Los tres grandes desafíos del proceso de paz

Los tres grandes desafíos del proceso de paz

Gobierno está preocupado por los tiempos. La Corte tiene una llave fundamental para lo que viene.

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El jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, y el Alto Comisionado para la Paz explicaron el nuevo acuerdo.

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Juan Diego Buitrago / EL TIEMPO

04 de diciembre 2016 , 02:35 a.m.
Refrendación del acuerdo de paz divide a la Corte

La falta de un consenso sobre si el nuevo acuerdo con las Farc se puede refrendar a través del Congreso o no llevó a que hace dos días los magistrados de la Corte Constitucional no tomaran una decisión que será clave para el acuerdo de paz.

Durante 11 horas de discusión, los nueve magistrados de la Corte estudiaron la ponencia de la magistrada María Victoria Calle, en la que asegura que las herramientas que el Acto Legislativo para la Paz creó para implementar de manera rápida el acuerdo con la guerrilla son constitucionales.

La mayoría de magistrados estaría de acuerdo con que ese mecanismo denominado ‘fast track’, mediante el cual se reducen los debates en el Congreso para la aprobación de las normas para la paz y se le otorgan facultades extraordinarias al Presidente, no sustituye a la Constitución.

Con ese argumento, la Corte negaría la demanda del exconstituyente Jesús Pérez González-Rubio, quien pide tumbar la vía rápida para la paz.

Lo que divide a los magistrados es el condicionamiento que el artículo quinto del Acto Legislativo para la Paz le puso al ‘fast track’. Según ese artículo, la entrada en vigor de esa herramienta se da después de la refrendación popular.

Aunque la refrendación no hizo parte de la demanda de Pérez, la Corte se pronunciará al respecto.

Mientras cuatro magistrados creen que el ‘fast track’ ya puede usarse, pues el Congreso refrendó esta semana el acuerdo –considerando que el Legislativo tiene ese poder al representar al pueblo–, otros cuatro creen que esa no sería la forma idónea de refrendación. Un magistrado más pidió posponer la votación para el 12 de diciembre.

Con procedimiento ordinario, implementación iría a finales del 2017

Un segundo desafío para el proceso de paz consiste en la manera como se realizará el trámite de los proyectos para implementar el acuerdo en el Congreso, el cual tiene dos caminos posibles: el procedimiento ordinario o el llamado ‘fast track’ o vía rápida.

La Corte Constitucional estudia actualmente tres demandas contra el ‘fast track’, las reglas especiales que aprobó el Congreso con el fin de agilizar el trámite de las leyes y las reformas constitucionales necesarias para desarrollar lo acordado en La Habana.

El alto tribunal tiene hasta el próximo 20 de diciembre, cuando comenzará la vacancia judicial, para decidir si el Legislativo puede tramitar estas normas con las reglas especiales aprobadas para ello o si debe hacerlo mediante el procedimiento ordinario.

Esta semana, en el Congreso, el jefe del equipo negociador oficial, Humberto de la Calle, no ocultó su preocupación porque la implementación del acuerdo con las Farc tome más tiempo del que inicialmente se había calculado.

“Acudir a la vía ordinaria tiene consecuencias, como, por ejemplo, que no se pueden presentar reformas constitucionales en sesiones extras, lo que nos obligaría a que tengamos que presentar la Jurisdicción Especial para la Paz hasta marzo del otro año”, advirtió De la Calle en medio de los debates para la refrendación del acuerdo.

El jefe negociador se refería a que el trámite de leyes y enmiendas a la Carta Política por la vía ordinaria obligaría a cumplir una serie de pasos que podrían retrasar la implementación del acuerdo hasta finales del próximo año, cuando el país político tendrá su atención puesta en las elecciones del 2018.

Si las iniciativas que harán realidad el acuerdo se tienen que tramitar con el procedimiento ordinario, los proyectos de ley tendrían que superar cuatro debates (dos en Senado y dos en Cámara), y las reformas a la Constitución, ocho, en dos vueltas.

