El futuro de Santrich dependerá de la JEP / Análisis Universidad Libre
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El futuro de Santrich dependerá de la JEP / Análisis Universidad Libre

Si su captura es por delitos hechos después de firmar el acuerdo, tribunal deberá definir su futuro.

Santrich

El líder de la Farc 'Jesús Santrich', cuyo nombre de pila es Seuxis Hernández Solarte.

Foto:

Rodrigo Sepúlveda Archivo EL TIEMPO

13 de abril 2018 , 10:06 a.m.

Hagamos memoria. En 1997, a través del acto legislativo 1°, se habilitó la medida judicial que hasta ahora ha sido el ‘coco’ de todos los mafiosos y narcotraficantes en este país, la temida extradición, otrora prohibida por la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

A través de este mecanismo, Colombia puede solicitar, conceder u ofrecer en extradición a una persona, siempre y cuando el delito no ostente el carácter de ‘político’. Adicionalmente, el individuo que se quiera extraditar debe haber cometido un delito punible en ambos países -como el concierto para la producción y exportación de cocaína a nivel internacional- o haber sido encontrado culpable de uno de esos actos ilícitos.

En virtud del principio de legalidad, la extradición no afecta a quienes hayan cometido delitos con anterioridad al 17 de diciembre de 1997. El trámite comprende una intervención de las ramas del poder público (Ministerios de Justicia y de Relaciones Exteriores); y de la rama Judicial (Corte Suprema de Justicia), concretamente de la Sala de Casación Penal (CSJ).

En su etapa inicial, la Cancillería recibe la solicitud de extradición y se concreta con la concurrencia de la Fiscalía General de la Nación. Una vez que la documentación esté completa, el Minjusticia remite la actuación a la CSJ. Esta, a su vez, le permite al extraditable solicitar pruebas por término de 10 días, que serán practicadas durante el mismo lapso. Estos días pueden flexibilizarse por las dificultades que se suelen presentar durante la práctica de las pruebas y luego se otorga un plazo de cinco días adicionales para las alegaciones.

este debate probatorio y argumentativo se realiza para determinar la procedencia de la extradición

Es preciso aclarar que este debate probatorio y argumentativo se realiza para determinar la procedencia de la extradición y determinar el cumplimiento de los requisitos, más no la responsabilidad penal.

La Ley 1453/11 introdujo la figura de la ‘extradición simplificada’, en donde se puede solicitar el concepto de la CSJ, obviando la solicitud de pruebas, su práctica y las alegaciones de la defensa, caso en el cual se emitirá el mismo durante los 20 días siguientes. Esto no implica beneficio punitivo para el extraditable, salvo la resolución expedita de su situación. En caso de que la CSJ tenga reparos en la documentación recogida y analizada durante el proceso de extradición, se emitirá un concepto negativo que obligará al Gobierno a no proceder con la medida. Si es positivo, el Presidente de la República recibirá un informe que confirme la validez de la extradición y tomará la decisión correspondiente.

Ahora bien, en virtud del acto legislativo 01 de 2017, este escenario no opera automáticamente en el caso Jesús Santrich. Lo anterior comoquiera que el artículo transitorio 19 Constitucional establece, que si la solicitud de extradición es por conductas cometidas con posterioridad a la firma del acuerdo final (24-11-16), será competencia de la sección de revisión del Tribunal para la Paz evaluar el o los delitos y determinar las fechas en la que se cometieron. Para este efecto, la JEP cuenta con 120 días para tomar una decisión.

en virtud del acto legislativo 01 de 2017, este escenario no opera automáticamente en el caso Jesús Santrich

Así que, de llegar a comprobarse que efectivamente la conducta ocurrió en junio de 2017, dicha Corporación remitirá la solicitud a la jurisdicción ordinaria, para agotar el trámite descrito inicialmente.

Quedamos entonces a la espera de la decisión de la JEP, aclarando que la captura de Jesús Santrich no significa un retroceso al proceso de paz que debilita la confianza en el mismo y tampoco un incumplimiento flagrante de los beneficiarios del acuerdo con relación a los integrantes de la Farc.

¡Amanecerá y veremos!

NORBERTO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
Profesor del Observatorio Constitucional
Universidad Libre

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