? ¡Miles! Y todos esos delitos graves, masacres, violaciones, secuestros están incluidos dentro del sistema para la paz acordado.

Lo mismo pasa con los miembros de la Fuerza Pública que desgraciadamente se apartaron de la normatividad de las instituciones y cometieron delitos muy graves. Si queremos ponerle fin al conflicto, todos –los unos y los otros– tendrán que hacer parte de este sistema, contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas, y así tendrán la garantía de la solución y la seguridad jurídica hacia el futuro.

¿Es decir, general, el acuerdo no puede ser una solución a medias?

Esa es la filosofía del proceso y del acuerdo. Como pensamos que se tiene que llegar al fin del conflicto, no estamos sentados en la mesa para llegar a la mitad de la solución. Estamos sentados en la mesa para llegar a la solución absoluta y total del conflicto, y para llegar a este escenario acordamos este sistema.

¿Las posiciones que ha expuesto son compartidas por los mandos militares?

Sí. Lo que yo le estoy diciendo es compartido por los mandos militares. Hago parte del equipo del gobierno, pero por mi condición de general sería imposible no tener en cuenta a la institución militar y policial y el sentimiento de quienes la integran. Para realizar mi trabajo en la mesa, para participar en las deliberaciones, yo hago un trabajo permanente con los mandos militares y con el Ministro de Defensa. Me reúno con ellos, compartimos, debatimos. Todo lo que hago y digo en la mesa lo hago con el aval, con la coordinación de todos los comandantes militares y del señor Ministro de Defensa. Además, hay un equipo de militares y de policías que se reúne en Cuba con las Farc y que hacen parte de una subcomisión. Ese equipo lo dirige el general Flórez. Y tengo permanente contacto e intercambio de conceptos y opiniones con ellos. Todo lo relacionado con los militares y policías lo hablo con el mando del servicio activo y con las organizaciones de retirados.

¿Por qué en el acuerdo de La Habana no se incluyó lo que me está diciendo?

Claro que se incluyó. Lo que pasa es que se habla de “los agentes del Estado”. Además, lo que se ha divulgado es un esquema general, pero el acuerdo, que está en construcción, es mucho más extenso y detallado. En él está perfectamente claro y definido lo que le estoy diciendo: la solución jurídica para los miembros de la Fuerza Pública tiene que ser una realidad, y eso se acordó en La Habana.

¿Las Farc también están de acuerdo?

Hay una norma que dio el Presidente de la República: ningún tema que tenga que ver con las Fuerzas Militares se discute en la mesa, y eso es así. Pero los abogados de las Farc saben que el acuerdo en su conjunto está hecho para aplicarlo también a los miembros de la Fuerza Pública, cerrar definitivamente el conflicto y llegar a una solución que nos permita ponerle fin al conflicto.

¿Usted, que fue general para la guerra, pensó que un día sería general para la paz?

Esta es la primera entrevista que doy desde que estoy en la mesa de negociaciones, y debo confesarle que en mi vida militar nunca pensé estar sentado en la mesa con las Farc. Los miembros de las Fuerzas Militares de Colombia asumimos una misión de defensa de la sociedad y de la democracia contra unos grupos que le declararon la guerra al Estado colombiano. Y las Fuerzas Militares y la Policía cumplieron la misión dentro de la legitimidad. Institucionalmente, hubo respeto por el poder civil y su prevalencia sobre el poder militar. Esa es una de las fortalezas más grandes que tiene la institucionalidad colombiana. Yo les pediría a los colombianos que, así como han querido a sus soldados y policías, piensen que estamos llegando al final del conflicto y que esto lo hemos logrado por lo que esos hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y la Policía han hecho. Son ellos los que han obtenido la victoria en el campo de combate.

Voy a decir algo que quizá no les guste a las Farc: nuestros soldados y policías han logrado que las Farc estén sentadas en la mesa. A estos colombianos les tenemos una gratitud inmensa por su sacrificio y su valentía. Miles de hombres muertos, miles de viudas, de víctimas de minas, de huérfanos, de padres sin sus hijos, muchos en condición de discapacidad. Todo ese sacrificio que hicieron las Fuerzas Militares y la Policía fue por Colombia, por la sociedad, por nuestros compatriotas. Estos hombres y mujeres lograron que toda esta pesadilla de sangre y muerte esté terminando.

Ahora que se termina el conflicto, acabará el enfrentamiento armado y vendrá el debate ideológico y político, y en esta etapa necesitaremos líderes con una gran fortaleza moral, carácter, compromiso y conocimiento, porque serán ellos los que representen a la sociedad en el debate de mañana. Nunca habíamos llegado tan lejos, pero el optimismo debe ponderarse con la prudencia; la crítica, con el análisis profundo; las posturas, con el contexto, pero, especialmente, la posibilidad de superar esos tiempos de oscuridad.

YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO

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YAMID AMATseptiembre 26 de 2015, 08:59 P.M.