Una herramienta a la que el Gobierno podría acudir para tramitar de manera expedita los proyectos de ley sería el mensaje de urgencia, el cual permitiría debatirlos y votarlos en sesiones extras, las cuales podrían comenzar en enero del próximo año.

El mensaje de urgencia también permite que las comisiones respectivas de Senado y Cámara sesionen de manera conjunta y las plenarias lo hagan de manera paralela, por lo que una ley podría salir del Congreso en alrededor de un mes.

El lío, como lo advirtió De la Calle, estaría con las reformas a la Constitución, las cuales no tienen ninguna de las anteriores prerrogativas y solamente podrían ser presentadas en marzo del próximo año, cuando comiencen las sesiones ordinarias del Legislativo.

Por tener que superar ocho debates en dos vueltas, la norma obligaría a que este tipo de proyectos tomen hasta diciembre del 2017, cuando los congresistas y los partidos estarán concentrados en las jornadas electorales del 2018.

Se espera que para ese momento, la campaña electoral esté en plena marcha y varios congresistas, seguramente, estén más interesados en su reelección y en la elección de su candidato a la presidencia que en tramitar las normas para la paz.

Para Camilo González Posso, director de Indepaz, si no hay ‘fast track’, se quedaría “por fuera” al menos “el cuarenta por ciento” de las normas, especialmente “lo que son reformas constitucionales”.

“Quedaríamos en la incertidumbre sobre muchos temas que tendrían que ser abordados por el Congreso, en un año electoral y de elección presidencial. No creo que sea el fin del mundo, pero sí sería una dificultad”, afirmó el experto.

El balón, en todo caso, sigue en el campo de la Corte Constitucional, la cual se espera que tome una decisión en los próximos días sobre la vía para implementar el acuerdo, un asunto vital para la solidez del proceso de paz con las Farc.

Seguridad jurídica para guerrilleros rasos: otro reto

El proceso de paz también se enfrenta al desafío de darles seguridad jurídica –cuanto antes– a los miembros rasos de la guerrilla.

Y para ello hay dos soluciones a la vista: un paquete de indultos y la aprobación de una ley de amnistía que deberá tramitar el Congreso.

La primera de estas medidas ya fue anunciada por el Gobierno para implementarla cuanto antes.

La idea, según las mismas Farc, es que sean indultados al menos unos 400 guerrilleros, la mayoría de ellos hoy presos.

El indulto se dictará a la luz de la Ley 418 de 1997 (orden público), que le permite al Ejecutivo mediante decreto perdonar de manera individual a guerrilleros que estén inmersos en el delito político y los conexos contemplados en la normativa actual.

La idea es que esto se entienda como un mensaje político al permitirles a los guerrilleros encarcelados salir de la prisión para participar en la pedagogía de paz.

El indulto es un perdón que exime de la pena al condenado o procesado.

En lo relacionado con la amnistía, el Gobierno anunció que esta semana, probablemente mañana, radicará en el Congreso el proyecto para amnistiar a los guerrilleros rasos que no hayan cometido delitos de guerra o de lesa humanidad.

El proyecto, que ya está contenido en el acuerdo de La Habana, contempla, en 59 artículos, que la amnistía será un mecanismo de “extinción de la acción penal, administrativa y fiscal, cuya finalidad es otorgar seguridad jurídica a los integrantes de las Farc o a personas acusadas de serlo”.

En la iniciativa se amplían las conexidades con el delito político, como concierto para delinquir, tenencia de armas, constreñimiento para delinquir, injuria y calumnia, y amenazas, entre otras.

El desarme

La amnistía y el indulto son requisitos necesarios para blindar y garantizar la desmovilización y el desarme de las Farc.

Según el itinerario establecido, en cinco meses las Farc dejarán de existir como grupo armado. No tendrán ni una sola bala en su poder.

Según el itinerario acordado, este martes debe comenzar el traslado de los guerrilleros a las zonas de concentración.

Y la dejación de las armas se hará por fases: en tres meses debe haberse recogido el 30 por ciento de las armas; en cuatro meses, otro 30 por ciento, y dentro de cinco meses, en mayo del 2017, el 40 por ciento restante.

POLÍTICA

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